VALORACIÓN DE LA PRUEBA EN EL PROCESO PENAL


¿En qué consiste la valoración de la prueba en proceso penal?  ¿Quién resulta competente para hacerla?  ¿Qué consecuencias tiene dicha valoración por el Tribunal sentenciador en cuanto a alzarse contra ella en ulteriores instancias?  Estas son las preguntas que debemos hacernos, y tras este artículo, espero, sepamos responder con solvencia.

Es constante pacífica y sobradamente conocida, pero también necesaria recordar de cuando en cuando.  Es tan de sobra conocida en los usos forenses de la jurisdicción penal, que incluir en el informe una versión que se extienda más allá de la mera mención esquemática, entra dentro del ámbito del estereotipo claro del “abogado PELMA“, que no es raro, ver que provoca en una actividad anticipadora del Juzgador, la no habitual limitación del tiempo para informar, más frecuente en la Jurisdicción civil.   Es requisito sine qua non conocer perfectamente, pues su uso es habitual.  Su mención extensa, viste al informe, de una especie de “clase magistral” de obviedades, que deberíamos  asumir conocidas.  Ello denota, que nada tendrá que decir, quien divague enumerándolos, en vez de aprovechar tan preciada atención en otras razones de más peso.  No soy capaz de exponerla en sala sin sentir la sensación de estar cantando el estribillo de tan pegadiza canción doctrinal.  Y llego al final a sentir que extenderme más sería incluso desagradable para el auditorio.  No olvidemos que Su Señoría es en puridad, y dicho en sentido técnico jurídico: un “experto en derecho”, una suerte de jurisperito, tal y como reza el aforismo iura novit curia.

El blog del compañero Jose Martín garcía del que dejo enlace, y del que rescatado con la cómoda técnica del corta/pega lo que la Doctrina recogida en la Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de abril de 1992 y 7 de julio de 1994, recoge en el sentido de la metodología que deberá guiar al Tribunal enjuiciador en la difícil labor encomendada de valorar libre y globalmente la prueba practicada con el principio de la inmediación que sitúa  a esta instancia a aquella más legitimada y capacitada para realizar la más cabal interpretación del elenco probatorio que se desarrolla en el plenario.  En éste sentido y siendo simplemente unos parámetros que ayuden al Juzgador a llevar a cabo su labor de acuerdo con lo que establece el artículo 741 LECr. y que son de aplicación en cualquier caso, pues son criterios adecuados para la adopción de un juicio de valor adecuado al equilibrio que la labor jurisdicción en general se exige, siendo más especial en la causas criminales. Pero lo cierto es que estos criterios tienen su génesis en la Doctrina del TS dictada al objeto de impedir los ámbitos de impunidad que impedirían una condena en los casos excepcionales de delitos contra la libertad sexual, que la práctica lleva a su comisión en un ámbito de especial intimidad que la mayoría de ocasiones circunscriban la prueba a la testifical de la denunciante víctima como única incriminatoria y de cargo sin que ello conlleve la situación de indefensión para el acusado que impida la tutela judicial en general y en concreto el respeto del principio de presunción de inocencia como base del sistema penal acusatorio formal.

http://abogadomartin.es/la-prueba/

Esa metodología que la Jurisprudencia no impone como un requisito sine qua non para desvirtuar la presunción de inocencia, sino que permiten una interpretación más flexible, en la que simplemente se exhorta al Juzgador a tenerlos en cuenta.  De esta forma, la no concurrencia de uno de ellos, o más, no implica per se motivo para considerar que la Sentencia, al desmarcarse del camino marcado por el TS (para ayudar la labor del Juzgador de instancia), supone que no haya valorado adecuadamente las circunstancias concurrentes con equidad y equilibrio, y con la exigencia de dejar constancia expresa del razonamiento, a fin de garantizar la labor del Tribunal superior en su labor de control.  Debemos partir de la exigencia imperativa de que la prueba única de la testifical de la víctima sólo se puede recurrir en los casos excepcionales en las que resulta ser la  única, y NUNCA como maquinación consciente de la acusación para minorar la posibilidad de que la defensa pueda correctamente defenderse de la acusación.  De otra manera, acabaría celebrándose siempre como única, dado que así se previene la acusación de inconsistencias que puedan minar la credibilidad de una declaración, al imposibilitar poner en relación diferentes testimonios para persuadir una falta de consistencia en la acusación.  Son tres los puntos en los que la valoración debe tener en cuenta:

1.- Ausencia de incredibilidad subjetiva, derivada de las relaciones acusador/acusado que pudieran conducir a la deducción de la existencia de un móvil de resentimiento, enemistad, venganza, enfrentamiento, interés o de cualquier índole que prive a la declaración de la aptitud necesaria para generar certidumbre.  En la práctica no es fácil que el Tribunal considere prácticamente ninguna relación de enemistad como motivadora de dicha incredibilidad, salvo en casos especialmente obscenos.  Si bien es cierto, que la existencia de enemistad manifiesta no supone en todo caso que la declaración de la víctima no sea veraz, dado que la aplicación automática de esta postura sic et simpliter  llevaría a una especie de impunidad respecto de este tipo de personas, que la mente perversa podría usar en fomento de actitudes delictivas.  Sin embargo, quizás sea mi impresión personal, pero es más frecuente encontrarme con Sentencias que, como es cuestión de pura credibilidad, exponen que aún así la declaración ha conseguido persuadirles, y dictan en sentido condenatorio, sentido que ahí sí, es más frecuente que Sus Señorías tiendan a doblar la vara de la Justicia.

2.- Verosimilitud, es decir constatación de la concurrencia de corroboraciones periféricas de carácter objetivo, que avalen lo que no es propiamente un testimonio, declaración de conocimiento prestada por una persona ajena al proceso- sino una declaración de parte, en cuanto que la víctima puede personarse como parte acusadora particular o perjudicada civilmente en el procedimiento (artículos 109 y 110 Ley procesal penal); en definitiva es fundamental la constatación objetiva de la existencia del hecho.  Centrarse sobre todo en la pregunta: ¿me creo que el hecho haya tenido lugar, o no?  Excluyendo también sólo dudas de intensidad más que moderada, de que incluso el hecho haya podido tener lugar, por algún hecho objetivo que lo imposibilita.

3.- Persistencia en la incriminación: ésta debe ser prolongada en el tiempo, plural, sin ambigüedades ni contradicciones, pues constituyendo la única prueba enfrentada a la negativa del acusado, que proclama su inocencia, prácticamente la única posibilidad de evitar la indefensión de éste es permitirle que cuestione eficazmente dicha declaración, poniendo de relieve aquellas contradicciones que señalen su inveracidad. Sentencias del Tribunal Supremo, entre otras, de 28 de Septiembre de 1988, 26 de Mayo y 5 de Junio de 1992,8 de Noviembre de 1994, 27 de Abril y 11 de Octubre de 1995, 3 y 15 de Abril de 1996, 16 Febrero 1.998, 8 Junio 1.998 y 20 Octubre 1.999-. El testimonio de la víctima de un delito tiene aptitud y suficiencia para enervar el Principio de Presunción de Inocencia siempre y cuando no existan razones objetivas que invalide en sus afirmaciones o provoquen dudas en el juzgador y le impidan formar su convicción, incluido el aspecto de credibilidad cuya valoración corresponde al Tribunal de instancia (Sentencias de 5 de marzo y 14 de mayo de 1994 y 22 de marzo de 1995).  Este análisis no es para nada determinante, dado que quien miente, siempre lo hace aplicando la técnica más extendida: la persistencia.  Incluso, mintiendo “descaradamente” en actitud evidentemente obscena, que mantiene hasta después de la Sentencia.  Es más, precisamente la existencia de cierta inconsistencia y errores no sustanciales del declarante son parámetros que dan credibilidad a la versión, siendo que es altamente sospechosa la declaración perfecta, pues denota claramente que está preparada.  Sin embargo, la declaración veraz también se presenta a veces excesivamente preparada, por exigirlo el estilo de determinados abogados, y no significa per se que no sea veraz.

Fuera del ámbito del Juzgador de Instancia, finalizado el acto plenario, seguir centrarse en la valoración de la prueba resulta inoperante.  La estrategia cambia radicalmente al entrar en juego la Segunda Instancia y/o el cauce casacional.

En síntesis, esta Jurisprudencia no es, ni mucho menos, susceptible de esgrimir la defensa técnica más allá del ámbito del Tribunal enjuiciador a quo, y cuyo contenido no es susceptible de ser alegado como motivo de recurso, por el hecho mismo de que el TS ha reiterado en diversas ocasiones que debe mirarse como una herramienta que ayude a adoptar la decisión, y desde un punto de vista absolutamente flexible, sin perjuicio de un sistema superior que al Tribunal de Instancia pueda en un brillante descubrimiento aportar, en pro de una mejor adecuación de la siempre complicada labor Jurisdiccional.  NO tiene sentido como motivo de un Recurso de apelación o de Casación. carece de virtualidad real salvo en los casos en los que se ataque, o bien que no se manifiesta de forma expresa el deber de motivar mediante la expresa exteriorización de la convicción judicial; o bien que el razonamiento no respete las normas de la lógica o que pueda ser tachado como claramente irrazonable o imposible, esto es: un control de no arbitrariedad.  En estos dos casos la alegación que se está haciendo técnicamente es la del cauce casacional del artículo 852 LECr por vulneración de precepto constitucional del artículo 24.1 CE de Tutela Judicial efectiva.  Igualmente es correcto en buena técnica jurídica el cauce del artículo 849.1 LECr, a través del error iuris, dado que la vulneración de dicho precepto constituye en definitiva una norma sustantiva.  En apelación todos los motivos están en el mismo artículo 790 LECr.  Igualmente es totalmente inadecuado motivar un recurso invocando el principio in dubio pro reo.  Denota que desde la Universidad al Juzgado no se ha progresado NADA, dado que sólo prosperaría si el Juzgador en la propia Sentencia dictara un sentido condenatorio he indicara expresamente que cuenta con dudas reales y razonables, y que en vez de optar por la natural solución de resolver favor rei lo decide hacer en el sentido contrario a los intereses del acusado.

La doctrina del TEDH y del TC hace suya, impide que los Tribunales superiores que no gozaron de la inmediación en la práctica de la prueba entren a valorar en contra del criterio libre del Tribunal enjuiciador que percibió por sí mismo la práctica de la prueba y que gozó de la posición de privilegio para la correcta y adecuada interpretación de toda la prueba.  En este caso, sin embargo, sí que tiene toda la fuerza la alegación contra una Sentencia de 2ª instancia y/o casación que entre a valorar una prueba de la que no gozó de la inmediación, salvo en los casos excepcionales en los que su interpretación sea puramente objetiva, de tipo documental, con otros los requisitos de no contar con prueba en contrario del hecho que se pretende declarar probado en un Tribunal superior que no percibió la totalidad de la prueba en el plenario.  La Sentencia del TC 167/2002 es asignatura pendiente antes de salir del despacho hacia el Juzgado.  Ni ha hacer fotocopias deberían autorizar a quien no se sepa de memoria lo que dicha jurisprudencia sienta, al asumir la doctrina del TEDH. [no es broma, pero aún se ve, y sorprende que se vean más que OVNIs] 🙂

Sentencia del TS de 10 de abril de 1992 señala literalmente que el motivo por el que excepcionalmente se permite considerar legitimante desvirtuada la presunción iuris tantum de inocencia: “A estos efectos es legítimo que el juzgador valore en el conjunto probatorio las pruebas indiciariasen concatenación lógica, apoyadas en las directas mínimas, motivándolo conforme a criterios razonables (sentencias Trib. Const. 174/85 y 22-12-86 y Trib. Supr. 28-4-86, 6-5-87 y 6-4-88 entre otras). Y, tratándose de delito contra la libertad sexual y el pudor personal, es legítimo asimismo tener en cuenta la versión de la denunciante porque siendo connatural a ese delito la privacídad de su ejecución, el veto absoluto a ese testimonio conduciría a generalizar la impunidad de tales actuaciones (ad exemplum sentencia de esta Sala de 20-10-89).  Finalmente la prueba diferencial de primer grado tiene valor confirmativo (ejs. Sentencias Trib. Const. 217/89 y de esta Sala de 13-12-90)”.

Estamos por tanto en el ámbito de la credibilidad por parte del Juzgador, y por tanto necesitamos centrarnos en persuadir al Juzgador como enfoque técnico de defensa.  Algo en la práctica resulta ¡MUY DIFÍCIL!

En el precioso pueblo de Getaria a 5 de julio de 2015, desde mi veraneo discontinuo de fin de semana.

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3 comentarios sobre “VALORACIÓN DE LA PRUEBA EN EL PROCESO PENAL

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