ART. 324 LECr. LÍMITE TEMPORAL DE LA INSTRUCCIÓN


LO QUE DICE LA LEY

Art. 324 LECr.

1.La investigación judicial se desarrollará en un plazo máximo de doce meses desde la incoación de la causa.

Si, con anterioridad a a la finalización de parte, oídas las partes podrá acordar prórrogas sucesivas por periodos iguales o inferiores a seis meses.

Las prórrogas se adoptarán mediante auto donde se expondrán razonadamente las causas que han impedido finalizar la investigación en plazo, así como las concretas diligencias que es necesario practicar y su relevancia para la investigación.  En su caso, la denegación de la prórroga también se acordará mediante resolución motivada.

2. Las diligencias de investigación acordados con anterioridad al transcurso del plazo […], aunque se reciban tras la expiración del mismo.

3. Si, antes de la finalización del plazo […], el instructor no hubiere dictado la resolución a la que hace referencia el apartado 1, o bien esta fuera revocada por vía de recurso, no serán válidas las diligencias acordadas a partir de dicha fecha.

4. El juez concluirá la instrucción cuando entienda que ha cumplido su finalidad.  Transcurrido el plazo máximo […], el instructor dictará auto de conclusión del sumario o, en el procedimiento abreviado, la resolución que proceda.

CONSECUENCIAS: DOCTRINA DE LA SALA II

Tomando como referencia la reciente Sentencia del Tribunal Supremo (Sala II) 738/2022 (pon. Excmo. Antonio del Moral García) de 19 de julio que refleja la doctrina del alto tribunal, se señala como punto de partida un concepto importante a tener en cuenta: no toda infracción procesal tiene relevancia constitucional.  De tal manera, que no toda infracción de la ley procesal conllevaría la nulidad radical; sino que el TC exige para que la infracción procesal caiga herida de muerte, que además de existir una infracción de un precepto legal, exista indefensión material de quien alegue dicha infracción.  Dicha indefensión no cabe ser alegada formalmente, como algo automático, sino que debe traducirse en una verdadera merma de la capacidad de defensa de la parte quejosa.

El simple transcurso del plazo señalado legalmente, no supone, sin más, sic et simpliter, el archivo de las actuaciones, como una suerte de caducidad automática de la acción penal.  De tal manera que uno, se libra, si tiene la suerte de que la instrucción se extralimita en el plazo marcado por la Ley.  Sencillamente, porque esto conllevaría una evidente injusticia, que dejaría impunes determinados hechos, sin que exista causa justa que atribuya dicha “suerte”; que normalmente, suele tener la cruz, en las personas de las víctimas del delito, que verían injustamente, y sin culpa ninguna, que los autores del presunto delito quedan libres, por el mal hacer del Juzgado.

La consecuencia que impone la ley en el propio precepto es: que a la terminación del plazo, se le impone al juez la obligación de dictar la resolución que proceda al amparo del artículo 779 LECr en el procedimiento abreviado; y la finalización del sumario, en el procedimiento ordinario.  Eso sí, si en dicho momento, se estimara insuficiente para dotar de suficiente sostén indiciario a la imputación, procederá entonces el sobreseimiento de las actuaciones, de conformidad con el artículo 641 LECr. “por no quedar suficientemente acreditados la perpetración del delito que haya dado motivo a la formación de la causa”.

La naturaleza jurídica de dicha obligación reside en el hecho de que, el trascurso del plazo legalmente fijado, priva de título competencial al juez de instrucción para ordenar diligencias de investigación novedosas.  Vamos, que el juez instructor, pierde la competencia para acordar tales diligencias, y por tanto, resultando ilícitas las diligencias acordadas por el Juez que, ya no es competente.  La consecuencia, según el artículo 324.3 LECr. sanción de anulación de dichas diligencias (STS 455/2021, de 27 de mayo).

LAS CONSECUENCIAS GENERALES DE LA PRÁCTICA INTEMPESTIVA DE DILIGENCIAS INSTRUCTORAS

Se prohíbe el uso y utilización de dichas ilegales diligencias para la toma de decisión que le corresponde al Juez en este momento: el dictado de la resolución de continuación del procedimiento; o el sobreseimiento y archivo de las actuaciones.  Deberá decidir si, hay suficiente material como para continuar el procedimiento adelante, o si por el contrario, no subsiste el hecho, o la participación a título de autor o cómplice, de los investigados.

El Juez no podrá basar su decisión en datos obtenidos con diligencias realizadas extemporáneamente.  En caso de hacerlo, sería dicha decisión objeto de un próspero recurso de impugnación, que reclamaría la nulidad del mismo, para que el Juez instructor dictara nueva resolución, esta vez sí, con el material legalmente permitido y legítimamente obtenido dentro de los plazos que el precepto legal establece.

Imagen obtenida del programa Radio 5 de RTVE de 28/1/2021 titulado: Máster en Justicia.

¿CÓMO AFECTA LA SANCIÓN DE ANULABILIDAD SI SE ACUERDA LA PROSECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO?

La intempestividad de las diligencias, no contamina de ilicitud constitucional las informaciones o datos obtenidos de su práctica.  No se apareja a la información obtenida de tan irregular manera, el vicio de nulidad radical, con los efectos del artículo 11 LOPJ, como si de una infracción de precepto constitucional se tratara.  Sencillamente, se excluye la validad de dicha diligencia, pero se posibilita, la proposición y práctica de pruebas para la fase plenaria, de conformidad con los datos e informaciones conocidos por dichas diligencias.  No queda herida la información obtenida con aplicación de la teoría del fruto del árbol envenenado.  Y de esta forma, las partes interesadas, podrán interesar la práctica de las diligencias que tengan por conveniente, al objeto de su constitución como prueba válida, de cargo, o de descargo, perfectamente válida para ser tenida en cuenta por el tribunal enjuiciador para el dictado de la sentencia de instancia.

CONCLUSIÓN: CONSIDERACIONES PERSONALES

Al final, parece una especie de quiero y no puedo.  Parece que la extemporaneidad tiene consecuencias graves, y relevantes para el procedimiento, pero podemos advertir que no tanto como parece.  ¿Por qué?  Sencillamente, porque la trasnochada idea del legislador al establecer en su día este precepto de límite temporal de la instrucción, nunca ha tenido ni pies ni cabeza, más allá de la legítima, como deseable, idea de promover una justicia sin dilaciones indebidas que, muchas veces, hacen que la decisión final recogida en la Sentencia, no sea en realidad: ¡Justicia!

En la ciudad de Vitoria-Gasteiz a 17 de septiembre de 2022.

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