PRESUNCIÓN INOCENCIA: CONTROL EN CASACIÓN


En este artículo eminentemente procesal, nos centramos en el contenido y objeto de alegar vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia, cuando lo hacemos en sede casacional.  Obviamente, en sede de apelación este motivo tiene una extensión más considerable.  Para ello, nombraré por poner un ejemplo actual la Sentencia del Tribunal Supremo Sala II 414/2022, de 28 de abril (Pon. Excmo. Sr. Manuel Marchena Gómez) que, entre una infinidad de ellas, mantienen una misma interpretación que debemos conocer al formular un recurso de casación por este motivo.

El control que corresponde a la Sala II del Tribunal Supremo, cuando resuelve un recurso de casación, ante la alegación de haberse vulneración el derecho a la presunción de inocencia, se materializa, en cuatro puntos:

1.- Si el Tribunal de apelación, al examinar en segunda instancia la sentencia de la Audiencia Provincial se ha mantenido dentro de los límites de revisión que le corresponden.  Esto es, que no se ha excedido extramuros del control que como tribunal de apelación le es propio;

2.- Si el Tribunal de apelación, ha aplicado correctamente la doctrina de la Sala II y del Tribunal Constitucional sobre la necesidad de motivar la valoración de la prueba, tanto al resolver sobre la queja de falta de motivación, como en su caso, como al fundamentar sus propias decisiones;

3.- Si ha respetado la jurisprudencia del TS y del TC en relación a las garantías y reglas relativas a la obtención y práctica de pruebas, con objeto de observar su validad y licitud para operar como prueba de cargo.

4.- Si el Tribunal de apelación ha resuelto las alegaciones del recurrente sobre la existencia de prueba de forma racional, es decir, con sujeción a las reglas de la lógica, a las máximas de experiencia y a los conocimientos científicos.

Un apunte de vital importancia, que debemos añadir como necesario para embarcarse en la difícil labor de formular un recurso de casación; y que, a través de la lectura del repertorio de jurisprudencia del TS, podemos apreciar que es algo totalmente desconocido por tantos y tantos letrados que suscriben recursos de esta índole e importancia:

La Sentencia que se recurre en casación es la Sentencia dictada por el Tribunal de apelación, y no la Sentencia dictada en instancia.  Como norma general los recursos de apelación los resuelve la Sala de lo Civil-Penal de los Tribunales Superiores de Justicia.  Es a esta sentencia a la que debemos referirnos.  A sus pronunciamientos, no a los de la Sentencia de la Audiencia Provincial, como si el Tribunal de apelación no hubiera existido.

Este motivo de recurso fundado en la vulneración del artículo 24.2 CE es, sin duda, el más utilizado en fase de recurso por los recurrentes que han sido condenados en una causa criminal.  Y es que, este motivo permite, en una segunda instancia, ante el Tribunal de apelación, una revisión íntegra de la sentencia en cuanto a la existencia de prueba válida para desvirtuar dicho principio; pero, además permite analizar la suficiencia de dichas pruebas; así como la razonabilidad de la argumentación en que se asienta una sentencia condenatoria.  Sin embargo, este análisis integral de una sentencia por el tribunal superior, que ha venido hasta ahora haciéndose por la Sala II a través del recurso de casación.  Esta labor, ajena a un tribunal de casación, venía asumida para amortiguar la carencia estructural del proceso penal de única instancia que ha existido en España, que impedía el cumplimiento de diversos tratados internacionales entre los que resulta el más relevante el artículo 14.5 del Pacto Internacional de derechos civiles y políticos, que establecía una exigencia de mínimos: “Toda persona condenada en una causa criminal tendrá derecho a que la resolución condenatoria sea revisada por un Tribunal superior”.  Con la reforma del 2015 se instauró por fin en nuestra legislación procesal el principio general de doble instancia penal.  Ello llevó al Tribunal Supremo, a una devolución de dicha función revisora a los tribunales de apelación, estrechando de esta manera el objeto de control por el Tribunal de casación cuando se alega este motivo de recurso.

Lo cierto es que no resultó algo tan novedoso, dado que existía ya unos casos en los que ya se venía funcionando con estos nuevos criterios que iba a adoptar: los recursos de delitos enjuiciados de acuerdo con el procedimiento de la ley del jurado.  Éste, procedimiento sí contemplaba, desde su instauración, en 1995, la doble instancia penal.  Por ello, el Tribunal Supremo vio la necesidad de centrar sus funciones en el objeto que por naturaleza le corresponde resolver a un tribunal de casación.  En constante y pacífica jurisprudencia, el Alto tribunal ha mantenido el mismo criterio, que debe ser sabido, a los efectos de diseñar una adecuada estrategia, por quien se enfrenta a la formalización de un recurso de casación.

En la ciudad de Vitoria-Gasteiz a 23 de junio de 2022.

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