LA RESPONSABILIDAD CIVIL POR DELITO: PRESCRIPCIÓN


         La reciente Sentencia del Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo 607/2020, de 13 de noviembre (pon. Excmo. Sr. Eduardo de Porres Ortiz de Urbina) fija doctrina en relación a la prescriptibilidad de la responsabilidad civil derivada de la comisión de delitos al amparo del artículo 116 CP y siguientes.

         Antes de la resolución que analizamos, venía siendo un criterio jurisprudencial no discutido que, si una ejecutoria se paralizaba durante 15 años, la acción para reclamar el cumplimiento de los pronunciamientos civiles de la sentencia prescribía por aplicación de los artículos 1964 y 1971 del Código Civil.

         Ha habido desde aquel entonces reformas legislativas en relación al artículo 518 LEC, que introdujo a través de la Ley 1/2000, de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil, que introdujo un novedoso plazo de 5 años en el proceso de ejecución.  Asimismo, la Ley 42/2015, de 5 de octubre ha acortado el plazo general de prescripción del artículo 1964 Cc, bajando de los 15 años la prescripción de las acciones personales generales, a un plazo de 5 años.

         El artículo 118 CE dispone que Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales.  Del mismo modo el artículo 18.2 LOPJ dispone que Las sentencias se ejecutarán en sus propios términos.  De esta manera, resulta común a todas las sentencias judiciales, que deben cumplirse tal y como se señale en la propia resolución.  Sin embargo, a partir de esta característica común a todas las jurisdicciones, debe diferenciarse las sentencias de los órdenes civil y penal, de acuerdo con los intereses diferentes que protegen en cada caso.

         En las sentencias penales la protección de la víctima del delito determina una exigencia de tutela muy singular, lo que explica que se atribuya al órgano judicial el impulso y la iniciativa de la ejecución, incluso de sus pronunciamientos civiles.  Es por ello que la Sala Segunda considera que deberán interpretarse las normas reguladoras del proceso de ejecución de las sentencias de este orden jurisdiccional deba realizarse en el sentido más favorable a la plena efectividad de la resolución.  De esta forma, por el interés especial que merece el cumplimiento de los pronunciamientos recogidos en las sentencias penales, de forma que únicamente puedan establecerse los límites expresamente fijados y recogidos por la Ley, y, en cualquier caso, debiendo éstos interpretarse de forma restrictiva.  Es doctrina del Alto tribunal que tanto la caducidad como la prescripción, sean instituciones que no responden a razones de estricta justicia, sino en criterios de seguridad jurídica anclados en la presunción de abandono de un derecho por parte de su titular.

         El artículo 984.3 LECr señala que, Para la ejecución de la sentencia, en cuanto se refiere a la reparación del daño causado e indemnización de perjuicios, se aplicarán las disposiciones establecidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil, si bien será en todo caso promovida de oficio por el Juez que la dictó.

         Precisamente esta especialidad propia de la ejecución de sentencias penales, que supone el impulso de oficio de la ejecución; supone una diferencia relevante en relación a las ejecución de las sentencias del orden civil, en el que es la parte ejecutante a quien corresponde el impulso de la ejecución, de forma que en caso de inacción de la parte ejecutante supone una especie de renuncia voluntaria por ésta a que dicha ejecución se complete en los términos establecidos por la sentencia que se ejecuta, pudiendo paralizarse la ejecución a voluntad en cualquier momento hasta la total ejecución del fallo.  En el caso de las sentencias penales, el impulso de la ejecución corresponde al órgano judicial, quien deberá cumplirla en los términos que la misma señale, sin más limitación que la imposibilidad de llevarse a cabo por cuestiones ajenas a la voluntad de las partes.  De esta manera, el trascurso de un plazo que supusiera la caducidad o prescripción de la ejecución de cualquier pronunciamiento de las sentencias penales, incluidos los de contenido civil; no se produce por una dejación o abandono de la voluntad de las partes en el completo cumplimiento de los pronunciamientos de la sentencia, sino como consecuencia de la actuación del órgano judicial a quien se encomienda la responsabilidad de la ejecución.  Por tanto, la Sala Segunda considera que no existen motivos que justifiquen la caducidad o prescripción de la ejecución en sus pronunciamientos civiles, por considerar que no cabría en este caso considerar que la paralización de la ejecución de la sentencia no puede entenderse como un abandono por la parte beneficiaria, y, en consecuencia, no tiene razón de ser el reconocimiento de un nuevo plazo prescriptivo a partir de la firmeza de la sentencia.

         En conclusión, el Pleno de la Sala Segunda fija doctrina en cuanto a que, una vez declarada la firmeza de la sentencia, la ejecución de sus pronunciamientos civiles puede continuar hasta la completa satisfacción del acreedor, según previene el artículo 570 LEC, sino que le sea de aplicación ni la prescripción ni la caducidad.  Por tanto, no prescribe ni caduca nunca.

       Se dicta un voto particular por el Excmo. Sr. Andrés Martínez Arrieta, que señala la disensión con la decisión adoptada por la mayoría de la Sala, considerando que no es razonable que no prescriba nunca el crédito de la ejecutoria civil, y en ese sentido, señala que a su parecer, extinguida la responsabilidad penal, por cualquiera de las causas penales del artículo 130 CP, la excepción del artículo 948.3 LECr, deja de desarrollar su contenido específico y retoma eficacia normativa la remisión a la Ley de Enjuiciamiento Civil que contiene las previsiones sobre prescripción y caducidad.  De esa manera entiende que el crédito de la ejecutoria civil prescribe tras el trascurso del plazo señalado en la ley, que comienza a computarse desde la extinción de la responsabilidad penal por las causas previstas en el artículo 130 CP.

         En la ciudad de Vitoria-Gasteiz a 18 de diciembre de 2020.

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