ESTADO DE ALARMA: PRÓRROGA: LÍMITE TEMPORAL: Art 116.2 CE


Comenzaremos tomándonos a risa la última propuesta del Presidente del Gobierno, Excmo. Sr. Pedro Sánchez, lanzando una cuestión: ¿El Gobierno pretende aprobar vía Decreto la creación de un nuevo mes entre los tradicionales de mayo y junio de quince días de duración?

La pregunta, con marcado animus jocandi propio del denominado “humor absurdo”, surge a la genial -en su acepción 4ª de la RAE- propuesta del Sr. Presidente, de prorrogar nuevamente el estado de alarma pero en por un plazo distinto a los clásicos 15 días de duración de la inicial y sucesivas prórrogas del mismo.

Dejo enlace de la noticia recogida en El Mundo del martes 12 de mayo de 2020, para saber concretamente a qué me estoy refiriendo con este breve artículo ¿de opinión? Que se titula: “El Gobierno contempla pedir un mes de prórroga para el estado de alarma”.  Parece ser que la idea no surge ¿o sí? de la inventiva del Sr. Presidente, sino de la Vicepresidenta 1ª, la Sra. Calvo.

https://www.elmundo.es/espana/2020/05/12/5ebae6dafc6c8321368b4755.html

Sorprende, que, siendo conocido por cualquiera que haya navegado mínimamente por alguna de las redes sociales de internet, que existe a día de hoy aún, una polémica cuestión sobre la inconstitucionalidad de la declaración del estado de alarma y sus sucesivas prórrogas, con ocasión de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19, en relación a la elección de dicho tipo de estado de entre las tres posibilidades que establece la Constitución (alarma, excepción y sitio).  Alegan las tesis críticas con el Gobierno que, por diversos motivos, entre los que el más sólido, jurídicamente hablando, es el que afirma que ha existido en la regulación de los sucesivos Decretos aprobados, una supuesta suspensión, bien de forma directa, bien de forma encubierta -sostienen otros-, de determinados derechos fundamentales.  Es sabido, y no se discute que, como se desprende del artículo 55 CE a sensu contrario, sólo pueden ser suspendidos cuando se declaren los estados de excepción, o de sitio, y que correcto hubiera sido elegir de entre los tres estados de emergencia previstos en el artículo 116, el estado de excepción.

Bueno, pues así las cosas, no se me ocurre en qué cabeza cabe soltar la “ingeniosa” idea de pretender que la próxima prórroga, la quinta, hacerlo por un periodo de tiempo distinto a las anteriores declaraciones, que tenían la vigencia máxima permitida por la Constitución de quince días.  Cuando escuché eso pensé: ¿considerarán que será bastante con una prórroga, en esta ocasión, de sólo una semana, en lugar de las dos semanas de todas las anteriores?  Sencillamente pensé así porque cuando uno se ve encorsetado en las ideas que se le ocurren, cuando, como es mi caso, conoce el artículo 116.2 CE, que dice literalmente:

“2. El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración”.

 

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Ahora que parece que empiezan a haber mascarillas para todos, también parece que conseguir los apoyos necesarios para la aprobación de las prórrogas del estado de alarma le van a salir al Gobierno “más carillas”

 

No estaba dentro de mi “radar” la forma en la que concluía la frase, que afirmaba que en esta ocasión el Gobierno estaba sondeando la posibilidad de aprobar una nueva prórroga por un tiempo distinto, de ¡UN MES!  Desde luego, de la lectura de la Constitución, a mi, confieso, no se me hubiera ocurrido nunca la posibilidad de que un mes pudiera tener una extensión capaz de entrar en un máximo de quince días.  Cualquier mente no está preparada, ni tiene la capacidad suficiente de ocurrencia como para barajar dicha posibilidad.  Aun teniendo claro que conocía perfectamente el límite temporal que recoge el texto constitucional, y cuya interpretación no parece, a priori, que pueda presentar muchas dudas; evidentemente eché mano de la CE que tengo encima de mi escritorio siempre, para leer nuevamente el precepto, para comprobar si algo se me había escapado.  Sana costumbre, la de comprobar preceptos, en principio conocidos, cada vez que surge alguna duda, para evitar la mejor técnica del “metepatas”: la de dar por hecho.  Quizás en dicha dinámica caemos todos en una u otra ocasión, como parece que me pasó a mi.  Di por hecho que el Gobierno conocía el diáfano contenido del texto constitucional en ese sentido.  Parece que no lo conocen.  Como se suele sostener de quienes solemos tildar genéricamente de “locos”, normalmente su sorprendente suele conllevar la polarizada lectura de que: “o es más idiota del mundo, o es un auténtico genio”.   ¿Cuál de ellos será el de este caso?

Mirando lo declarado por el Gobierno -no recuerdo bien dónde- podría pretender mantener una tesis por la cual se interpreta el aparente sencillo párrafo segundo que arriba hemos podido leer, sosteniendo que el artículo 116.2 CE establece un límite temporal de un máximo de 15 días para la declaración inicial del estado de alarma, pero que en relación a las prórrogas de dicha declaración, no se establece expresamente límite temporal alguno.  Aunque no lo dicen, dicha tesis ampara con ese mismo fundamento, una prórroga de, por ejemplo, siete años.  Cualquiera me respondería que siete años no, porque es demasiado.  Pero le preguntaría cómo ha calculado la medida del “demasiado”.  Por supuesto, es de plena aplicación el principio de proporcionalidad, temporalidad, urgencia, idoneidad y necesidad, que son, principios fundamentales del derecho y de conste aplicación en la doctrina del TC.  Pero si puede prorrogarse por una duración de un mes, la pregunta sería, y ¿por qué no dos meses?  Dos es el doble de uno; y un mes (30 días) es en igual proporción, el doble de quince días.  Y recordemos que el precepto constitucional establece los quince días, como límite máximo, que obviamente puede y debe, ser más corto en caso de no ser absolutamente necesario.

Decir que para una prórroga la CE no establece plazo alguno, y sí lo hace para la declaración inicial, a qué criterio respondería.  ¿Por qué va la CE a establecer un límite temporal para la declaración inicial, y no hacerlo para la prórroga de la anterior?  ¿Cuándo se ha visto que una prórroga pase, de ser una continuación de aquello que prorroga, a protagonista principal sin directa relación de subordinación a aquello que es su causa u origen?  ¿Por qué la CE en relación al estado de excepción establece también un límite temporal, más largo de treinta días; y establece también, en este caso sí lo hace expresamente, un límite temporal de las prórrogas, que señala que será idéntico que la declaración inicial, y con el cumplimiento de idénticos requisitos, y formalidades?  Parece claro que la CE viene a decirnos que las prórrogas tienen idéntico fundamento que la declaración inicial, y por tanto, para dichas prórrogas establece idéntica regulación.  No parece dicha interpretación encajar con el espíritu del texto constitucional, ni se adecua a una interpretación del precepto en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas, como señala cómo debería hacerse la interpretación de las normas jurídicas ex artículo 3 del Código civil.

Bueno, pues la polémica ya está resuelta por el propio Tribunal Constitucional en su Auto del Pleno 7/2012, de 13 de enero, en su FJº 4º dice lo siguiente:

4. Sin duda eso es lo que ocurre con las autorizaciones del Congreso de los Diputados para prorrogar el estado de alarma, que el Gobierno puede declarar por un plazo máximo de quince días, y para que el Gobierno pueda declarar o prorrogar el de excepción, así como con la declaración por la propia Cámara, a propuesta del Gobierno, del estado de sitio, contempladas todas en el art. 116 CE, cuyas previsiones han sido desarrolladas por la Ley Orgánica 4/1981, de 4 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio.

Pretender entenderlo de manera distinta al que imponen incluso las reglas de la lógica nos permitiría afirmar lo que nos de la gana cuando nos dé la gana, simplemente porque ahora nos viene bien “decir diego, donde dije digo”.  O peor aún, mantener una interpretación absurdamente forzada por el hecho de que el día en que se fijó dicho criterio nos vino bien esa interpretación, en vez de la correcta.  Por supuesto, deberemos responder necesariamente a quién nos estamos refiriendo con “nos vino bien”.  ¿A quienes?  Y descubrimos siempre que la respuesta nunca es a la Sociedad, al Estado, o al interés general.  En este caso igual.  ¿A santo de qué vamos a cambiar el sistema que hasta ahora hemos venido utilizando?  Máxime cuando además, en esta última prórroga, el Gobierno, para sumar la mayoría necesaria se ha visto “forzado” a negociar con los demás grupos parlamentarios.  Como si eso fuera algo malo.  De hecho sí lo es.  El hecho de que hasta ahora el Gobierno haya actuado con total autonomía de voluntad, recibiendo el necesario apoyo mayoritario del Congreso de forma “regalada”.  Pues dicho esto, ya sé un motivo por el que interesaría la aprobación de una prórroga por el doble del tiempo del máximo previsto, y hasta ahora utilizado.  Evidentemente, de conseguir los apoyos necesarios, que obviamente necesitará nuevamente negociar, dado que no cuenta con la mayoría suficiente por sí mismo como para actuar de espaldas y ajeno al resto del arco parlamentario, y en definitiva, de la Sociedad misma; en lugar de someterse al control parlamentario y a la necesaria autorización parlamentaria de forma quincenal, si se establece de forma mensual, nos lleva a una sencilla ecuación: Doble de duración de la prórroga, mitad de control parlamentario.  En una actitud de “ordeno y mando”, que le ha servido demasiado tiempo, totalmente agotada, como la paciencia de quienes ha ignorado deliberadamente hasta ahora, la mayoría necesaria para obtener el respaldo del Congreso le va a exigir hacer su trabajo, y parece que eso no le gusta.

Y para terminar, cómo van a aprobar un Decreto que regule todo un mes, si la provisionalidad y la incertidumbre que existe en relación a cómo vayan sucediéndose los acontecimiento, exige que cada poco tiempo se establezca una nueva regulación, más adecuada a cada momento, y que es palmario, cambia día a día, mucho de semana a semana, y de una forma demasiado difícil de prever de quince en quince días.  ¿Qué hacemos si, por la circunstancias concretas derivadas de un repunte en los contagios, o cualquier otra, el Decreto mensual no resulta lo bastante idóneo a una situación que no se consiguió prever en su aprobación?  ¿Esperamos a que se cumpla el mes para hacer las correcciones que estamos acostumbrados a ver de un día para otro?  Siempre podremos dictar un Decreto dentro de ese mes, que modifique aquellos fallos contenidos en aquel Decreto mensual.  Debemos tener en cuenta, que todas las prórrogas, han recogido una regulación distinta, en mayor o menor medida, y no han sido simples prórrogas que se reducían a ampliar en quince días la regulación anterior de forma íntegra.  Eso es buena prueba de que no estamos hoy suficientemente preparados para aprobar normas que se deban de aplicar dentro de 25 días, con los cambios constantes que la la presente situación está teniendo.

Conclusión: que cada uno saque la que quiera.

En la ciudad de Vitoria-Gasteiz a 15 de mayo de 2020 confinado en mi despacho, escribiendo algo de interés temporalmente limitado, a no más de unos días desde su publicación.  Interés efímero.

P.D. Otro artículo que se sale del tema penal, pero que un instinto de conservación de mis amigos de Facebook me impide publicar en mi muro 😀

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