ESTADO DE ALARMA


Me salgo de lo penal y procesal, no porque no haya cosas que debatir al respecto con este mismo título, sino porque lo excepcional del Estado de Alarma me otorga esta relevancia jurídica, ajena al objet de este blog, que me permite tratar un tema distinto al procesal penal que suscite igual interés a los lectores más o menos fieles de lo que por aquí escribo.

La cuestión surge potente: ¿Es conforme a la CE la declaración del Estado de alarma y sus prórrogas? Las respuestas son una continuación de quienes plantean la cuestión, siempre con intención reivindicativa de una injusticia.  Es inconstitucional dicha declaración.  Todos los artículos que hasta hoy he leído sobre el tema hablan sobre lo mal que están hechas las cosas.  Ningún artículo habla sobre que la excepcional declaración de alarma sea conforme con las exigencias constitucionales.  Está claro que los aparatos de propaganda pro-gobierno, que todos sabemos que hay, no se han dignado a hablar sobre el tema.  Quizás por lo técnico del asunto.

Ante tanto alegato sobre la inconstitucionalidad de la adopción del Estado de alarma, no voy a ser yo quien defienda al Gobierno.  Intentaré abordar el asunto desde la defensa de la CE y la legalidad. Desde esa objetividad tan difícil de adoptar por todos.  Me incluyo.  Respondamos pues a la pregunta de si ¿es conforme a la CE la declaración del Estado de alarma?

La mayoría de voces en contra, son voces con sólido conocimiento jurídico, y cuya respuesta negativa a mi pregunta se asienta en motivos jurídicos que debemos analizar, y en su caso refutar si procede.  Responderé de forma genérica a los motivos más relevantes, y cuya fumus bonis iuris seduce al más proclive a las tesis del Gobierno.  Esa apariencia de buen derecho, y de buena argumentación es la que merece reflexión y estudio.  En principio la tesis mayoritaria que considera que el Estado de alarma es inconstitucional, se asienta en el hecho de que éste tiene como límite la suspensión de derechos fundamentales, que sólo pueden ser suspendidos, en situaciones de Estado de Excepción y de Sitio.  Por tanto, en lo básico, las más legítimas tesis contrarias a la constitucionalidad de la declaración de Alarma del Gobierno se sustentan en que dicho formato excepcional tiene como límite la no suspensión de derechos fundamentales.  Y además afirma que hay diversos derechos fundamentales que el Estado de Alarma ha suspendido.  Entre ellos, y sobre todo destaca el artículo 19 CE.  Este artículo señala un derecho fundamental que es propio de todos los que son Españoles, excluyendo del mismo a los extranjeros, y que consiste en la libre circulación de todos los españoles por el territorio nacional.  También se refiere a la libertad de determinar la residencia, y a la libre entrada y salida del territorio.  Incluso el mismo artículo señala que no podrán ser limitado por motivos políticos o ideológicos.  De aquí extraemos algo importante, y es que limitados podrán ser, siempre que no lo sean por aquellos motivos.  Por tanto, el artículo recoge directamente que dicho derecho puede ser limitado.  No concreta límites, pero no resulta novedoso que puedan existir límites.

La respuesta a la duda que pudiéramos tener, se centra en responder si el derecho a la libre circulación ha quedado limitado con la declaración del Estado de Alarma.  Los contrarios a la acción del Gobierno, sostienen que las normas excepcionales que el Gobierno ha aprobado en virtud del Estado de Alarma suponen una suspensión del derecho recogido en el artículo 19 CE.  Huelga explicar las circunstancias que directamente afectan a la libre circulación de los españoles.  Es sabido cuales son, y a los Reales Decretos me remito.  La cuestión es: ¿Las limitaciones que el Gobierno impone suponen una suspensión encubierta del derecho fundamental?  Obviamente, el RD no considera los límites que estipula como motivos por los que deba considerarse suspendido derecho fundamental alguno.  Sin embargo, las tesis contrarias a la constitucionalidad del Estado de Alarma sostienen que de facto limitan de forma tan general el derecho del artículo 19 CE que suponen una efectiva suspensión del mismo.

 

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¿Y qué dice el TC al respecto?  ¿Se ha pronunciado en alguna ocasión al respecto?  La respuesta es SÍ.  La STC del Pleno 83/2016, de 28 de abril se refería precisamente a las excepcionales situaciones de Alarma, Excepción y sitio.  En su análisis señala que el artículo 116 CE contiene una definición genérica de las situaciones que puedan dar lugar a la declaración de cualquiera de ellos, disponiendo al respecto que la misma procederá “cuando circunstancias extraordinarias hiciesen imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios de las Autoridades competentes”.  (art. 1.1) A esta definición, se añade la proclamación de una serie de principios que han de informar y regir la declaración y vigencia de cada uno de los estados de emergencia: los principios de necesidad y proporcionalidad (art. 1.2); el principio de temporalidad (art. 1.3); los principios de vigencia inmediata y de publicidad (art. 2); y, en fin, el principio de responsabilidad (art. 3.2).  Con estos parámetros ha de ser analizada cualquier acto que se fundamente en estas circunstancias.  Parámetros con los que resultaría fácil considerar contrario a la CE cualquier actuación ajena a estos principios. STC 83/2016

Añade después dicha sentencia que: A diferencia de los estado de excepción y de sitio, la declaración de estado de alarma no permite la suspensión de ningún derecho fundamental (art. 55.1 CE contrario sensu), aunque sí la adopción de medidas que puedan suponer limitaciones o restricciones a su ejercicio. En este sentido, se prevé, entre otras, como medidas que pueden ser adoptadas, la limitación de la circulación o permanencia de personas o vehículos en lugares determinados o condicionarla al cumplimiento de ciertos requisitos…”

Aquí nos insiste en la posible limitación de derechos fundamentales, que no suponen per se su suspensión, sino una regulación extraordinaria para el ejercicio de los derechos, que deberán siempre cumplir con los principios que la doctrina del TC relacionaba.  concreta además, como verbi gratia, posibles limitaciones que puedan acordarse, como las limitaciones a la circulación a través de condiciones que se exijan para que aquel derecho de libre circulación pueda ser ejercido.

Quienes consideran que el derecho a la libre circulación ha quedado suspendido de facto, no justifican por qué en determinadas circunstancias y bajo determinados parámetros, dicho derecho a la libre circulación subsiste.  Me refiero a aquellos que pueden circular libremente cuando sea para proveerse de alimentos básicos.  Circunstancia que permite a todos en esas condiciones circular.  A aquellos casos en los que uno se dirija a su lugar de trabajo, en los casos en los que no haya quedado éste limitado.  Hay quien ha circulado libremente durante todo el tiempo que ha durado el estado de alarma.  De alguna manera, existen situaciones bajo las cuales el derecho a la libre circulación se permite, por lo que debemos considerar que no se ha suspendido del derecho.  Algunas personas lo han mantenido por cumplir con las circunstancias que daban permiso a su ejercicio sino limitaciones.  A todas las demás, se nos permitía para casos concretos, como proveerse de alimentos, bajar la basura, pasear al perro… A estas personas tampoco se les ha suspendido el derecho.  ¿Lo que permiten las circunstancias es el ejercicio de qué?  Del derecho limitado, pero no suspendido.

Lo anterior puede discutirse, no sin razones poderosas y legítimas, lo que nos obliga a tenerlas en consideración.  Sin duda.  Al final, como siempre, el TC será quien establezca de forma nítida, si cumple con su función, el contenido de los distintos estados de emergencia, y sus diferencias, al objeto de proceder en una ulterior ocasión con una legitimidad más fácilmente reconocible.  Sin embargo el TC no actuará, aunque muchos lo deseen, como Juez fiscalizador de la insólita situación que hemos vivido.  No es propio del TC dar tirones de orejas.

Discutible todo lo dicho.  Legítimas objeciones a mis argumentos, muchas.  Que por cierto, debo señalar que no son tanto mi opinión personal, sino una objetiva respuesta a las fundadas cuestiones planteadas por los críticos.  Mi artículo busca dar respuesta argumentada a dichas sesudas críticas, que parecen no obtener respuestas jurídicas al lance jurídico que plantean.  Estas líneas exigen una respuesta a las debilidades advertidas esas tesis que aparentaban solidez argumental.  Esas son las consideraciones que me gustaría leer en sus comentarios.

En mi confinamiento, en Vitoria-Gasteiz a 3 de mayo de 2020.

Artículo de opinión que suscribo sin animus… ¡eso!

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