DELITO DE LESIONES: ALSASUA NI CASO


La Sentencia de Apelación de la Audiencia Nacional 2/2019 Sentencia Sala de apelación AN “caso alsasua” tenía que explicar el por qué la jurisprudencia del Tribunal Supremo, en relación a qué es y qué no el tratamiento médico requerido como elemento objetivo para alcanzar una lesión el estatus de delito de lesiones, rebasando la, más favorable, calificación de delito leve de lesiones, antigua falta de lesiones.  La seguridad jurídica, como principio inexcusable para la Administración de Justicia, se garantiza en última instancia por la doctrina del TS, quien a través de su jurisprudencia delimita el alcance del derecho penal, con la finalidad de unificar el criterio de los Jueces y Tribunales de todo el estado.  No sabemos si la Audiencia Nacional sintoniza el dial en el que el TS emite y fija su doctrina.  Se ha llegado a decir que la insólita Audiencia, gasta un código penal y  ley de enjuiciamiento propios.  Asimismo, parecen gastar una jurisprudencia distinta a la que usualmente empleamos en las Audiencias “provincianas”.  Lo preocupante resulta que la divergencia de opinión en cuanto a tan relevante concepto normativo, el tratamiento médico, lleva, en contra de los encausados en el presente caso, a ser condenados por 4 delitos de lesiones contra cada una de las víctimas, y por cada uno de los acusados.  Con la añadidura de que la pena impuesta en cada caso es la máxima del tipo penal: tres años cada delito de lesiones.  Cada uno de los tres supuestos en los que dicha calificación es cuestionable, en mi opinión, de resultar calificado como delito leve de lesiones del artículo 147.2 CP disminuiría la condena de todos los acusados en 3 años.  Disminución que alcanzaría los 6 años de resultar 2 de ellos calificados como delito leve de lesiones en lugar del delito de lesiones que atribuye la Sentencia de instancia que confirma la de apelación.  No es por tanto baladí, tener claro qué es tal tratamiento médico y qué no.  Y además, comprobar que los hechos descritos en la Sentencia de instancia cumple con lo que sí es tratamiento médico.

Lo malo que debe tener que te lleven allí, es primeramente, que no puedes impedir el peculiar entendimiento del derecho penal de su peculiar jurisdicción.  Torquemada, inquisidor mayor en tiempos de los Reyes Católicos, sin duda gustaría presidir tan excepcional Tribunal.  Si uno no ha tenido la “suerte” de caer debajo de su jurisdicción, ingenuamente se manejara en la defensa de los intereses de sus clientes, en el idioma habitual en la jurisdicción: como si la cosa fuera de derecho penal.  De los principios generales, y de los derechos fundamentales de la Constitución española.  En el caso que nos ocupa, los de Alsasua, se vieron abocados a la decisiva interpretación de conceptos del foro, divergentes de la asentada doctrina del TS.  Me recuerda, no sé por qué al “Malleus Maleficarum” que, debía ser el manual de bolsillo para detectar, detener, imputar, investigar, acusar, enjuiciar a las brujas del Siglo XV.  Dicho imprescindible, en quienes “trabajaron” en la fatigosa labor de erradicar la brujería se consideró idóneo para mostrar, a la mente incauta, cómo debe procederse para: la investigación, enjuiciamiento y ejecución de todo tipo de culpable por brujería, sin caer en las “trampas” del “maligno”.  Buena prueba de las bondades del sistema era su resolutividad.  La huída del fuego purificador, confirmaba la condena y la condición de bruja de la que conseguía fugarse; y la cocción a “punto +” nos indicaba que podía no haber sido realmente una servidora del “maligno”, si bien, dicho hierro llegaba con retraso como para impedir la barbacoa.  ¡Un sistema como Dios manda!  Probado queda si es culpable, pero, tiene un contra: se escapa; y si conseguimos que no se escape, resultará inocente, pero muere 😦

A todo esto, volviendo a los condenados por el Caso Alsasua.  Víctimas ellos, los condenados, del “Malleus Maleficarum” del Siglo XXI, el que maneja la Audiencia Nacional, considera que se da el elemento objetivo de “tratamiento médico” que requiere el delito de lesiones del artículo 147.1 CP.   Yo, personalmente, no sé de dónde sale semejante ánimo inquisitorio en el Tribunal de orden público.  ¿O quizás pueda hacerme una idea?  En algún caso, no se ve por ninguna parte, y en alguna otra es cuanto menos discutible.  Les llevó a la hoguera un Auto del Tribunal Supremo, que vino a decir, en síntesis, que la competencia que resolvió en el conflicto planteado lo hacía en favor de la Audiencia Nacional por cuestión de materia.  Decía, ni más ni menos, que como no se había acreditado “de forma plena” que los hechos no eran susceptibles de ser considerados como terroristas, ante tal duda, debía ser la Audiencia Nacional la competente.  ¿Es posible probar tal cosa?  El interés de las defensas por tan determinante técnica defensiva es infinito.  ¿Es posible acreditar la probatio diabolica que excluya por imposible que unos hechos que no han ocurrido, no lo hicieron?  ¿Por qué motivo se invierte la carga de la prueba a las defensas, en un objetivo que resulta por definición imposible conseguir si de verdad no ha sucedido el hecho que se quiera acreditar que no ha sucedido ?

Comento la cuestión de competencia en el artículo del que dejo enlace: wttps://wordpress.com/post/ogueta69.wordpress.com/2837

Pero es que, además de no considerar terrorismo dichos hechos, que tampoco son rebelión, ni nada que hiciera factible que los hechos fueran juzgados, no por el Tribunal ordinario predeterminado por la ley, sino por este, más de orden público, los acusados son condenados por delitos de atentado y lesiones con penas de rango máximo dentro de la cuantificación penológica de  sus conductas.  En resumen, son condenados la mayoría de los acusados por un delito de atentado y cuatro de lesiones a un total de… sumen máximos… 3 por atentado, + 3 años por cada una de las lesiones.

Buena cuenta de las intenciones de los inquisidores es el auto de aclaración que rectifica la condena por el máximo de quien no había sido acusado, y la reducción generosa de condena del máximo, por quien había sido acusado por menos.  Un lapsus sólo.

Lo que en derecho es relevante.  Prueba de que ante la Audiencia Nacional… Derecho penal.  La defensa de lo que nos ocupa, y nos preocupa.  De los 4 delitos de lesiones del artículo 147.1 CP, el que no es evidentemente procedente: el del Teniente de la Guardia Civil al que le facturaron el tobillo.  ¿Qué hay de los delitos “similares” al del antedicho de los que son víctima, presunta, el Sargento del mismo cuerpo nacional, Margarita, y Matilde?  Estas dos últimas tienen nombre de princesas, o reinas.  Pero nos referimos a sus “lesiones” y a su conformidad con lo que el TS considera susceptible de tratamiento médico.  Sin perjuicio de la jurisprudencia de la Sala de Orden Público, vaya por delante una más reciente y esclarecedora.  A saber…

Se desarrolla con facilidad la distinción entre la falta, o delito leve de lesiones, con lo que es el tipo básico de lesiones, identificando que es el tratamiento médico la característica definidora de las lesiones susceptibles de dicha subsunción.  Analicemos caso por caso…

El Sargento.  De la Guardia Civil. dice el FJº 8º que consta documentalmente que el menoscabo, lesión, producida requiere además de una primera asistencia facultativa un tratamiento médico.  Lo dice así.   Además, para más señas, dice que se deduce del informe de sanidad tal tratamiento.  Que concreta que además fué tratamiento médico rehabilitador.  No explica cuál es el alcance de tan lógica deducción porque quien no lo ve debe ser porque es gilipollas.  Si nos da por ir “a por nota”, vemos en el punto 14 de la Sentencia de instancia que dice eso mismo literalmente.  Pero a la mente inquieta le surge la cuestión de qué tratamiento médico ha requerido.  Cuando el destino de mi cliente se juega 3 años, uno se vuelve “tiquismiquis” en demasía…  Describe tal parte de la Sentencia que el tratamiento se concreta en: “antiinflamatorios, reposo, calor local, relajantes musculares, analgésicos…”  Vayamos paso a paso.  Calor local y analgésicos, quedan excluidos como tratamiento médico por razones obvias.  Reposo, no sé si pronunciarme ante tal tratamiento médico.  Quizás sea más quirúrgico o cómico.  Antiinflamatorios, dice.  Además la propia resolución de la AN reconoce que los antiinflamatorios no son curativos, sino paliativos, y que así las cosas, reconoce que esa es la jurisprudencia al respecto.  Sin embargo, en el apartado c) del FJº 8º -página 33- en el segundo párrafo dice así: “Queda por hacer referencia al tratamiento farmacológico que se pauta en el servicio de urgencias a los perjudicados, esencialmente antiinflamatorios, relajantes musculares y analgésicos, que la Sala entiende, en contra de la jurisprudencia sobre la materia, que tienen carácter de auténtico tratamiento médico. Parece evidente que, en este caso, los fármacos prescritos son puramente paliativos, y no curativos, a la vista de lo consignado por los facultativos que atienden a los lesionados en urgencias en los correspondientes partes médicos”.  ¡Porque yo lo valgo!  La jurisprudencia del TS exigiría, de haber intentado “colárnosla”, en los medicamentos prescritos, la determinación de la dosis, y el tempo de las ingestas, así como el tiempo durante el que debemos seguir dicho planning.  Un esquema, una “hoja de ruta”, una table de ejercicios a seguir que nos instaura un médico para alcanzar objetivamente la curación de la lesión constitutiva del tipo básico del delito de lesiones del artículo 147.1 CP.  En el caso que analiza la Sentencia las lesiones descritas curan con o sin dicho genérico “tratamiento”, lo que indica que no cumplen con la característica de requerir objetivamente de un tratamiento para su curación.   El médico forense, máxime el de la Audiencia Nacional, más capaz, parece, que el provinciano, no pauta tratamiento alguno.  No es su función.  Pero sí muestra un voluntarista deseo de dibujar las lesiones del Sargento de la Guardia Civil como necesitadas de tratamiento médico para su sanidad.  Casi parece que fue víctima de una lesión similar a la fractura de tibia y peroné de su compañero.

Las consortes de los Guardias Civiles fueron las verdaderas perjudicadas el día de autos.  O esa sensación se desprende de la lectura de la Sentencia de Instancia.  La Sentencia de Instancia las identifica como víctimas del delito  considerando un verdadero dolo de primer grado en los autores, quienes tenían como objetivo tanto a los Guardias Civiles por el hecho de serlo como a sus novias por el hecho de serlo.  En verdad, ellas parece que fueron el verdadero objetivo.  Si hubiera duda alguna en tal aserto, quedará fácilmente despejada cuando advirtamos las indemnizaciones de las que la Sentencia de instancias las considera valedoras.  Al uno, con fractura de tibia y peroné, 12.000 pavos de nada.  Al Sargento por las policontusiones y tratamiento médico descrito en párrafo anterior 3.750.-€ discretos. Y a las consortes, en prueba de la desigualdad patriarcal que lleva a remunerar a la mujer en menor cuantía que un hombre en su misma situación, por el mero hecho de serlo, las módicas cifras de 45.000.-€ y 25.000.-€.  Si no chirrían las cifras, cuanto menos deberían chirriar los motivos por los que cada delito contra cada una de las consortes motiva la imposición de la pena máxima del tipo penal, de 3 años por delito de lesiones del 147 CP.  Vamos a ello, que esto promete.

Sigue el intrépido FJº 8º de la Sentencia de Apelación que la adecuada subsunción de los hechos de los que ha sido víctima a quien llama “Margarita” son: tratamiento mediante relajantes musculares y antiinflamatorios.  Ambos curativos, sin los que objetivamente no curaría la tendinitis diagnosticada.  Pero además, a mayor abundamiento, señala que consta un “tratamiento psicológico” por reacción aguda al estrés.  A este respecto merece traer a colación por su extraordinario palalelismo la Sentencia del Tribunal Supremo 376/2017 STS 2ª 376/2017 (pon. Juan Ramón Berdugo de la Torre)   en la que señala ilustrativamente en su FJº 10º que Incluso el tratamiento psicológico impuesto por el psicólogo clínico, a pesar de su importancia y de sus posibles efectos beneficiosos para aquel a quien se aplica, no puede identificarse a efectos penales con el tratamiento médico o quirúrgico exigido por el tipo, pues en la interpretación que del mismo ha realizado la doctrina y la jurisprudencia ( SSTS. 1406/2002 de 27 de julio ; 55/2002 de 23 de enero ; 2259/2001 de 23 de noviembre , entre otras), se señala como uno de los requisitos el que la prescripción sea realizada o establecida por un médico como necesaria para la curación. Por ello el tratamiento psicológico no estará incluido en la mención legal, salvo que haya sido prescrito por un médico, psiquiatra o no, pues en eso la Ley no distingue y constituyen cuestiones organizativas ajenas al marco legal. Lo relevante es que la prescripción del tratamiento efectuado lo sea por un médico o lo encomiende a los profesiones en la materia objeto del tratamiento ( SSTS. 355/2003 de 11.3 , 625/2003 de 28.4 , 2463/2001 de 19.12 ), o psicólogos para la aplicación de la correspondiente terapia, en aquellos casos en que éstos están facultados para prestarla y sea más conveniente para el paciente.”  En el mismo sentido que la Sentencia del Tribunal Supremo 721/2015 (pon. Cándido Conde Pumpido y Touron) FJº 15º STS 2ª 721/2015 del que extraigo un párrafo especialmente revelador, que dice así: “Por lo que se refiere específicamente a las lesiones psíquicas la doctrina de esta Sala incorpora al concepto de tratamiento médico el tratamiento psicológico siempre que haya sido impuesto o pautado por un médico psiquiatra como necesario para la curación, pues en tal caso debe ser considerado como tratamiento médico ( SSTS. 261/2005, de 28 de febrero o 1017/20111, de 6 de octubre)”.

Dicho en plan sencillo: que el tratamiento psicológico es tratamiento médico siempre que aquel haya sido pautado por un médico psiquiatra como necesario para la restauración del diagnóstico médico del que traiga causa.

La Sentencia de Instancia no dice, y la de Apelación menos, lógicamente, qué médico psiquiatra ha pautado el tratamiento psicológico del que pretenden extraer la condición de tratamiento médico.  Que uno vaya al psicólogo no es suficiente para considerar que dicho tratamiento voluntarista es un tratamiento médico.

Dicho lo cual, debemos esperar que Sus Señorías de la Audiencia Nacional, parecen estar tan especializados en “sus” delitos, que olvidan todo aquello que les es ajeno a dichos exclusivos tipos penales.  Quizás tal desatino explique por qué la Ministra de Justicia, versada en tan exclusiva Audiencia se pronunciara sobre asuntos ajenos a su ámbito de actuación como lo son los delito de contenido sexual.  O quizás me equivoque.  Desearía que así fuera.

En mi ciudad natal a 9 de marzo de 2019.

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