12 HOMBRES SIN PIEDAD: INSTRUCCIONES AL JURADO


No.  No se trata de un artículo dedicado a la violencia de género.  No es ese género de artículo el que aquí trataremos.  Nos dedicamos al singular procedimiento del Tribunal del Jurado.  Regulado por la Ley Orgánica 5/1995 de 23 de mayo, en el que se desarrolla el mandato constitucional del artículo 125 CE en el que se reconoce a la ciudadanía en general la labor de auxiliar al Poder Judicial, formado por los Jueces y Magistrados, en la Administración de Justicia.  De esta manera se cumple con las tres formas de participación popular de la ciudadanía en general, como complemento al funcionamiento ordinario de los poderes del Estado.  Así la ciudadanía, tendrá voz en el poder legislativo a través de las proposiciones de ley populares (artículo 87.3 CE); asimismo se le dará voz a la ciudadanía en la labor de los poderes ejecutivos a través de la audiencia de los ciudadanos en la elaboración de disposiciones administrativas que les afecten (artículo 105 CE).  Con ello se hace a toda la ciudadanía partícipe del propio Estado y de sus tres poderes.  Obviamente es una cuestión residual, reglada y que únicamente abre la vía de los ciudadanos en general para participar, en determinados casos, en las labores propiamente reservadas a los funcionarios que normalmente tienen como encomienda dicha función.  Todos los ciudadanos somos responsables de lo que ocurre en un Estado democrático, a través del derecho fundamental al sufragio universal reconocido en el artículo 23 CE.  Nuestra decisión es causa misma del funcionamiento del Estado.  La siguiente frase suena bien hasta que nos damos cuenta de que es verdad.

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Nos ocupamos entonces en la esfera de la ciudadanía al coadyuvar con los Jueces y Magistrados en la augusta labor de impartir Justicia.  Es a través de la institución del Tribunal del Jurado a través de la que los ciudadanos cumplimos el deber -no el derecho- a que se Administre Justicia.  Esto es: a que todos tengan el derecho el artículo 24 CE a un Juicio justo, o equitativo, en palabras del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (artículo 6 CEDH).

Conocemos la institución, muy arraigada en los países anglosajones, a través de las películas.  Y es “mucho bueno” lo que podemos aprender de ellas.  Sobre todo de algunas de ellas, que son referente ineludible de las escuelas de quienes aspiran a desarrollar su profesión dentro del ámbito de la Administración de Justicia.  Tanto Jueces y Magistrados, como máximos responsables de tan fundamental cometido en una sociedad que pretender reconocerse como justa.  Pero igualmente, fiscales y abogados en su función, son imprescindibles para que la Justicia sea posible.  La ciudadanía en general, últimamente muy solícita en cuestiones de determinar qué es justo y qué no.  Incluso, atreviéndose a exhortar a los expertos en Justicia, los jueces, cómo deberían proceder en su administración.  Ajenos unos, no diré quienes, de que la ignorancia es el mejor motor para el atrevimiento.  No olvidemos que, la libertad de expresión ampara a todos: reconoce y “protege” el derecho: A expresar y difundir libremente opiniones idiotas, tanto como sesudas reflexiones contenidas en una tesis doctoral.  Las películas a las que me refiero tienen también su labor educacional en una sociedad que debería, según mi parecer, contar con una más completa educación en leyes que la actual.  Si a estas alturas ha surgido en el lector una película adecuada a los términos a que me estoy refiriendo, es sin duda aquella que tengo en mente: 12 hombres sin piedad.  Esta película tiene su versión original en 1955, e incluye dos versiones de Televisión Española de 1961 y 1973.  Tanto la original como las versiones españolas gozan de esa característica que las hace de obligado conocimiento.  Desde aquí animo a que la vean, y la vuelvan a ver al de un tiempo.  Aprenderán en cada uno de los pases de algo más que pasó desapercibido con el primer, segundo y sucesivos visionados.

Lo más importante que se extrae de esta obra maestra es: que antes de tomar una decisión debería siempre analizarse y reflexionarse para asegurarnos que nuestros prejuicios pueden adecuadamente conseguir el estatus de juicio.  Decir “a mi juicio…” debería conllevar una actividad reflexiva, conjunta de quienes deliberan.  Exige la construcción de un relato de hechos a través del uso de la lógica, que, razonable y razonada, eleva nuestros íntimos y primarios prejuicios a hechos probados -más bien probables- que se deberán distinguir de las meras sospechas o conjeturas.  Éstos, no son malos en absoluto.  De hecho, buena prueba de que los prejuicios son buenos es que la mayor parte de las veces suelen confirmarse una vez hecha dicha reflexión.  Pero, que la mayoría de veces acertemos, no nos debería permitir renunciar a basarnos en elementos de juicio que tengamos a nuestra disposición, y que confirman, o desmienten nuestra “corazonada” inicial.  Pensar, promueve la aparición de infinitas dudas.  Cuanto más le damos vueltas a algo, más dudas nos surgen.  Si no pensamos, no tendremos dudas.  Tampoco Justicia.  Tantas dudas no son malas.  Tampoco son todas iguales.  Las que definen la decisión final deben ser razonables, en cuyo caso, opera el principio de presumir inocente al acusado.  En la película se aprecia un hecho que aunque parezca mentira, se da en la vida real: visto el juicio, normalmente se suele partir de la apariencia de culpabilidad de aquel a quien debemos presumir inocente.  Y hay motivos para ello.  Si la actividad acusatoria del Fiscal y/o acusación no tuviera esa apariencia, en grado de posibilidad, qué hacemos celebrando un juicio.  Es por ello que la mayoría de los juicios acaban con condena.  De acabar la mayoría en sentido absolutorio, estaríamos claramente juzgando demasiados casos a los que no debió abrirse juicio oral.  Por ello, en la práctica, los jurados de la película, igual que los Jueces y Magistrados en general, parten normalmente de la idea contraria al reo, en todo o en parte de la acusación que contra él se formula.  Y es desde ese punto, tras deliberar, y “darle una vuelta” a lo que aparenta clara culpabilidad, tras la que aparecen las sentencias absolutorias.  Obviamente estoy generalizando.  A todo el que le hayan dado un “zasca” en Tribunales, le surge ese prejuicio de: “no tiene ni puta  idea”, o “se ha confundido”.  Incluyéndome en esta clase de situaciones, no son pocas las veces en las que tras un estudio reposado de la decisión judicial me he retractado pensando: “parece que igual va a ser que tiene razón”.  En otras no.  Presumo que Sus Señorías tomaron dicha decisión en conciencia, y por ende, pensaban que tenían razón.

Las instrucciones que el Magistrado Presidente tiene que dar al Jurado, una vez practicada la prueba, visto el juicio, y antes de que se retiren a deliberar, son expresadas de forma expresa y clara, a fin de que los miembros del jurado conozcan su cometido, y cómo deben llevarlo a cabo.  Comienza la película con dichas instrucciones:

 

Exactamente ese mismo mandato se hace en la vida real a los miembros del Jurado, que en España está compuesto por 9 miembros y 2 suplentes.  También es evidente que la pena de muerte, de momento, no es legal en nuestro sistema, y que las votaciones no se hacen por unanimidad.  Pero en esencia, se hace esa misma instrucción que se viene haciendo a los miembros del Jurado en los países avezados en estas lides.  Dejo como ejemplo el “Caso Carrasco”, en el que se da detalladas instrucciones a los miembros del Jurado.

https://www.leonoticias.com/frontend/leonoticias/Alvarez–ldquo-No-Tengan-Miedo-A-Condenarlas-Pero-Tampoco-A-vn196800-vst385

Nos viene en estos momentos a la mente el Caso Pablo Ibar, donde se acaba, no hace mucho, declarar culpable al mismo de asesinato en primer grado, y cuya pena es: bien la cadena perpetua, bien la pena de muerte.  Aunque podría sorprendernos prima facie la decisión, tomada por la unanimidad de los 12 miembros del Jurado, lo cierto es que desconocemos el contenido mismo del juicio, que duró varios meses, y del que sólo contamos con el extracto que la prensa nos ha aportado.  Pero lo que es indudable es que la decisión de quienes presenciaron el juicio fue unánime en considerar culpable a Pablo Ibar del triple asesinato por el que venía siendo acusado.  ¡Ellos sabrán por qué así han decidido!  O quizás… ¡no esté tan claro!  Lo cierto es que algo insólito ha sucedido: uno de los jurados ha acudido días después de declararlo culpable ante el Juez para decir que se “retracta” de su decisión.  Si el motivo es por presiones que afectaron a su independencia, obviamente habrá de investigarse dicho extremo, y parecería justo anular la decisión.  Sin embargo, no sabemos muy bien por qué pretendía retractarse de la decisión tomada en su momento.  Lógico parece lo que ha sucedido: el Juez a considerado que la retractación no tiene eficacia alguna si no va acompañada de una razonada y razonable explicación.  Hechos extraordinarios requieren explicaciones extraordinarias.  No parece que se dieran.  Ahora bien, la actitud del Jurado retractado debería conllevar alguna sanción.  Lo cierto es que ni siquiera los Jueces pueden retractarse de las resoluciones que pronuncien una vez han sido firmadas.  Así lo dispone el artículo 267 de la LOPJ.  Esa reflexión que lleva del prejuicio al juicio debe hacerse antes de firmar la sentencia, y en el caso de aquel jurado, antes de votar culpable al acusado en un delito que puede conllevar la pena de muerte.  Pura seguridad jurídica.  Lo que sí me parece que debería influir es en la imposición de la pena, que está por determinar, y que requerirá de otra vistilla a esos efectos, y en la que también los jurados toman parte.  Cosa que no sucede en España, donde la determinación de la pena corresponde al experto en derecho del Tribunal: el Magistrado Presidente.  Siempre ceñido por los hechos que han declarado probados y no probados los miembros del jurado.  Ya veremos a ver qué pasa.

En la ciudad de Vitoria-Gasteiz a 27 de enero de 2019.

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