LA NUEVA CASACIÓN PENAL


Un recurso tan vetusto, presentarlo con este título parece guasa.  Recuerda, en tono de humor, la conocida exclamación que, el conejo más reconocido de la Warner bros: Bugs Bunny, solía repetir:  ¡¡Qué hay de nuevo viejo!!

El revolucionario recurso francés, supuso un hito en la separación de poderes en lo concerniente al poder judicial, que instauraba un Tribunal, o Corte -Cour- de Cassation, cuyo objetivo era casser, o romper, las sentencias infractoras de determinados requisitos mínimos.  Romper, que se refiere a anular la Sentencia recurrida, era el efecto de la estimación del recurso, que por unos tasados y extraordinarios motivos, permitían acceder al cauce en alzada.  Esto es, se buscaba, excepcionalmente, la anulación de una sentencia por no cumplir con determinados, y tasados, motivos en que podía fundar el recurrente su recurso.  Hoy, la casación, vuelve a los orígenes primigenios en que se instauró.  Motivos que se deducen del deseo de controlar, en lo relativo a la jurisdicción, una unidad de criterio, o seguridad jurídica; y un estatus de máximo intérprete de la legalidad, en aras del respeto a una igual interpretación de un mismo término legal para iguales circunstancias.  Los principios que se buscaba defender son por tanto: el principio de legalidad, principio de igualdad ante la ley y el principio de seguridad jurídica.

El nuevo recurso de casación regulado con la reforma de 2015 viene a poner al Tribunal en su sitio.  En este sentido se pronuncia la Sentencia del Tribunal Supremo, del pleno de la Sala Segunda número 210/2017 STS Pleno 2ª 210/2017 en la que es ponente el Excmo. Sr. Antonio Del Moral García, quien señala que el acceso casacional a las sentencias que hasta ahora carecían de medios para llegar al Alto tribunal, “De esa forma se implanta una herramienta procesal idónea para homogeneizar la interpretación del derecho penal sustantivo (vid. STC 134/1991, de 17 de junio ), lo que repercute en una más efectiva satisfacción del principio de igualdad, minimizando (aunque sin llegar a neutralizar, lo que es objetivo no plenamente alcanzable) y reconduciendo a márgenes tolerables el peligro de respuestas judiciales desiguales ante situaciones iguales, con lo que ello comporta de erosión del principio constitucional de igualdad ( art. 14 CE ).  No es admisible que una misma conducta pueda ser considerada delictiva en un territorio y atípica en otro. O que los contornos de lo punible en cuestiones discutidas dependan en último término del criterio de la Sección de la Audiencia a la que haya derivado el asunto la regla, objetiva pero aleatoria, consagrada en las normas de reparto.”  Y lo más importante para quien pretende recurrir por este medio, deja claro que Esta casación no está reclamada por el derecho a la tutela judicial efectiva, aunque también lo sirva; sino por el principio de seguridad jurídica”.  Lo que implica que no debemos buscar saciar nuestro derecho a la tutela judicial efectiva a través de este tipo de recurso.  Este recurso, de máxima rigidez y excepcionalidad, deberá siempre apoyarse en un error iuris, o infracción de ley penal sustantiva, que exige un alegato de máxima fidelidad con la declaración de hechos probados de la Sentencia impugnada.  Además, exige que el precepto no tenga interpretación “suprema” por el Alto tribunal, quien no habráse pronunciado en sentido claro, contundente y nítido en dicha cuestión, o no fuera de aplicación al caso concreto por los motivos que deberá señalar el recurrente para seducir la aprobación del Alto tribunal.

Limita el uso de este recurso a los casos, normalmente juzgados, y que, de ordinario, se entiende cumplidas bastantemente las pretensiones de las partes, y así, Colmadas ya las exigencias de la tutela judicial efectiva con esa doble instancia, se abren las puertas de la casación pero con una muy limitada capacidad revisora: enmendar o refrendar la corrección de la subsunción jurídica. El horizonte esencial de esta modalidad de casación es, por tanto, homogeneizar la interpretación de la ley penal, buscando la generalización.  Dicho esto, no debemos sorprendernos si caemos en el trámite de admisión del recurso, por falta de interés casacional de la cuestión planteada.  Dicho fácil de entender: muchas más sentencias tienen opción de ser recurridas en casación, pero muy pocas pasarán a ser efectivamente estudiadas por el Alto tribunal.

Si a alguién le suena de algo eso del “interés casacional” y no sabe de qué, por algo será.  Seguramente haya oído hablar del concepto de “relevancia constitucional” con que da ordinariamente “cerrojazo” el TC a las demandas de amparo constitucional.  Y es que, con ello, nos ahorraremos muchas explicaciones.  No para comprender el concepto, sino para saber que existe.  El TS dice claramente que no es exactamente lo mismo.  Esto es, no es el mismo concepto trasladado al recurso de casación.  ¡Menos mal!  Aun así, no será la de la misma familia, pero sí de la misma especie.  Colmar las exigencias de ese estatus, nos da acceso a que nuestro recurso de casación alcance su admisión, más probable -menor sería imposible- que la admisión del demandante de amparo.  No resulta tan fácil saber quién goza de ese privilegio, como sí lo es determinar claramente quién no lo cumple.  No son dignos de admisión quienes discutan la interpretación pacífica que el TS hace del precepto que se pretende infringido.  Quienes no busquen del Alto tribunal la interpretación que solucione una controversia interpretativa entre Audiencias.  Este último punto impide recurrir con próspero resultado a quienes, viendo sus intereses truncados por una incorrecta interpretación de la ley penal, inciden en la fijación de una interpretación de la legalidad ya satisfecha por el Alto tribunal en otras precedentes sentencias.  ¿Y qué hay de las sentencias de apelación que una Audiencia provincial resuelve en interpretación confrontada con la fijada por el TS?  En estos casos, buscamos, seamos sinceros, la tutela judicial efectiva que no se nos ofrece cuando la Audiencia provincial interpreta el precepto penal en infracción de la jurisprudencia del Alto tribunal.  No buscamos que se fije doctrina.  La doctrina está fijada, y consideramos que la Audiencia provincial no ha atendido dicha interpretación de la ley, que nos reporta un perjuicio.   ¿Qué pasa en estos casos?  El TS considera que colma el requisito de interés casacional el recurso fundado en la contumaz inobservancia de la jurisprudencia pacífica que de aquel emana en su labor de unificación interpretativa.  El problema es que pronosticamos que caerá en el trámite de admisión toda irrespetuosa interpretación normativa que no resulte obscena con la jurisprudencia, de tal manera que sólo aquella que contradiga diametralmente el correcto entendimiento de la doctrina fijada por el TS, resultará protegida por esta modalidad de recurso.

No parece que resuelva, pero sí dificulta, el “feudalismo” que algunas Audiencias imponen, sabedoras de que nadie les va a discutir lo dicho, conscientes de alguna manera, de que sentenciaban en firme.

En la ciudad de Vitoria-Gasteiz a 4 de febrero de 2018 y tras una inactividad que merecía la prescripción del blog.

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