LA COMPETENCIA DE LA AUDIENCIA NACIONAL EN EL CASO ALSASUA: ¡UN ESCÁNDALO!


El Auto Tribunal Supremo Sala Segunda, Rec. 20304/2017 (Pon. Excmo. Sr. D.: Miguel Colmenero Menéndez de Luarca) resuelve la cuestión de competencia del “Caso Alsasua” de una forma bastante singular, si nos da por ponernos “un poco” lights al definir tan irresponsable decisión.  Sí.  En este caso, me parece necesario dejar clara mi discrepancia con el criterio adoptado por el Alto tribunal.  La resolución que traemos a estudio resuelve la cuestión de competencia que se había planteado entre la Juzgado Central de Instrucción nº 3 de Madrid y los Juzgados de Instrucción nº 3 de Pamplona en favor del primero, con un “razonamiento jurídico” que consideramos tan desacertados como grosero, que tiene como consecuencia la permanencia de los investigados en la situación de  prisión provisional, comunicada y sin fianza que, como es sabido, limita el derecho a la libertad que declara el artículo 17 CE, lo que, evidentemente somete a los investigados a la medida cautelar de carácter personal que más intensamente afecta a su libertad.

En la cuestión de competencia que se plantea y que el Auto que criticamos resuelve, se enfrentan los dos Juzgados de instrucción antedichos  que se consideran igualmente competentes para la instrucción de la causa, y que llevarían consecuentemente a determinar la competencia del Tribunal Sentenciador, que pasaría en su caso a bascular entre la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional o el Juzgado de lo Penal de Navarra correspondiente.

Lo que deberá plantearse es si los hechos que se investigan son o no indiciariamente susceptibles de ser en su momento subsumidos dentro del tipo penal recogido en el artículo 573.1 CP que dice considera: delito de terrorismo la comisión de cualquier delito grave contra la vida o la integridad física, cuando llevar a cabo con alguna de las finalidades que el propio artículo establece, entre las cuales se encuentra la de obligar a los poderes públicos a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo y la de provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella”.

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En el caso estudiado los hechos investigados que constan en el citado Auto son los siguientes FJ 2º: “los hechos denunciados se refieren a una agresión sufrida por dos miembros de la Guardia Civil el día 15 de octubre de 2016, en la localidad de Alsasua, cometida por un grupo de personas, alguna de las cuales, según los informes policiales, aparece indiciariamente relacionada con organizaciones orientadas a expulsar a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de la Comunidad Foral de Navarra y del País Vasco, mediante actos reiterados de protesta, presión y hostigamiento, contra los agentes y sus familias.  Una de las personas de las que se indica la vinculación con estos grupos, es, precisamente, la que inicia el enfrentamiento y la agresión.  Como consecuencia de los hechos, los agredidos resultaron lesionados, presentando uno de ellos, según el informe del Ministerio Fiscal, una fractura desplazada de tobillo derecho“.

El Tribunal Supremo viene a decir que como aún, y sin perjuicio de la investigación y enjuiciamiento de la causa, siendo que  no se puede descartar absolutamente la presunta comisión de dicho delito, la competencia corresponde a la Audiencia Nacional para abarcar la posible acreditación de la comisión de unos hechos susceptibles de ser subsumidos en un tipo penal del delito terrorista.

Se confunde claramente el Alto Tribunal cuando así resuelve la cuestión. Igualmente, con los razonamientos tan débiles en los que apoya su tesis, sólo podemos insistir en que, “en Justicia”, nos es imposible coincidir con dicha tesis.  A mayor abundamiento, y estando los investigados en la situación personal de prisión provisional, se hace necesario resolver la cuestión con un especial celo, teniendo en cuenta la restricción del derecho constitucionalmente previsto en el artículo 17 CE en relación a la libertad.  Lo primero que debemos considerar que sólo es subsumible como delito de terrorismo si el hecho investigado resultara ser calificado dentro de lo que tipifica: “cualquier delito grave contra la vida o la integridad física…”, siendo el presente caso el de una agresión sufrida por dos guardias Civiles y con resultado de: fractura desplazada del tobillo derecho.  Tal y como podemos comprobar, la agresión a los dos agentes debe encuadrarse dentro del presunto tipo delictivo del Título III del Libro II que el Código penal: “De las Lesiones”.  Sin entrar a fondo a analizar todos los delitos relativos a las lesiones, que obviamente se encuentran dentro de aquellos que protegen el bien jurídico relativo a la integridad física; basta un simple repaso de los tipos penales recogidos entre los artículos 147 y 150 CP, para darnos cuenta de que las penas que dichos tipos imponen sólo exceden de los 5 años de prisión en el tipo del artículo 149 CP -pena de prisión de seis a 12 años- y excepcionalmente en el margen máximo del artículo 150 CP -pena de prisión de tres a seis años-.  Estos dos tipos penales son aquellos que castigan dentro de los delitos de lesiones a aquellos que por su especial desvalor de resultado, que excede ostensiblemente el de una fractura desplazada de tobillo, y que por tanto no serían en su caso de aplicación, pudiendo prever de forma absoluta, que en ningún caso nos encontramos ante un supuesto fáctico de los regulados como delito grave (artículo 13 CP), que son aquellos que tienen aparejadas penas graves (artículo 33.1 b CP) la pena de prisión superior a cinco años.  No olvidemos que el artículo causante de la discordia califica como terrorismo cualquier delito grave, siendo por tanto imposible que la calificación de los hechos investigados y acaecidos en Alsasua sean calificados como de una agresión subsumible en ninguno de los dos tipos penales indicados, y que se refieren a casos en de pérdida de órgano o miembro no principal, o deformidad; muy lejos de la lesión que consta en los Autos y que en ningún caso sería posible que derivara en tan graves consecuencias.

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Dicho lo anterior, y siendo que NO CABE EN NINGÚN CASO QUE EL DELITO SEA SUBSUMIBLE DENTRO DEL DELITO DE TERRORISMO, debió resolverse en sentido diametralmente opuesto al del Auto que aquí criticamos y que consideramos muy lesivo y perjudicial para los intereses, no ya de los investigados, sino de los intereses mismos  de la JUSTICIA.  Debió ser declarado competente el Juzgado de Instrucción nº 3 de Pamplona, debió dejarse inmediatamente en libertad provisional a los encausados, y finalmente, debería haber sido en su día enjuiciado el caso en el Juzgado de lo Penal de Pamplona que por turno de reparto correspondiera.

Dejo a continuación el Auto, como siempre, para quien interese beber “a morro” de la fuente.  jejeje  auto-cuestion-competencia-Alsasua

El día 7 de agosto en plenas Fiestas patronales en honor de la Virgen Blanca en la ciudad en la que vió nacer: Vitoria-Gasteiz.

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