TEDH: A ATUTXA NI CASO: CONDENADO INJUSTAMENTE


Dicen que uno es dueño de su silencio, y esclavo de sus palabras.  Nada que objetar si se entiende correctamente.  Si se atiende, se entiende.  Una matización: uno es esclavo de sus palabras… no de la significación que los demás den de tus palabras.  Uno puede ser esclavo de sus palabras, pero no de aquello que consideran que tus palabras querían decir.  ¡Eso ya es pasarse!

Dicho lo anterior, no son pocas las veces que aún nos intentan esclavizar por aquello que pretenden quisimos decir, pretendíamos decir, supuestamente pensábamos decir… y en definitiva, quien pretenda hacer valer este argumento nos quiere hacer pensar que quisimos decir.  No.  Él es quien quiere decir aquello que considera que quiere decir quien quiere inducir como autor.  Seguramente no se entienda bien, pero a quien quiera que afecte, sabe lo que quería decir… el otro 😀  En síntesis, cuánto se mejoraría si quedara claro que: ¡Querer no es poder!

El caso ATUTXA es uno de esos casos en los que la Resolución del TEDH dice algo, y los interesados, interpretan lo que la resolución significa.  Nos revelan lo que in natura les es propio a las resoluciones judiciales: que se explican por sí mismas, sin rueda de prensa que explique lo que quería explicar.  Quizás interese repasar de qué iba el caso que fue más conocido por su diametral desvío de la conocida “Doctrina Botín”, y que fue, lo que pretendió ser: una doctrina ad hoc sólo para Don Emilio; aunque dio, y da hoy aún, la sensación de que algo de ad hoc también tenía la Sentencia del Tribunal Supremo que condenaba a la mayoría de la mesa, como órgano de Gobierno de, ni más, ni menos, que del Parlamento Vasco, por lo que consideró un delito de Desobediencia a disolver el Grupo parlamentario de la “izquierda abertzale”, y cuya árdua defensa, basaron los acusados, en la lógica parlamentaria, y en el cumplimiento estricto de aquello que les estaba impuesto por su posición, de conformidad con la CE, el Estatuto de Autonomía de la CAV de 1978 y el propio Reglamento de la Cámara legislativa.  Estas normas, y en este sentido se pronunciaron varios informes jurídicos del Letrado Mayor del Parlamento, no podía disolver de facto y sin quebrar el propio Reglamento de la Cámara, en favor de cuya independencia precisamente debían velar, sin antes modificar dicho Reglamento a fin de facilitar un procedimiento de disolución que legitimase una forma de proceder para alcanzar la orden, o demanda del TS: la disolución de un Grupo parlamentario.  Huelga decir, que nada tiene que ver Grupo político con Grupo parlamentario… a veces hay cosas sencillas que la gente ignora, y así, se quedarían para siempre, si de vez en cuando alguien no lo dejara caer, “porsi”.  Yo, por facilitar la intrépida valentía de quienes se embarcan a leer las Sentencias per se tal y como hago yo hace algún tiempo, ahí dejo el enlace. jejeje

STC del Pleno nº 133/2014, CASO ATUTXA, principio igualdad

La Sentencia del Comité: Caso Atutxa Mendiola y otros c. Espagne (Requête nº 41427/14) AFFAIRE ATUTXA MENDIOLA ET AUTRES c. ESPAGNE -como lo definía el bueno de: Antonio del Moral- tardía llega, con 12 años de retraso ¡como los huevos! y jurisprudencia más añeja aún fundamenta su fallo.  Atutxa tendrá razón, o no, en el fondo de sus acciones, pero sobre eso el TEDH nada dice.  No puede entenderse compromiso ni a favor, ni en contra, de la acción en relación a si son o no desobediencia, tal y como el TS las consideró para condenar a los “incautos” parlamentarios.  La Resolución del TEDH no va de eso.  No da legitimidad, ni son prueba de conformidad en relación a si la acción era o no constitutiva del delito que acabó motivando la condena.  No dice, ni quiere decir, que actuaran de forma legítima.  Tampoco que fueran desobedientes.  Entonces… ¿qué coño quiere decir esa resolución?

Sí, nos referimos a la jurisprudencia desarrollada por el TEDH en los precedentes que constan en la propia Sentencia, y en los que se basa son:  Caso Lacadena Calero c. Espagne (nº 23002/07, 22 de noviembre de 2011); y Caso Serrano Contreras c. Espagne (nº 49183/08, de 20 de marzo de 2012).  Quizás a alguien le suene, o le haga “tilín” un número concreto, que espero les inspire una idea… ¡esa misma es la que fundamenta esta doctrina!  El número es… el 167/2002… ¿qué os suena de algo? incluso puedo añadir el día concreto: ¡el 18 de septiembre!  Cómo es posible el Tribunal Constitucional diera por buena una doctrina que parecía nos estaba enseñando al resto de “los mortales”, es otro cantar.  Sin comentarios. STC Pleno 167/2002 de 18 septiembre

La Sentencia del Tribunal Supremo del “caso atutxa” resuelve fallar: la condena de Atutxa… Knörr y Bilbao -que igualmente les afectó-; y la reciente Resolución que da causa a este artículo ha resuelto, a su vez: que la condena de los condenados resultó contraria a la jurisprudencia pacífica, consolidada, unívoca, y sin fisuras que el TEDH, igual que el TC y el TS, que han venido a hacer suya, se produjo contraviniendo los principios establecidos por el CEDH (inmediación, contradicción y publicidad) y que fundamentan el derecho a ser oído personalmente por el Tribunal ad quem dentro de lo que denomina: un juicio equitativo.  Suponen desde un punto de vista contrario, que nadie puede ser condenado en un juicio penal sin darle la posibilidad de ser oído en descargo de la acusación contra uno formulada.  En concreto, se refiere a que un tribunal superior, en vía de recurso, no puede, ni debe, en Justicia, condenar resolver en su contra, una Sentencia de quien juzgó personalmente las pruebas del juicio, sin oír, o dar audiencia al “desdichado”.

En resumen: No dar audiencia a quien la Sentencia de un recurso va a perjudicar, es contraria a un juicio equitativo, si para ello se requiere de una reinterpretación de la prueba valorada por el tribunal juzgador.

En este caso el Tribunal Supremo condena en Casación a quienes en Primera instancia fueron absueltos, y lo hace sin darles audiencia, y por tanto, sin darles la oportunidad de defenderse personalmente ante un tribunal que reinterpreta la prueba que compete a quien presencia el juicio.  Y lo hace a través de una nueva interpretación de la prueba, incluida la personal, y en contra de la consideración que adoptó el Tribunal a quo en relación a la necesidad de incluir el elemento subjetivo del dolo intencional de los acusados, pues la naturaleza del tipo penal por el que se les condena: delito de desobediencia, es un tipo penal que está dentro de los considerados dolosos, y por tanto requieren de la consideración -reinterpretación- del material probatorio por el TS, para poder, previa inclusión de ese elemento subjetivo que requiere el tipo penal, considerar y valorar de forma nueva y distinta en contra del reo, el elemento de la culpabilidad que requiere la condena.  La condena por el TS sin ser oídos es per se contraria a un juicio con todas las garantías.  Por ello, se consideran injustamente condenados.

En cuanto a la indemnización moral impuesta, el TEDH sigue el principio rogatorio que rige la responsabilidad civil del Estado miembro que, se declara ha vulnerado el convenio, concediendo la “pedida”: ¡¡UN EURAZO!! de satisfacción.

Diferente consideración merece la devolución de la multa -cuantiosa- que conllevaba la condena considerada injusta del Estado español, y que conlleva la restitución de las cantidades injustamente percibidas por el Estado Español.  Se ha dicho, no por la Resolución, sino por quien se ha dicho, que al Estado español no se le condena, sin embargo, a devolver dicha multa.  Obvio resalta la extraña decisión del Comité.  Si leemos detenidamente, nos daremos cuenta de que señala que la restitución de lo pagado por tan injusta Sentencia debería articularse a través de los mecanismos del estado infractor con el procedimiento destinado a satisfacer la responsabilidad patrimonial del -mal- administrado; señalando el TEDH la vía legítima para ser restituidos los Atutxa, Knörr y Bilbao a través de dicha vía.  De hecho, la Corte señala que la forma más adecuada de solicitar la restitución material de los derechos declarados vulnerados por el TEDH en sus Resoluciones en general, y en este caso en particular, es el procedimiento concretamente establecido al efecto para estos casos y que está regulado en el artículo 954.3 LECr cuando establece, dentro de la regulación del Recurso de Revisión de las Sentencias firmes, y que dispone literalmente en su tercer párrafo que: “Se podrá solicitar la revisión de una resolución judicial firme cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya declarado que dicha resolución fue dictada en violación de alguno de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales y sus Protocolos, siempre que la violación, por su naturaleza y gravedad, entrañe efectos que persistan y no puedan cesar de ningún otro modo que no sea mediante esta revisión.  En este supuesto, la revisión sólo podrá ser solicitada por quien, estando legitimado para interponer este recurso, hubiera sido demandante ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La solicitud deberá formularse en el plazo de un año desde que adquiera firmeza la sentencia del referido Tribunal”.

La Sentencia del TEDH no dice ni más, ni menos… los interesados dicen mucho más…

En Ciudad Vitoria-Gasteiz a 17 -y vecinos- de junio de 2017.

P.D. Parlez vous francais?

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