JUICIO RÁPIDO: ALCOHOLEMIA


En cuestión de cantidad y frecuencia los delitos que por descontado más llegan diariamente a todos los Juzgados de guardia del ámbito nacional son aquellos contra la seguridad del tráfico, y en concreto, por mucho, el de conducir un vehículo a motor o ciclomotor habiendo ingerido bebidas alcohólicas: el delito de alcoholemia.

Éste está previsto y penado en el artículo 379.2 CP donde se señala: “será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con multa de seis a doce meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y, en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por un tiempo superior a uno y hasta cuatro años” [señala el primer párrafo], al que “condujere un vehículo a motor o ciclomotor bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o bebidas alcohólicas.  En todo caso será condenado con dichas penas el que condujere con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 miligramos por libro o con una tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 gramos por litro”.

Lo primero que merece la pena resaltar es que conducir habiendo bebido alcohol o después de haberse drogado es algo “malo”.  Dicho de otro modo: no es una tontería, ni podemos considerar que “no pasa nada” porque “yo controlo”.  Debemos tener claro que es una actitud muy peligrosa, y contra los que la sociedad no debe tener indulgencia alguna, en el sentido de mostrar una actitud claramente contraria a este tipo de conducta, de forma que a cualquiera que así se comporte le cueste, e incluso oculte este hecho incluso a sus amistades más cercanas por miedo a ser reprobado.  La ley no es indulgente, los juzgados tampoco, y sólo queda para combatir tal irresponsable actitud que dejemos todos claro la convicción social de que es algo grave, y que no hay excusa alguna que justifique la asunción de ese riesgo.

Lo que se castiga es eso precisamente: el riesgo o peligro intolerable por la sociedad, que supone que alguien conduzca con sus capacidades físicas mermadas, lo que evidentemente incrementa el riesgo de tener un accidente.  Es este aumento de riesgo el que la ley considera intolerable, y consecuentemente castiga criminalmente a quien actúa de esa manera como autor responsable del delito que aquí estudiamos.  La doctrina y la Jurisprudencia clasifican este tipo de delito, como: un delito de riesgo abstracto.  No se trata de si quien conduce habiendo consumido las sustancias que lo incapacitan para ello pone en riesgo concreto a una u otra persona, o a una u otra cosa, sino que se castiga de forma genérica el consumo consciente de estas sustancias como susceptible de mermar la capacidad del conductor, asumiendo la lógica de que, en general, el consumo lleva a esa merma en la capacitación para conducir, y que esta merma, a su vez, supone un riesgo en general para la sociedad.  Dicho de otro modo, no es necesario demostrar que existe algún perjudicado por la infracción.  O lo que es lo mismo, incluso si se aportara prueba de que en ese caso concreto, nada ni nadie se ha visto afectado por su conducta; o la prueba de una destreza personal superior a la media -que uno es Michael Schumacher-.

Hoy es el día en que tenemos muy presente, dados los actos terroristas a los que últimamente nos tienen, desgraciadamente, acostumbrados los medios de comunicación, en los que, se utiliza como arma susceptible de causar una multitud de muertes, daños y lesiones personales: vehículos a motor, que quienes pretenden causar el mayor daño posible, lanzan contra los transeúntes; que el peligro potencial de estos transportes es muy alto nadie lo puede poner en duda.  Cuidado entonces con considerar que conducir bebido no es un peligro real y que debemos tomarnos en serio.

viejol

Se castigan dos cosas distintas:

1.- La conducción influenciado por la ingesta previa de las bebidas alcohólicas o sustancias mencionadas.  Se sanciona incluso una tasa inferior a la señalada objetivamente en el siguiente supuesto, siempre que exista algún dato objetivo de que la conducción se vio afectada por el consumo anterior de las sustancias que no debió ingerir, siempre y cuando, como mínimo se supere la tasa mínima que abre la posibilidad de la sanción administrativa.  V.g. conducir haciendo eses, saltarse un semáforo, hacer trompos o cualquier infracción del código de circulación.

2.- La conducción de quien ulterior da una tasa superior a los límites mencionados en el correspondiente control de alcoholemia.  Si a uno le paran por su conducción irregular, o simplemente por un control preventivo de alcoholemia, deberá someterse a la prueba de detección alcohólica, así lo obliga tanto el Código de circulación, como el Código penal, que sanciona la negativa a someterse a esta prueba como un delito tipificado en el artículo 383 CP a una pena de 6 meses a un año de prisión y privación del derecho a conducir vehículos a motor de más de un año a cuatro.  En este caso no es necesario que se acredite infracción del reglamento alguna para que el delito se considere cometido.

La diferencia entre ambos clasifica al primero de los supuestos en un hecho que por necesitar una valoración sobre si ha existido o no influencia en la conducción, lo convierte en subjetivo; mientras que el segundo supuesto es un delito totalmente objetivo, esto es, basta que se pruebe el hecho fisiológico de dar positivo en una tasa más allá de la prohibida.  Dentro de la objetividad del segundo supuesto, siempre cabe una casuística que ponga en duda que tal objetividad funcione sic et simpliter sin que quepa valoración alguna, desde un enfoque que considera que cuando nos encontramos en el mismo límite de la tasa pueda interpretar favorablemente la prueba de detección alcohólica, que se desarrolla de forma ordinaria en dos intentos sucesivos con un lapso temporal de 10 minutos entre ambas, y que pudiera dar un resultado de 0,65 miligramos, y una segunda prueba de 0,59 miligramos; siendo también que los aparatos tienen una precisión que no es total, aunque sí muy elevada.

En la mayoría de los casos, tanto en los del primero de los supuestos: influencia en la conducción; como en los segundos: tasa superior a la permitida; el atestado policial suele contener la aplastante prueba que difícilmente será razonable someter a un juicio en audiencia pública ante el Juzgado de lo penal.  Las pruebas en concreto serán: en el primero de los supuestos, las manifestaciones de los agentes actuantes, que de forma directa vieron cómo conducía el detenido, y la causa que les llevó a pensar que su conducción podía indiciariamente estar afectada por la ingesta de bebidas alcohólicas.  En el segundo de los supuestos, se aportará el ticket que deja el eltilómetro de precisión que después de la detención, en comisaría constituye el instrumento homologado para la determinación de cuál es la tasa del presunto infractor.  No es raro, de hecho es frecuente, que las declaraciones de los agentes sobre lo que sucedió disten mucho -demasiado- de la versión del conductor.  No vamos a decir que los agentes mientan, ni mucho menos; sí que exageran, o incluso modifican los hechos de forma que acojan mejor la versión condenatoria que, no es sino una convalidación de que detuvieron legítimamente a un conductor, privándole de su libertad.  No podemos dejar de señalar que resulta llamativo que prácticamente la mayoría, si no todos, los supuestos que se nos presentan, existe esta discrepancia sería entre un relato de hechos y el otro.  Huelga señalar que el que vale es el de los agentes.  De tal manera que, en principio, y en la práctica habitual, si existe discrepancia, Sus Señorías atienden a la versión de los agentes.  Podemos justificar el hecho mismo de que estaba “pedo” el conductor, y que ello le pudo llevar, junto a la tensión que estas situaciones conllevan, a que no percibiera con la precisión que sí se espera de la declaración de los agentes actuantes, que, con su conocimiento profesional, el hábito con el que ven este tipo de situaciones, su templanza para gestionar la tensión que se suele generar, al ser varios los agentes que presencian los hechos, y la falta de interés personal en el asunto que pueda suponer un conflicto de intereses; hacen de su declaración la más idónea para narrar lo que en verdad sucedió el día de autos.

En resumen, salvo casos aislados, la defensa efectiva de este tipo de asuntos se basa en el acuerdo de conformidad más idóneo que los abogados de la defensa podamos obtener del fiscal de guardia que corresponda.  Normalmente la pena mínima, según si tiene o no antecedentes penales computables a los efectos de reincidencia.

Debemos añadir que dado que no es necesario someter a una vista pública, o juicio, este tipo de casos, y dado que la Ley que introdujo en el año 2003 el enjuiciamiento rápido para determinados delitos, ofrece a la pronta asunción de responsabilidad una “rebaja” de 1/3 de la condena que se pide; la opción más beneficiosa para los intereses del cliente suele ser, salvo raras excepciones, la conformidad en el Juzgado de guardia, el día en que los propios agentes te citan para la celebración de un Juicio rápido por alcoholemia que tiene por título este artículo.

Lo más habitual suele ser la condena en el Juzgado de guardia a una pena de multa o trabajos en beneficio de la comunidad; siendo la pena de prisión para los casos en que se haya reincidido por el infractor en 2 ocasiones, esto es: a la tercera ya :-O, “por pesado”, parece proporcional darle una mayor reprimenda.  En lo normal, suele imponerse una multa que ronda, con el descuento, la cantidad de 840 a 1500.-€ que variará dependiendo de los ingresos del susodicho.  SIEMPRE SE RETIRARÁ EL PERMISO DE CONDUCIR POR UN TIEMPO,con la rebaja, DE 8 MESES Y UN DÍA en adelante.  NO SE PIERDE NINGÚN PUNTO DEL CARNET, que no tiene nada que ver con el proceso penal por delito.  SE DEBERÁ REALIZAR UN CURSO EN AUTOESCUELA AUTORIZADA PARA DE LA RESTITUCIÓN DEL CARNET que tiene un coste aproximado de 500.-€.  Y HABRÁ QUE ABONAR LA MINUTA DEL LETRADO, incluso del de guardia, salvo que se conceda el beneficio de la Justicia Gratuita, QUE RONDARÁ ENTRE LOS 600 Y LOS 1000.-€.

Vamos, que entre pagarse una limusina para ir a casa, y pagar a un chófer para que nos coja el coche y nos lo lleve a donde queramos, darle una buena propina; y coger el coche nosotros mismos, arriesgando, no sólo nuestra integridad, sino la de los demás, y la más “barata” de las penas -de ahí se pueden dar casos mucho más graves- que nos pudieran poner: la que he descrito arriba; la opción que debemos identificar como: “JUGAR FUERTE”, debe ser ésta segunda, sin ninguna duda.  ¡Lo sabe quien le ha pasado!

En la ciudad de Vitoria-Gasteiz a 9 de abril de 2017.

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s