CONDENA COSTAS: A LA ACUSACIÓN PARTICULAR


La doctrina en relación a la imposición de las costas procesales en el procedimiento penal se recoge en la reciente STS 2ª 682/2016 de 26 de julio (pon. Excmo. Sr. Antonio del Moral García), en la que reproduce la doctrina de la Sala Segunda STS 410/2016 de 12 de mayo, en el que señala textualmente que es diáfano en la doctrina y jurisprudencia, que es un tema de resarcimiento.  Es el Principio rogatorio el que hemos de manejar.  Eso aproxima la cuestión a criterios civilistas.  Sin petición de parte legitimada no hay resarcimiento.  Nullum iudex sine actore.  Sin embargo debe precisarse aún más la cuestión, dadas las peculiaridades que la jurisdicción penal presenta en contraposición a la jurisdicción civil:  si bien en el proceso civil, la condena en costas resulta la regla general a través de la aplicación ope legis del principio cuasiobjetivo de vencimiento pleno (artículo 394 LEC); siendo en el proceso penal que la regla general es bien otra, salvo en lo atinente a la condena en costas de las sentencias condenatorias, donde se imponen en todo caso de forma puramente mecánica sic et simpliter.  Nos referimos en concreto a los casos de las sentencias absolutorias y en relación a la condena en costas a la acusación particular, a fin de que sea ésta la que asuma los gastos que el proceso penal han supuesto para la parte que ha quedado declarada no culpable.  En estos casos la doctrina es clara: resulta excepcional la condena a la acusación particular de las costas procesales en el proceso penal, siendo decisivo para su imposición la apreciación de temeridad o mala fe en la acusación particular a quien de impusieren.  Además, es exigencia para que se produzca tan excepcional pronunciamiento sobre costas la petición expresa de la condena en costas ex artículo 142.4ª LECr.  Señala el Alto tribunal que las costas no tienen la naturaleza jurídica de sanción o penalidad para la parte a quien se impusieren, sino meramente resarcitorio, como una compensación indemnizatoria por los gastos que se ha visto obligada a soportar por la parte que actuó extramuros de los fines de Justicia que rigen la jurisdicción penal.

Se requiere para que pueda darse una Sentencia absolutoria con condena de las costas procesales a la acusación particular y/o público:

1.- Acreditación de aquel a quien se deban imponer las costas a actuado con mala fe procesal o temeridad manifiesta.  Al menos, debe desbordar su actuación procesal la mínima prudencia y mesura exigible a quien sienta en el banquillo a un ciudadano para quien se reclama la imposición de una pena.

2.- Solicitar expresamente la defensa en el momento procesal oportuno: al menos en el trámite de conclusiones definitivas, la imposición de la condena en costas a la parte acusadora -principio rogatorio-.

En la práctica resulta un ejemplo de rara avis que difícilmente es de ver, quedando este supuesto -excepcional, tal y como lo define la propia doctrina de la Sala- a casos flagrantes de absoluta orfandad probatoria, estableciendo un criterio claramente restrictivo en relación a la viabilidad de tal pretensión por parte de la defensa.  Ae este respecto señala la Sentencia del Tribunal Supremo que el concepto de mala fe, por su carácter subjetivo es fácil de definir pero difícil de acreditar, no así la temeridad.  La temeridad y la mala fe han de ser notorias y evidentes.  Será necesario continúa la resolución del Alto tribunal, que la acusación perturbe con su pretensión el normal desarrollo del proceso penal al servicio de fines distintos a aquellos que justifican su existencia.  Corresponde su prueba -su carga probatoria- a quien solicita la imposición.

Señala la Sala en la STS Sala 2ª 508/2104 de 9 junio que la Sentencia absolutoria no puede convertirse en una prueba ex post para respaldar una temeridad que, sin embargo, ha pasado todos los filtros jurisdiccionales.  Se establece como criterio decisivo en cuanto a considerar como factor definitorio y revelador de la temeridad que se exige acreditar, más que la objetiva falta de fundamentación en el ejercicio de la acción penal por la acusación, la conciencia y conocimiento por ésta de que el hecho del que acaba acusando o no se ha producido en realidad, o bien del mismo no resulta autor o cómplice la persona contra quien se dirige la acusación, y aún así mantener la acusación (STS 508/2014 de 9 junio).  Se ha afirma plenamente conforme con esta doctrina, la actuación por la parte acusadora con conocimiento de datos que demostrarían la inexistencia del delito y los oculta o no los aporta, dotando así de una apariencia de consistencia a la acusación que sostiene (STS 144/2016 de 22 de febrero).

Por último, las STS 508/2014 de 9 junio, y 720/2015 de 16 noviembre, señalan en relación a los Tribunales que pretendan imponer las meritadas costas en aplicación de la doctrina antedicha: el Tribunal a quo ha de expresar las razones por las que aprecie la concurrencia de un comportamiento procesal irreflexivo y, por tanto, merecedor de la sanción económica implícita en la condena en costas.

En la ciudad de Vitoria-Gasteiz a 18 de septiembre de 2016.

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2 comentarios sobre “CONDENA COSTAS: A LA ACUSACIÓN PARTICULAR

  1. Estimados compañeros: Os felicito por este artículo; cuando hace dos años recurrí ante el Tribunal Supremo una condena en costas a la defensa, me la estimaron en este punto por cumplir los requisitos que mencionáis: Fundamento de Derecho Cuarto, Sentencia nº 508/2014, Sala 2ª, Ponente Sr. Sánchez Melgar: Saludos,

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  2. Muy buenas: Tengo entre manos un supuesto donde entiendo que la acusación particular viene actuando con esa temeridad manifiesta y puesta en evidencia en sus acusaciones faltas de prueba, y al mirar el tema en internet y encontrarme con este artículo de primeras, me ha resuelto las dudas y a la vez me ha aclarado la forma de actuar. Así que, qué menos que el presente agradecimiento. Un saludo. Ya os contaré como finaliza todo.

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