SE ACERCA LA SENTENCIA DEL TC QUE RESOLVERÁ EL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS TASAS JUDICIALES


Si en general la Justicia es lenta, dado que si la queremos más rápida, para eso basta con poner más dinero (que no hay), en lo relativo al Tribunal Constitucional la escala temporal se asemeja a la temporalidad en términos geológicos.  Os podéis fijar que he omitido al referirme al Alto Tribunal la palabra Justicia, sabed que no ha sido casual, y que la intencio cubre sobradamente el dolo de primer grado.  No entraré a disertar sobre si el Órgano Constitucional es o no un Tribunal que imparte Justicia, porque nos llevaría un blog entero.  Me remito a dejar una simple nota que cubre un punto de vista que hace pensar a la mente inquieta: Confrontar las siguientes Sentencias del Tribunal Constitucional y Juega a Buscar los 7 errores:

SSTC Pleno nº 13/2014 de 25 de Febrero ; 133/2014 de 22 de julio ; 40/2012 de 29 de marzo ; 35/2014 de 27 de febrero.  Todas tienen en común una cosa, que generalmente la gente pasa por alto por considerarlo de menor importancia: los votos particulares emitidos por los de siempre: Excma. Adela Asua y Excmo. Ignacio Ortega Alvarez; que parece pareja formal en lo relativo a esta facultad que tienen de dejar expresamente la tesis no mayoritaria que han defendido en las deliberaciones del Pleno.  No les gusta hacer de figurantes para el juego de los errores que antes os he propuesto, se desmarcan claramente siempre, como si formaran parte de otro Tribunal.  Pues así es, estos dos Excmos. Magistrados del TC se han propuesto cumplir su función como miembros de un Tribunal de Justicia, y así dejan constancia. Votos, que por otro lado les honran, y aseguran su calidad técnico-jurídica cuando desde el TEDH vienen los, últimamente, constantes tirones de oreja.  Aunque me salga del tema, quiero incluir dentro de este escuadrón de la Justicia, que se deben a ella por encima de los intereses que les unen a los Partido Políticos que los nombraron, a los que conozco como los “Tres Mosqueteros de la Sala Segunda del Tribunal Supremo”: Magistrados Antonio Martín Pallín (emérito), D. Joaquín Giménez y D. Perfecto Andrés Ibáñez, apodo dado por el compañero de Bilbao: D. Angel Gaminde.

Bravo por todos ellos, por cumplir con su deber de impartir JUSTICIA.

En otro momento entraremos a considerar si el TRIBUNAL CONSTITUCIONAL es un órgano jurídico y/o político. dado que este debate nos llevaría tiempo, dado que es innegable que ambas cualidades están sobradamente marcadas en tan Alto Tribunal.  Que nunca está de más recordar, es un Órgano Constitucional, único interprete de la CE, y garante de los Derechos Fundamentales, así como materias más de conflictos de competencia de carácter político entre Órganos de relevancia Constitucional; y no Jurisdiccional, dado que no está dentro del Poder Judicial, donde bueno es dejarlo claro: el más alto TRIBUNAL es el SUPREMO, intérprete máximo de la legalidad.  No existe por tanto relación de jerarquía entre Tribunales, sino que resulta una cuestión de reserva competencial, con unas atribuciones concretas.  Quizás induzca a error el hecho de que las Sentencias Firmes del TS sean recurribles ante el TC al tutelar derechos fundamentales (53.2 CE), y por ello intereses individuales, en contraposición con las demás atribuciones del TC en las que los sujetos que forman parte del proceso son sujetos políticos.

ME VOY A MOJAR Y SEÑALARÉ EL QUE CONSIDERO SERÁ EL SENTIDO DE LA SENTENCIA QUE RESUELVE LA CUESTIÓN DE LA TASAS QUE TANTO HA PERJUDICADO A NUESTRO ESTADO DE DERECHO.

Considero que el TC va a resolver considerando las TASAS JUDICIALES conformes con la CE y con las atribuciones amplísimas que tiene el legislador, si bien volverá a señalar un pero, EN RELACIÓN A LA CUANTÍA debiendo establecerse éstas de una forma más moderada a fin de que no afecte al canon mínimo que definirán sobre el alcance del DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA (24 CE).

El TC nos tiene ya acostumbrados a desestimar todo lo que se le pone delante, marcando una JURISPRUDENCIA bastante marcada de mínima injerencia en lo político, considerando CONFORMES CON LA CE normativas tan DIGNAS DE RECIBIR PORTAZO UNÁNIME como el relativo a la Cuestión de Inconstitucionalidad del artículo 153 CP (Violencia de Género) STC 59/2008, cuestión que resolvió con más ingeniería jurídica y mortero, que acierto. No sin dejar un reguero de ¡cuatro votos particulares! más acordes con lo que yo mismo considero más razonable.

Los motivos que va a esgrimir el TC más al detalle y concretando, para aquellos que aún tengan ganas de más se basan en la JURISPRUDENCIA ya establecida por el Alto Tribunal en la Sentencia del Tribunal Constitucional nº 20/2012 de 16 de febrero, que resulta clave para prever la JURISPRUDENCIA que el TRIBUNAL tiene establecida en cuanto a la constitucionalidad del establecimiento de tasas o imposiciones fiscales para quienes deseen ejercitar las acciones de que cuenten, en demanda de Justicia. Los puntos más destacables son los siguientes:

1.- Se debe distinguir el Derecho al acceso a la Justicia, del Derecho a ejercitar los recursos que legalmente estén previstos. El primero supone el ejercicio del Derecho a la Tutela Judicial del art. 24 CE en sí mismo, y por tanto señala como canon mínimo rebasado el cual deberá en todo caso declararse vulnerado el derecho constitucional; el segundo sin embargo, no tiene carácer directamente constitucional, sino legal que establece y desarrollará cada una de las leyes rituarias de cada Jurisdicción, y por tanto no tiene alcance constitucional.

2.- El DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA (24 CE) es un derecho de carácter prestacional, siendo el Estado de Derecho quien establecerá la legislación que desarrolle el derecho. Dice literalmente: El legislador cuenta con un ámbito de libertad amplio en la definición o determinación de las condiciones y consecuencias del acceso a la justicia, pues le incumbe configurar la actividad judicial y, más concretamente, el proceso en cuyo seno se ejercita el derecho fundamental ordenado a la satisfacción de pretensiones dirigidas a la defensa de derechos e intereses legítimos (STC 206/1987, de 21 de diciembre, FJ 5). En esta regulación, la ley podrá establecer límites al ejercicio del derecho fundamental que serán constitucionalmente válidos si, respetando su contenido esencial (art. 53.1 CE), están dirigidos a preservar otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y guardan la adecuada proporcionalidad con la naturaleza del proceso y la finalidad perseguida. Puede verse conculcado por aquellas disposiciones legales que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carecen de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador

3.- La JURISPRUDENCIA que dicha SENTENCIA establece viene apoyada por la SENTENCIA EUROPEA DE DERECHOS HUMANOS, KREUZ contra POLONIA, de 19 de junio de 2001 (asunto núm. 28249/95), que dice que la imposición de una tasa resulta conforme con el derecho al acceso a los tribunales, si bien podría verse modificada si se mostrase que la cuantía de las tasas establecidas por la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, son tan elevadas que impiden en la práctica el acceso a la jurisdicción o lo obstaculizan en un caso concreto en términos irrazonables, el requisito de abonar tasas judiciales en procesos civiles no infringe por sí solo el derecho de acceso a un tribunal protegido por el art. 6.1 del Convenio de Roma. Sin embargo, la cuantía de las tasas no debe ser excesiva, a la luz de las circunstancias propias de cada caso, de tal modo que impida satisfacer el contenido esencial del derecho de acceso efectivo a la justicia.

4.- Señala que aunque la tasa sea lícita, la consecuencia de inadmisión a trámite de la demanda o recurso resulta una medida que atenta contra el propio DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL, sin perjuicio de que por otro cauce el ESTADO realice y cobre dicha deuda. Se debe, pues ya se pagará, de otro modo se estaría de facto impidiendo el acceso efectivo de quien no presentó la autoliquidación en orden y a tiempo.

5.- En cuanto al PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD el TC tiene declarado en constante JURISPRUDENCIA: que NO es lo mismo el Principio que preside el ORDENAMIENTO JURÍDICO, que el PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD que se le debe exigir al LEGISLADOR a la hora de ejercer sus ATRIBUCIONES LEGISLATIVAS, dejando un margen más ámplio y discrecional a fin de aplicar un principio de mínima injerencia dado que en la representación que ostenta aprueba nada menos que la voluntad misma de la SOBERANIA POPULAR, fundamento de todo ESTADO DEMOCRÁTICO. Por ello el PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD que se le exige no es otro que el mínimo que garantice y preserve el art. 9 CE, en aras a evitar la ARBITRARIEDAD y el sometimiento de a la propia CE.

POR TODO LO ANTERIOR, EL RECURSO RESOLVERÁ SOBRE LA ADECUACIÓN, UNA POR UNA, DE LA DEBIDA PROPORCIONALIDAD DE LAS TASAS EN RELACIÓN CON EL DERECHO TUTELADO POR LOS JUZGADOS, DECLARANDO INCONSTITUCIONAL TODA TASA QUE RESULTE DE SU EXCESIVA CUANTÍA IRRAZONABLE EN TÉRMINOS DE RENTABILIDAD ACUDIR EN DEMANDA DE JUSTICIA, por ser peor el remedio que la solución.

CONCRETANDO EN CUANTO A LAS TASAS CIVILES: debemos diferenciar la parte fija, y la parte variable en relación de la cuantía. LA CANTIDAD FIJA ES A TODAS LUCES EXCESIVA Y EVIDENTEMENTE DESPROPORCIONADA, DANDO LUGAR A VERDADERAS SITUACIONES EN LAS QUE NO SE ACCEDE A LA JUSTICIA POR NO MERECER LA PENA. En lo relativo a la CANTIDAD VARIABLE, considero que en sí mismo y dado que es variable en proporción al interés económico del pleito, por definición deberá considerarse proporcionado.

LA DECLARACIÓN DE INCONSTITUCIONAL CONLLEVARÁ QUE QUEDE FUERA DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO Y POR ELLO SERÁ EL LEGISLADOR QUIEN DEBERÁ EN SU CASO APROBAR UNAS TASAS RAZONABLES A LA LUZ DE LA JURISPRUDENCIA DEL TC, SIENDO QUE DEBERÁN SER RESTITUIDAS TODAS LAS RELACIONES JURÍDICAS SURGIDAS CON UNA NORMA INCONSTITUCIONAL, PUDIENDO LOS PERJUDICADOS EXIGIR LA RESTITUCIÓN DE LO INJUSTAMENTE COBRADO SOLICITANDO DEL ESTADO LA DEVOLUCIÓN DE LAS TASAS ABONADAS, QUE COMO ADEMÁS REQUIEREN DE TAN PROTOCOLARIA PRESENTACIÓN SERÁ EXTRAORDINARIAMENTE SENCILLO ACREDITAR LA TOTALIDAD DEL PERJUICIO QUE DICHA NORMA HA CAUSADO A CADA UNO DE LOS CIUDADANOS.

Un saludo

Ion Palacios

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