AGENTES DE LA POLICÍA: PRUEBA TESTIFICAL: CREDIBILIDAD RELATIVA: VISIÓN CRÍTICA


Comenzar señalando que en cuanto a la valoración probatoria se refiere, en el procedimiento penal, la declaración de los Agentes actuantes en el Juicio oral, se articula a través de la prueba testifical, y en ocasiones, a través de la prueba pericial, cuando lo que aportan se deriva del conocimiento de una ciencia o arte, como sucede con la policía científica.  Me referiré a LA PRUEBA TESTIFICAL DE LOS POLICÍAS ACTUANTES EN EL ATESTADO, CUYA VALORACIÓN está sometida a la REGLA GENERAL:TODAS LAS PRUEBAS PRACTICADAS VÁLIDAMENTE EN EL PLENARIO, Y PRESENCIADAS POR EL JUEZ A QUO LAS VALORARÁ, DESDE SU INMEJORABLE POSICIÓN DE IMPARCIALIDAD E INMEDIACIÓN, EN SU CONJUNTO SEGÚN LAS REGLAS DE LA SANA CRÍTICA.  Por tanto, rotundamente el testigo Policía, no ostenta legalmente mayor credibilidad, validez, o veracidad; excluyéndose expresamente la presunción de veracidad con que gozan en el procedimiento Administrativo común.

Con la salvedad de los agentes de la policía, sobre quienes podríamos desarrollar todo un artículo, en su especial condición de testigo sin interés en el pleito, y por tanto cuyo testimonio se presume acorde con la realidad de los hechos de que ha tenido conocimiento, y que asegura un testimonio no afecto por conflicto alguno de intereses que puedan perjudicar la adecuación del testimonio a la real y efectiva percepción de quien depone.  Sin embargo, eso no es del todo cierto.  Debe tenerse en cuenta de que los agentes que asisten a la vista oral en la calidad de testigos de un proceso penal, es porque han tenido, en principio, conocimiento de los hechos que motivan su citación como consecuencia del ejercicio profesional como agente de la autoridad.  Obviamente, no me estoy refiriendo a los casos en que un Policía acude como testigo por unos hechos de que ha tenido conocimiento de forma casual, como particular, y sin que tenga relación alguna con el ejercicio de sus funciones.  A los que este artículo pretente señalar, debemos considerarlos, así lo hace el propio TS en multitud de Sentencias, de alguna manera, como parte del proceso, pues habrán actuado de alguna forma en el ejercicio de sus labores de investigador, y por ello, una vez adoptada la tesis que consideren más acorde con los hechos investigados, acude al Tribunal a testificar en el sentido y enfoque que recoge y señala en el atestado en que haya participado, y buscará de alguna manera justificar el contenido de su labor profesional, siendo evidente -cuanto menos razonable pensar- que ocultarán aquellas manifestaciones, datos, y/o conocimientos que limiten, cuestionen y/o ofrezcan dudas sobre la tesis final que el equipo instructor ha recogido en el atestado como el más acorde con la verdad material de los hechos investigados.  Sin embargo, esto no es sino un acto que requiere neceariamente de una actividad valorativa, legítima, necesaria, y las más veces acertada -faltaría más-, siendo competencia del Tribunal enjuiciador la definitiva valoración de la adecuada razonabilidad de la tesis que el equipo instructor ha considerado la correcta.  En dicha labor soberana, el Tribunal a quo, a quien compete la definitiva y decisiva labor de valoración, inherente al ejercicio mismo de su potestad jurisdiccional, los agentes de la Fuerza actuante tenderán, incluso de forma inconsciente a deponer en un sentido claramente dirigido y encaminado a acreditar la bondad de su valoración, que deberá en Justicia refrendar la Sentencia Judicial, convirtiendo lo que fue una tesis policial, luego acusación del Ministerio Fiscal, y hoy ya Sentencia del Tribunal sentenciador.  Desean sobre todas las cosas que su labor se vea refrendada con una Sentencia que, a la postre, tiene la función de “cerrar el circulo”.  Y esta práctica, es sin duda, totalmente natural, y de la que excluyo en este enfoque crítico, las actitudes en las que los Agentes actuantes depongan ante un Tribunal de Justicia mintiendo de forma deliberada y consciente.  Estos casos son -espero- excepcionales, y más propios de delincuentes con “entrada” en el banquillo de los acusados, que de testigos, que no dejan de ser, testigos profesionales, pues es una parte de su trabajo.   Mi punto de vista crítico se centra en los casos en que de forma inconsciente se conduce la declaración, se enfoca, se tiende, a través de imprecisiones -conscientes me refiero-; en evitación de aquellas respuestas que “consideran” que van en contra de su tesis -consideración errónea a veces, por desconocimiento natural de detalles técnico-jurídicos; olvidando “adecuadamente”, de una forma idónea, a esas mismas subjetivas consideraciones; maquillando; exagerando; y/o enfocando su declaración en ese sentido que busca, muchas veces, de forma excesivamente obvia, y que NUNCA ESCAPA al Tribunal, igual que a quienes estamos en estrados.  Por algo estamos ahí.  Debo dejar claro, en cuanto a la labor desarrollada por estos Agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a los que en este artículo me refiero, que en la inmensa mayoría de veces, con razón, suelen acertar en las tesis que acaban planteando en sus atestados.  ¡Menos mal!  No vayamos a pensar, que este artículo da virtualidad a los clásicos “discutidores de café” que se quejan, las más veces sin razón, de que la policía “siempre” miente.  ¡Sí, claro, siempre y en todo!  Me recuerda a quien espetó en la película BRAVEHEART:

– ¡¡Tú no eres William Wallace!!

 – No… ¡William Wallace mide 4 metros, y echa rayos por el culo!

Sin embargo, qué pasa con quien su actitud claramente enfocada a reforzar artificialmente los verdaderos motivos existentes con clara deseo de que en ese caso se dicte una Sentencia en sentido condenatorio, que al final consigue.

Ciertamente la competencia valorativa de la razonabilidad y credibilidad del elenco probatorio compete de forma soberana al Tribunal a quo, así quien consigue persuadir adecuadamente a éste cosechando la valoración probatoria de conformidad con “sus intereses”, y considerando la estructura del proceso penal donde la fijación de los hechos que se declaran probados, resulta casi inamobible a través del control ejercido por el Tribunal ad quem -en sede de Apelación o Casación, incluso obviamente Amparo- que es claramente incompetente para valorar las pruebas personales -no documentales-; la valoración de la prueba compete exclusivamente a quien ostenta la inmediación: el Tribunal a quo -ex artículo 741 LECr.- así lo señala la Jurisprudencia, ya consolida, del TEDH y del TC desde su decisiva Sentencia del Tribunal Constitucional 167/2002.

Este artículo únicamente busca proyectar una visión y enfoque de sana crítica de la que se derive una: ACTITUD DE CAUTELA ADECUADA AL VALORAR E INTERPRETAR LA DECLARACIÓN TESTIFICAL DE LOS AGENTES DE LA FUERZA ACTUANTE QUE TUVIERON CONOCIMIENTO DE LOS HECHOS POR LOS QUE DECLARAN, COMO CONSECUENCIA DE SU LABOR PROFESIONAL DE INVESTIGACIÓN; EN QUIENES DEBERÁ APRECIARSE UN “TIBIO” INTERÉS EN SUS DECLARACIONES, QUE TENDERÁN CLARA Y EVIDENTEMENTE A JUSTIFICAR LA PROFESIONALIDAD DE LA TESIS RECOGIDA POR ESTOS EN EL ATESTADO, BUSCANDO EL REFRENDO DE LA SENTENCIA QUE CONVALIDE SU TRABAJO PROFESIONAL; EVITANDO EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE, A TRAVÉS DE UNA ACTITUD REACTIVA DE OPOSICIÓN, A PROPORCIONAR DATOS QUE CONSIDEREN SUBJETIVAMENTE QUE SON CONTRARIOS A LO QUE NO DEJA DE SER “SU INTERÉS”.

ANÉCDOTA EN QUE LA ACTUACIÓN POLICIAL AFECTÓ EL SENTIDO DEL FALLO

El caso que me exasperó es el siguiente.  Debo señalar que este es un caso concreto, y que no debe interpretarse como una situación ni habitual, ni ordinaria; sino más bien al contrario, un hecho excepcional que derivó en condena de quien no había cometido el hecho de que venía siendo acusado.  Siendo obviamente una visión subjetiva, mía, personal, y que se constituye como propia, independiente, algo parcial por necesidad, y que deberá ser tomada con el estatus de artículo de opinión.

El caso concreto se sustancia en una pequeña trifulca entre un conductor de Autobuses urbanos de una Ciudad, y una patrulla de policía que tenía el vehículo mal estacionado en la parada de Bus, impidiendo que éste pudiera dejar a los pasajeros en el lugar especialmente habilitado al efecto, donde se cumple con las más adecuadas condiciones de seguridad para entrar y salir del mismo.  El chofer insiste en varias ocasiones a fin de que la patrulla, en la que hay dos agentes despistados, o bien no se entera de nada, o bien hace caso omiso a las indicaciones luminosas al principio, y acústicas en una segunda instancia, a fin de que retiran el vehículo policial que invadía la parada habilitada del Bus.  Al final el chofer, ante la ausencia de reacciones por parte de los agentes, opta por dejar bajar a los pasajeros fuera del lugar legalmente habilitado, para evitar el bloqueo de una situación que perjudicaba inneceariamente a los pasajeros, todos, que tenían que hacer un trasbordo de Autobús en dicha parada.  Una vez descienden todos los pasajeros, el chofer, visiblemente molesto con la actitud de los agentes, les recrimina su actitud.  Estos, en lugar de controlar la situación que símplemente había derivado en un chofer lógica y naturalmente enfadado, con más razón que paciencia, que sólo buscaba una reacción en los Agentes.  No existieron insultos, ni faltas de respeto relevantes, más allá del visible cabreo que el chofer no podía esconder, y que, en cualquier caso, es legítimo y totalmente conforme con las reglas más elementales del decoro, la cortesía y las buenas costumbres, que alguien a quien no se le ha hecho caso, habiéndole ignorado, no ya como ciudadano, sino como usuario de la vía pública a quien los Agentes tienen el deber de servir, ayudar, y proteger.  Uno de los Agentes, claramente enbestido de la autoritas que emanaba evidentemente por todos sus poros, y erigiendose como “La Autoridad”, en lugar de ser un humilde representante de dicha potestad, que no poder; consideró que lo oportuno en ese momento era proceder a la identificación del pobre chofer a quien antes no se hacía ni caso, y ahora iba a recibir una atención excesiva, al objeto de proceder a la oportuna denuncia como presunto autor de una falta de respeto a la Autoridad.  Actitud, que lejos de calmar los ánimos, y apagar la situación -que supongo que era lo que buscaba el joven Agente- cosechó un lógico aumento exponencial del malestar del chofer.  ¡Además se iba a comer una multita!  En ese momento el Chofer, visiblemente molesto y con un claro sentimiento de indefensión ante la actitud de quien debiera actuar como garante de la seguridad ciudadana dijo: “Voy a llamar a mi abogado, porque creo que vais a pisotear mis derechos”.  Afirmación habitual, por otro lado, que no suele ir más allá, de una declaración protesta, y que, en cualquier caso, resulta totalmente legal, y adecuada a tan lamentable situación, que parecían no saber apaciguar el visoño Agente y su compañero-consorte.  La afirmación de meter “picapleitos” en una actuación policial, es algo que, no sé porqué, suele irritar a los Agentes.  Sin embargo, resulta tan legítima como adecuada.  Y ciertamente no se suele culminar dicha declaración de intenciones; pues quien interesa la presencia de su letrado, le llama para que aparezca, no anuncia que lo va a llamar, a modo de “amenaza legítima”.

El caso es que el chofer subió al Bus en busca de la documentación requerida, que se encontraba en un cajetín donde estaban en el siguiente lógico orden: el DNI y carnet de conducir en el fondo, encima el móvil, y en cima unas gafas.  El orden es coherente con el uso que se le da durante el día por el chofer a cada uno de estos elementos.  Para coger la documentación, obviamente cogió el móvil, pues no era sino posible hacerse con la documentación que descansaba en el fondo del cajetín.  En ese momento, el Agente, que había seguido por detrás al chofer y que había incluso subido al BUS, situandose detrás mismo del chofer mientras éste estaba agachado recogiendo la documentación que había ido a buscar; agarrándo fuertemente el brazo del chofer y desde detrás suyo, sorprendiendo a un chofer que desconocía que el Agente se encontraba en la posición idónea para “soplarle la nuca”, le exhortó a dejar el móvil inmediatamente, y que cumpliera con la orden de aportar la identificación.  En este sentido, entiendo que el Agente al ver al Chofer con el móvil en la mano, pensó que éste lo había cogido para llamar al abogado ese molesto que sería mejor que no apareciera, y le ordenó que dejara el móvil, en una clara y total falta de legitimidad para conminar al chofer a no llamar a quien tuviera a bien.  Con la agresividad del gesto, el teléfono cayó al suelo proyectado por ser el agarrón del Agente de tal impacto que proyectó marcas ostensibles en el chófer.  En esta situación de estrés el chofer se echó para atrás para quitarse de encima al Agente que tenía encima; y fue ahí cuando el Agente, tomó la decisión definitiva de reducir al chófer sacándolo en volandas él sólo desde dentro del Autobús y proyectádolo en el suelo delante del citado vehículo.  Lo que da buena cuenta de la distancia y la violencia necesarias para que un solo agente eleve un peso muerto de 80 kg y lo reduzca, no en el  mismo sitio, sino a 10 o 15 metros, sin que el Agente-consorte, que se encontraba allí mismo, pudiera siquiera interevenir en evitación de las lesiones que se produjeron en tal maniobra policial, que concluyó tal y como dijeron los numerosos testigos congregados ante tan absurdo y dantesco espectáculo, con el Agente actuante con la rodilla izquierda clavada en el centro de la espalda del chófer, que quedaba boca abajo contra la calzada.  Hasta aquí los hechos.

Ante la violencia y la cantidad de testigos, y con la nada colaboradora actitud del Chófer, en quien concurría una creciente crispación, de “amenazar” al inexperto Agente por lo que se suele llamar en el lenguaje de la calle: brutalidad policial; el Agente vio la necesidad de proveerse una defensa, dado que su actitud evidenciaba, con tanto testigo que vieron su proceder, cuanto menos una amonestación de tipo disciplinariar -que muchas veces ni siquiera se concretarán en perjuicio efectivo alguno para el agente.  Pues el Agente actuante, y después vimos que con la TOTAL Y ABSOLUTA colaboración del Agente-consorte, que había pasado desapercibido hasta su comparecencia en el Juzgado de Instrucción para declarar por los hechos, y que optó por apoyar a su compañero, decidieron, exagerarndo los hechos en su favor, ocultar la presunta extralimitación del agente, con la inclusión de una “pequeña patadita” inexistente -a modo de coz decía el atestado, para adecuarlo a una lesión que el Agente tenía en la rodilla izquierda, y que a estas alturas ya sabemos cómo se produjo; y resultando el Agente actuando con la citada lesión, más otra de tipo tendinoso en su muñeca, que se metió “de tapadillo” como consecuencia de la agresión del chófer en la modalidad de forcejeo o resistencia que iba ha derivarse en acusación formal del artículo 147 CP; y que termina con una acusación por delito de atentado del artículo 550 CP porque la “patadita”, que parece maquillar adecuadamente cualquier actitud de extralimitación del agente, añadiendo “simplemente” la patada tipo coz (sic.) como si no fuera para tanto.  Sin embargo, la penalidad de dicho delito se enmarca en una orquilla que va desde 1 y 4 años de prisión y multa. ¡Ahí es nada!  Además, la prueba de cargo se articula con la prueba directa compuesta por la declaración del propio agente y su compañero. ¿Alguien sabría decirme cómo podemos acreditar que un hecho no ha sucedido?  Tal cosa es por definición imposible.  No es posible probar que algo no ha sucedido, o que algo no existe, la reconocida desde tiempos de Roma con el sugerente nombre de probatio diabolica, pues si algo no ha sucedido, es imposible que deje pruebas, en el sentido de vestigios que acrediten la realidad de un hecho.  Es más, la prueba de hechos negativos, sólo se entiende cumplida desde una perspectiva de interpretación refleja: si acredito que el día de autos estaba en Madrid, no estoy acreditando que no estuviera en Bilbao, aunque se de por hecho el principio elemental de la física, por el cual un mismo espacio no puede ser ocupado en un mismo momento por más de una cosa a la vez.  Que implica a sensu contrario que si uno está en Madrid, no puede estar a la vez en Bilbao.  Pero técnicamente, no es una prueba directa, sino indiciaria; que conlleva la acreditación de un indicio, y de una aplicación racional del principio lógico de no contradicción, con expreso respeto del principio de la física que debemos dar por bueno.

Conclusión: con este panorama, el cliente, sin antedentes penales de ningún tipo, prefirió 2 años después, decir que “por la paz, un Ave María”, y olvidar la historia, sin entrar en un “matadero” en el que le iban a endosar, con las solas declaraciones de los Agentes, que obviamente no iban a cambiar de versión ahora, debiendo lógicamente mantenerla, si bien, lo cierto es que optaron por retirarse de la Acusación particular que mantenían en la instrucción del procedimiento.  Parece que con la que habían montado, y viendo que además el pobre chófer se estaba a punto de comer una condena de 1 año de prisión, decidieron no hacer sangre, y en lugar de mantener la Acusación particular contra el Chófer, en el trámite de Transformación a Procedimiento Abreviado, optaron por renunciar a ser parte acusadora en esa causa.  No renunciaron a la indemnización, que obviamente, también se comió el Chófer, ¡como un señor!  Debiendo abonar al Agente actuante la friolera cantidad de 2.000 pavos, que son un premio a la medida de la Justicia.

Anécdota desagradable, tanto para quien la vivió en primera persona, como para su letrado, que tuvo que informar en un sentido realista, dejando claro, que el hecho de que uno no haya cometido un delito del que viene siendo acusado no empece en ocasiones, para que aún así, y visto el percal, conformarse con la mínima, para evitar una Condena aún más fuerte, que aviva en coherente progresión geométrica el nivel de enfado de quien conoce en persona como chófer, a dónde puede conducir la Justicia.

En mi ciudad, Vitoria-Gasteiz a 24 de abril de 2016.

P.D. El Chófer no cree en la Justicia.  ¿Porqué será?

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