“CASO CARRASCO” ABSUELTA RAQUEL GAGO DEL DELITO DE ASESINATO


Ahí dejo el enlace con la Sentencia de la Audiencia Provincial de León Sección Tercera en la causa LOTJ nº 37/2015, como siempre, para los que quieran ir ¡a por nota!  Entretenida Resolución de más de 100 folios, que no repara en explicaciones para desarrollar de una forma clara, seria y fácilmente inteligible el motivo que le lleva a Su Señoría a dictar una Sentencia que choca, prima facie, con los hechos declarados probados por el Jurado en su labor soberana de interpretar la prueba y determinar el factum del que, como bien explica, y reconoce, no puede de ninguna manera salirse para el dictado de la Sentencia, en la labor de subsumir dicho factum en los tipos penales objeto de estudio en el pleito y que viene fijado, en este caso, por las conclusiones definitivas de las partes Acusadoras y la Defensa.  Y ello, porque en todo pleito, rige las premisas mínimas exigidas para un juicio justo -ecuánime dice el artículo 6 del Convenio de DDHH y la Jurisprudencia que lo desarrolla-, igual que la del TC y el TS en relación al deber de motivar las resoluciones judiciales, en relación con la interdicción de arbitrariedad de los poderes públicos que la CE proscribe expresamente en el artículo 9.3 CE.  Ello lleva a la labor del Magistrado-Presidente de actuar primeramente como garante del derecho reconocido en el artículo 24.1 y 24.2 CE en relación a la tutela judicial efectiva y el principio de presunción de inocencia, y la doctrina del TC que la desarrolla.  En este sentido, el Magistrado-Presidente tiene el deber de sustraer de la decisión del Jurado un Veredicto, si comprueba, una vez concluso el plenario, que no existe prueba de cargo alguna, válida, incriminatoria tras la celebración completa de la Vista oral.  En este caso es obvio: infringiría la doctrina del TC en relación a la presunción de inocencia, que antes de encomendar la labor valorativa de la prueba de cargo practicada de acuerdo con los principios generales exigidos –oralidad, inmediación, contradicción  y publicidad– a la sana crítica, de forma global, por quien tenga la competencia de hacerlo: en este caso el Jurado, normalmente el Tribunal Sentenciador o Juzgador –a quo-.  De esta forma, si Su Señoría, ve que no existe prueba alguna, no somete el caso al Veredicto del Jurado, sino que directamente dicta una Sentencia con contenido absolutorio, pues ninguna otra consecuencia sería conforme a derecho.

Posteriormente, se centra detalladamente en la necesidad de motivar la Sentencia, y de que el Jurado explique, según viene exigiendo en este excepcional supuesto de los Jurados, como órgano colegiado compuesto por nueve ciudadanos, legos en derecho: una motivación sucinta de los motivos que han llevado al Jurado a declarar probado un hecho o declarar otro como no probado.   Esta labor es, como añade, competencia propia del Jurado, que es quien ha declarado un hecho como probado o no, a través del sistema establecido por la Ley para la votación y fallo, de las preguntas que forman el contenido del Veredicto, y que se formulan por el Magistrado-Presidente, a través de su conocimiento técnico-jurídico al objeto de incluir en el Veredicto, sólo cuestiones que tengan consecuencias jurídico-penales, siendo el resto de cuestiones ajenas a la Jurisdicción penal, y al enjuiciamiento del Tribunal.  Como por ejemplo, invenciones malintencionadas y que resultan más propias de quien busca confundir al personal, que de quien ayuda a la resolución de una controversia, como la “chorrada” (permítaseme este inciso propio de un lenguaje más cheli) de el “autor intelectual”.  Ahora va a resultar que a los criminales se les va a conceder una loa y mérito de ser considerados además “intelectuales”.  Definir como intelectual algo que no lo es, es propio de quien no sabe de lo que está hablando, y que, por definición, no es propio de su condición, que dista de lo que, la RAE, y el común de los ciudadanos entendemos por intelectual.  Si a uno le es ajena una condición, dificilmente va a ser capaz de definir, o calificar, eso mismo que le es desconocido, a otros.

Sentencia Audiencia provincial de León, caso carrasco 2016, juicio con jurado

Al final y abreviando, concluye que la participación real y material de Raquel Gago en relación con el delito de asesinato -dar muerte a la víctima- no tiene contenido real que permita una subsunción de esos hechos probados en las figuras introducidas por las acusaciones de forma subsidiaria en relación al grado de participación en los hechos: Coautoría, Cooperación necesaria, y complicidad.  Siendo sabido que el delito de encubrimiento no es una forma de participación, sino un delito autónomo, castigado y penado en su tipo penal concreto, analiza la Jurisprudencia de la Sala Segunda, en relación a qué es lo decisivo en cada caso para encajar la participación en una u otra figura.  Concretamente señala que el Jurado no considera como hecho probado, que Raquel Gago hubiera desarrollado ninguna labor de colaboración efectiva -se planteó por la acusación la realización de vigilancias de la víctima, que no se tuvieron por acreditadas por el Jurado-, aunque sí afirma que conocía la conspiración de la Madre y la hija, y que se mostró receptiva en cuanto a facilitar la colaboración necesaria para cumplir con el plan urdido conjuntamente con las otras dos acusadas.  La mera intención de ayudar no basta para que a uno le imputen una participación con contenido penal reprochable, dado que el apoyo moral con quien sí lleva de forma directa o mediata el crimen, no es susceptible de sanción penal, y menos con la “dosis” que estamos hablando: más de 15 años de prisión :-O  De esta manera, el Magistrado-Presidente decide, acertadamente creo yo [me mojo], considerar que los hechos probados que se le imputan probados no son susceptibles de ser encuadrados de conformidad con la teoría de la imputabilidad que también viene al caso ser tenida en cuenta.  La colaboración resulta excesivamente pasiva, genérica e instrumental, siendo perfectamente prescindible su participación para la obtención del resultado del delito.  Cosa que no sucede con los actos declarados probados respecto de la hija, en quien sí concurre una participación activa en el delito, si bien desde el grado de participación de cooperadora necesaria.

¡No dudo que se ha tenido que llevar una alegría, con el panorama que se le venía encima!  Las espadas siguen en alto, dado que queda la Segunda instancia y el Recurso de Casación penal ante el Tribunal Supremo, al que es presumible llegará el asunto.  Todavía hay tela que cortar 🙂

En Vitoria-Gasteiz a 13 de marzo de 2016

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