“CASO NÓOS”: CUESTIONES PREVIAS: LEGITIMA A LA ACCIÓN POPULAR


Por fin, poco a poco, se van abriendo los claros, que empiezan a encauzar el “CASO NOÓS”, y las diarias referencias de la prensa, en relación a las infinitas cuestiones que vienen suscitándose -en el uso legítimo de las defensas, y no tan clara legitimidad de las acusaciones del MF y abogacía del Estado- y que los medios han venido a “intentar” explicar como buenamente han podido, lo que buenamente han sido capaces de entender, de los que buenamente alguna mente iluminada, no ha sabido trasmitir con la nitidez que impida pronunciamientos incoherentes y ajenos a la realidad como el dar “por hecho”, que alegaciones aún no resueltas por el Tribunal, iban a ser resueltas “evidentemente” en  un sentido concreto, que aclaraba más cosas acerca de quien firmaba tan valientes aseveraciones al pie de artículos de prensa cuyos aciertos sólo podían ser fruto de la casualidad, y de una acusada ignorancia; y que hoy es el día en que el Tribunal a quien compete resolver, lo hace, tal y como yo sí me esperaba, sin sometimiento alguno que afecte a la independencia que se predica del Poder Judicial en el artículo 116 CE.

Me estoy refiriendo concretamente a la cuestión previa que interesaba por la defensa de la Infanta la nulidad del Auto de apertura de Juicio oral en relación al pronunciamiento que afecta a su cliente, con la pretensión de que, una vez estimado el alegato en el sentido que interesaba al derecho de su cliente, se declarara la nulidad de los pronunciamientos de dicha resolución en el sentido de acordar aperturar Juicio Oral contra su defendida por una acusación formulada exclusivamente por una Acusación pública (Manos limpias), dándose la circunstancia de que el MF solicitaba el sobreseimiento respecto de aquella en idéntico trámite.  Igualmente se pronunció la Acusación particular personada por la Abogacía del Estado, quien solicitaba igualmente -con una más que dudosa legitimidad para instar algo que, no le afecta en nada, y le es totalmente ajeno. Estamos hablando del ejercicio de la Acción penal por una parte -acusación pública- personada en el procedimiento, y dirigida contra otra parte -la infanta-, también personada en la causa y en quien concurre, un más que evidente interés en el ejercicio del derecho de defensa, que podrá desarrollar como tenga a bien.  Y en ese ejercicio legítimo de defender sus intereses, debe incluso señalarse que la defensa de la Infanta sólo puede ser desarrollada por ésta, a través de su defensa, siendo además la técnica defensiva que tenga a bien desarrollar la que per se colma toda la legitimidad en defensa de ésta, haciéndolo de forma exclusiva, y excluyente.  Nadie más, fuera de su defensa, puede articular prueba alguna, ni alegato alguno, para la defensa de sus intereses, dado que esto podría resultar contraproducente para su resultado final, siendo la única parte legitimada para ejercer la Acción penal, como única pretensión capaz de producir consecuencias jurídicas en perjuicio de los intereses de la parte acusada, la que a través de dicho ejercicio, y con celoso respeto de principios como el Acusatorio formal, al amparo del derecho reconocido en el artículo 24.1 CE en relación  a la tutela judicial efectiva, pueda practicar prueba en ese sentido.  Impidiendo de alguna manera que se personen partes, con una apariencia de defender unos intereses, y utilizando como subterfugio la presunta defensa de unos intereses claramente expresados y manifestados, se proyecte una actividad probatoria con claro sentido e interés ajenos al que legitimaba su personación como parte en la representación que se ostentaba.  V.g. en el “CASO DEL 11-M” el Juez BERMUDEZ, en su legítima atribución de director del debate, señaló tan clara como acertadamente, que determinada parte personada como Acusación popular, o particular -no lo recuerdo bien- pretendió desarrollar prueba tendente a acreditar que los autores de los hechos recogidos en el apartado I de su escrito de calificaciones provisionales debía acreditar, que fueron realizados por los acusados que el propio escrito mencionaba, y para los que se solicitaba la correspondiente pena; siendo que en la práctica, dicha acusación mantuvo una actitud clara, en relación a pretender acreditar que los autores de los hechos enjuiciados eran personas ajenas a las que estaban sentadas en el banquillo, y ajenas al procedimiento.  Como bien aseveró, la acusación debe probar aquello que dice en el escrito de acusación, y nada más.  Practicar prueba tendente a acreditar que los hechos enjuiciados han sido cometidos por personas que no están siendo acusadas, es en realidad una técnica defensiva, que adecuadamente tenía derecho a articular las partes que representaban a las defensas, pero nunca por quien ha formulado acusación formal por unos hechos contra unas personas concretas: los  acusados.  Dado que en el caso de que esta acusación, a la luz de la prueba practicada, viera que aquellos contra los que se formulaba acusación, no fueron los autores, y viendo que los autores resultan ser otras personas ajenas al procedimiento, lo adecuado en ese caso sería retirar la acusación formulada provisionalmente, abandonando el pleito, y dejando de ser con ello parte del mismo.  Por supuesto, tal esperpento, resultó ser el de algún iluminado que fue al juicio con la idea de probar que ETA estaba detrás del grave atentado del día 11 de marzo.

Pues bien, se ha dictado Auto resolviendo las cuestiones previas a la celebración, propiamente dicha de la vista oral.  AUTO ROLLO 58/11 de la AP MALLORCA (sección 1ª) con fecha 29 de enero de 2016.  La citada resolución resuelve sin medias tintas las cuestiones planteadas, sin caer en la más que habitual -muchas veces ejercida en exceso- solución intermedia de: “el Tribunal resolverá en Sentencia las cuestiones planteadas”, en clar técnica de ¡balones fuera!  En este sentido, es doctrina del TS la que señala en los casos en los que la decisión no se haga depender de la práctica de la prueba posterior desarrollada en el plenario, sino que resultan bastantes los datos aportados en ese momento para resolver la cuestión concreta.  Declara que resulta una incorrecta técnico jurídica, abusar de la remisión a la Sentencia final para la resolución de las cuestiones que pueden ser resueltas sin mayor problema en dicho momento procesal.  En ese sentido, existen multitud de ejemplos, como los relativos a la prescripción del delito, o incluso la alegación hecha por la defensa de la Infanta, que siendo una cuestión puramente jurídica, no requiere de práctica alguna probatoria, para mejor resolver dicha cuestión.  Siendo además, que si dicha cuestión fuera aceptada, la Infanta se vería excluida del proceso en un trámite que le ahorraría la “pena de banquillo”, que en este caso no es tal pena, sino una consecuencia natural de aquellas personas que tras ser investigadas, han resultado contra ellos, indicios bastantes de criminalidad que han llevado a alguna de las partes personadas a formalizar acusación.  No es para nada una acusación que viene de la nada.  Ni mucho menos es una acusación que se sustenta sólo en aire, y no en pruebas solidas, como dice el MF.  Lo cierto es que parece desconocer que la PRUEBA en el proceso penal sólo se desarrolla, propiamente dicha, en el acto de la vista oral, salvo las excepciones de las pruebas preconstituidas, que por imposibilidad de ser desarrolladas en el acto en el que debe practicarse TODA la prueba de la acusación y los descargos de las defensas.  Y resulta casi hasta una afirmación obscena por parte del MF, el considerar que a la Infanta se le está generando INDEFENSIÓN.  Que no concreta.  Como no podía ser de otra manera.  Y lo digo, más que nada, porque TODOS LOS ACUSADOS de todos los procedimientos penales que soportan la acusación, siempre del MF, se encuentran en una situación similar.  Y digo similar, dado que aún no ha empezado la Vista oral, y por tanto, no se ha practicado aún la prueba.  Que no dudo se practicará con celoso respeto de los principios que rigen el proceso equitativo que garantiza el artículo 6 del Convenio de DDHH, y que reconoce la doctrina del TEDH: inmediación, contradicción y publicidad.  Normalmente solemos ser las defensas quienes invocamos la vulneración del derecho de defensa con indefensión, en la clásica situación de agarrarse a todo clavo ardiendo que vaya apareciendo.  Suele normalmente denotar que la indefensión es más una invocación formal, que material, pues de existir tal indefensión, es habitual, casi natural, concretar de una forma nítida cuál indefensión y el alcance de la misma, sin que se haya podido articular el derecho de defensa dentro de los márgenes establecidos como adecuados, produciéndose en este caso, sí, una auténtica indefensión que impidió el ejercicio de la defensa sin que dicho déficit sea imputable a quien lo invoca.

Las llamadas “estratagemas para tener razón” sólo son el recurso del que echamos mano cuando no nos asiste la razón, dado que si así fuera, no serían estratagemas, sino pruebas que acrediten la realidad de lo que manifestamos, y las razones que apoyan nuestro derecho.  Por lo que, está bien saber de todo, pero ni muchísimo menos debemos centrarnos en dominar la retórica, y demás técnicas que nos aporten una grandilocuencia, cada vez más ajena a los Tribunales de Justicia, y más vedados y reservados al ámbito mitinero.  Debemos guardarnos estos estériles alegatos, para lo que son: para el ámbito de la publicidad; y no para el ámbito del enjuiciamiento, en causa criminal, ante un Tribunal de Justicia.  Lo digo en clara referencia a la actuación, lamentable, de la Abogada del Estado, cuando dijo que “Hacienda somos todos”, es una frase que se dice, pero que en realidad no es así.  Pues resulta que el Tribunal tiene claro lo diametralmente opuesto: ¡CLARO QUE HACIENDA SOMOS TODOS!  Con independencia de que la Abogacía que representa al Estado, y en concreto a la HACIENDA PÚBLICA, desconozca que así es.  Que manifieste, en representación de los intereses del Estado -Hacienda- sin sonrojarse, que eso de que Hacienda somos todos, es una frase que sólo busca en el ámbito de la publicidad, trasmitir a la gente la necesidad de cumplir con las obligaciones tributarias, a través de una frase engañosa que en realidad encierra una afirmación ajena a la realidad.  Además, ha salido en la TV, en internet, en la prensa…  Y si nos fijamos en el tono, el volumen enérgico utilizado, en sus alegatos, la firmeza y contundencia con las que sus palabras sentencian una resolución en sentido diametralmente opuesto al que al final ha resultado ser; lo cierto es que, no sé si incluso se acaba creyendo lo que dice como cierto.  Normalmente, dicha actitud, dicho resultado adverso, suele llevar como consecuencia natural la aseveración de quien ha recibido tal contrapié, en el sentido de acusar a quien resolvió en contra de sus intereses: que quien suscribe dicha resolución no se entera de nada; y claro, ni se molesta en leer y analizar los motivos que fundamentan tal decisión.  Asegura así que la próxima vez, se tope con otro órgano decisor que no tendrá ni idea, y que resuelva impartir justicia, y no en el de dar la razón, como único fin de quien acude a un Tribunal de Justicia.  Es mi caso también, como el de todos.  Eso sí, es sano que antes de hacerlo, exista un análisis de prosperabilidad razonable como para emprender tan cara, como costosa empresa.

Dejo el citado Auto por si algún valiente quiere ojearlo.  U hojearlo.  Lo he subrayado yo.  Lo digo por si así animo a quienes son vagos por naturaleza, como yo. Auto Audiencia caso noos, doctrina botín

CONCLUSIÓN: ¿En qué coño estarían pensando todos aquellos que daban por hecho que se iba a aplicar una doctrina que nada tiene que ver y que ha quedado absolutamente superada, completada y, ésta sí, consolidada, y reiterada por otras?

Nada ha cambiado en este caso respecto de mi criterio. Que mostré en su día en el artículo del que dejo constancia.

https://ogueta69.wordpress.com/2015/01/01/nadie-se-acuerda-de-un-tal-atutxa/

https://ogueta69.wordpress.com/2014/11/08/lecturas-y-revistas/

En la ciudad que me vio nacer a 2 del 2 del 2 mil 16.

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