PRINCIPIO ACUSATORIO FORMAL: PROCESO PENAL: DOCTRINA TC Y TS


Quizás, sea conveniente recordar conceptos básicos, en lugar de cometer el error de dar por hechos conceptos que debieran estar sólidamente enraizados en la mente de cualquier jurista que se precie, en particular, en aquellos que tengan como habitual actuar ante Tribunales de justicia dentro de la Jurisdicción de lo criminal, al objeto de no centrarnos antes en ser artistas que en ser simplemente conocedores de qué es el arte.  En 3ª no se arranca mejor que en 1ª, ni se llega más rápido ni al destino, ni a la velocidad adecuada.  De igual forma sucede en todos los aspectos de la vida: subir las escaleras comenzando desde el primer peldaño, aunque muy bajo para las aspiraciones de cualquier espíritu, tan intrépido como joven, es la mejor manera de subir las escaleras; que el intento de alcanzar la cima comenzando desde el 4º peldaño, al que ni siquiera llegamos, y que simplemente nos provocará: daño.  Innecesario.  Aunque igualmente válido para aprender.  Aprender, es más una actividad dependiente del alumno, que del profesor.

Pues un principio fundamental del proceso penal, desde que dejamos atrás el sistema inquisitivo con la LECr 1881 -vigente hoy, es el principio acusatorio formal que rige la jurisdicción penal.  Básicamente todos sabemos en qué consiste, a grandes rasgos:

1.- por un lado, supone una congruencia entre el ejercicio de la acusación, y el de la defensa;

2.-se extiende dicha congruencia entre las conclusiones definitivas y la Sentencia de Instancia;

3.- establece la nítida distinción entre la parte que acusa y el Tribunal Juzgador, que se extiende igualmente a exigir la perfecta diferenciación entre las figuras del Juez instructor -figura que no sabemos durará mucho, si sale adelante la Reforma procesal penal que destina al MF la labor de investigación, igual que pasa ya satisfactoriamente en la jurisdicción penal de menores- y el Juez o Tribunal enjuiciador.

4.-Desde la relevante Sentencia del Tribunal Constitucional 155/2009 de 28 de julio (pon. Excmo. Sr. Vicente Conde Martín de Hijas) FJº 3º en lo que se decide avocar al Pleno del Alto tribunal la deliberación y fallo del asunto, para fijar de forma más nítida y sin dejar lugar a dudas que “que  la vinculación del principio acusatorio con los derechos constitucionales de defensa y acusación como con la garantía constitucional a la imparcialidad judicial, pues si existe extralimitación del Juzgador en el alcance del fallo, se estarían infringiendo los principios básicos del proceso penal a un juicio equitativo, desde el punto de vista de la necesaria contradicción, al objeto de evitar la expresamente vetada indefensión de las partes, y en concreto del acusado.  Por ello, señala el TC que aunque no aparece expresamente invocado en la Carta Magna, dicho principio se encuentra integrado dentro del mismo artículo 24.1 CE en relación con el derecho a la tutela judicial efectiva; siendo por tanto el interés que suscita de rango constitucional, más allá de la simple legalidad ordinaria.

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Excma. Sra. Dña. Adela Asua Batarrita.  Vicepresidenta y ponente

En concreto, y tras explicitar un cronológico, completito, de la Jurisprudencia del TC, se termina estableciendo de forma concreta, esto es: fijando nueva doctrina en el sentido de: impedir dicho principio que el Juzgador pueda excederse en la Condena, y de forma más gravosa para el reo de la petición concreta que la acusación haya formulado, consolidándose como un límite ineludible que el Tribunal no podrá jamás rebasar.  Esto venía al hilo de la anterior doctrina que permitía al Tribunal, en aplicación del principio de legalidad al que está sometida la potestad jurisdiccional, a la imposición de una pena superior a la solicita por la inadecuada acusación ejercitada, en solicitud de una penología inadecuada al tipo penal del que se pretenda deducir.  En aquellos casos, el Tribunal, sin modificar el factum ni el precepto penal invocado, únicamente se limitaba a aplicar la Ley de forma correcta, como el experto en derecho que es –iura novit curia-.  Esos tiempos quedan atrás.  El TC decide, al objeto de acomodar su jurisprudencia a la aplicable en la mayoría de los Estados del entorno, y por ello decide, con clara intención de aquilatar los derechos del reo en una clara interpretación más favorable, establecer la doctrina que acabo de indicar.

La reciente Sentencia Tribunal Constitucional 223/2015 de 2 de noviembre (pon. Excmo. Sra. Dña. Adela Asua Batarrita) STC 223-2015, robo, reformatio in peius viene a centrarse en el mismo principio acusatorio formal, pero en esta ocasión, desde el prisma del límite establecido a los Tribunales superiores que conocen por vía de recurso, en Segunda instancia, con plena validad para recursos extraordinarios como el de Casación, e incluso el de amparo constitucional ante el TC.  Dicho límite opera, tal y como señala: como una especie de principio rogatorio o principio dispositivo, estableciendo como límite infranqueable dentro del capital principio -que reitera de interés constitucional aún sin estar citado en la Carta magna- el de la congruencia de la Sentencia de Apelación con las alegaciones del recurrente, excluyendo la posibilidad de dictar pronunciamiento “de oficio”, que no haya sido ejercitado expresamente por una acusación -en cuyo caso, evidentemente ninguna quiebra habría-.  La conocida como reformatio in peius o reforma peyorativa en la que la parte recurrente pueda verse perjudicada por el ejercicio propio de su derecho al recurso.  La finalidad de tan explícito y nítido límite es: impedir el efecto disuasorio que tendría para con el derecho a recurrir de una parte que tenga que, por miedo, no ejercer aquello que las leyes le conceden como derecho, vaciándolo así de contenido, o cuanto menos limitando el espíritu de la norma que evidentemente otorga el derecho a recurrir, para que si así lo desea el titular del derecho, lo ejercite líbremente -derecho al recurso, como es sabido, de configuración legal.  Únicamente añadir, que lo que se prohíbe no es sólo que la Sentencia resultante de un recurso tenga un empeoramiento del nivel  penológico total para el recurrente, sino que se entre a valorar “de oficio” cuestiones en contra del recurrente, y que además éstas perjudiquen al mismo.  En el caso concreto, anula una Sentencia de una AP Baleares, quien aún dejando una pena no inferior a la precedente, sí que, además de estimar el motivo planteado, decide motu propio entrar a modificar la calificación de otro de los dos delitos por los que había sido condenado, y dictar una Sentencia por un tipo penal evidentemente más grave que el de la Instancia, sin que la Acusación pública -en este caso- hubiera recurrido en dichos términos.  El TC señala que sobre aquello que no se ha planteado no puede entrar en perjuicio del promotor del recurso.

Ya era hora de que el TC dictara alguna Sentencia en el ámbito de la Jurisdicción penal, y ha coincidido que ha venido de la mano de la siempre brillante Adela, de la que tanto se aprende en esta Jurisdicción penal, hoy desde su función como Magistrada del TC, que tan técnicamente expone, y distingue en relación al enfoque constitucional del Tribunal, delimitando perfectamente la función propia de la legalidad ordinaria, que corresponde a los Tribunales ordinarios.

Por último, y para “cerrar el círculo” en relación al análisis del principio acusatorio formal, debería quizás señalar sucintamente que en nada se vulnera dicho principio en la fase de conclusiones definitivas -único momento relevante en el que se ejercitan las pretensiones de las partes, según la reiterada doctrina del TS- cuando una acusación modifica la parte jurídica de sus conclusiones -siempre que la modificación guarde homogeneidad con las provisionales-; o bien los hechos -incluidos en la primera de las conclusiones- de manera no esencial respecto de las provisionales.  La doctrina del TS es clara, constante, consolidada, y unívoca, desde, ¡¡ojo al dato!! nada menos que la STS 10 de julio de 1885.  Vamos, que aunque uno no esté de acuerdo con dicho criterio, si no sabía el del TS es simplemente, porque nunca se molestó en averiguarlo, dado que nunca ha cambiado.  Dicha Sentencia llega a admitir la posibilidad, algo forzada, de admitir una condena por un delito por el que no había sido procesado el acusado.  La indefensión en cualquier caso, puede darse, claro que sí, pero compete la carga de la prueba a quien invoca la indefensión -además en el momento que se produzca, causando necesario protesto para hacer valer en trámite de recurso dicha vulneración- que debe ser material, cierta, fácil de explicar y explicitar cuando se ha producido; y sin embargo suele ser invocada de forma genérica y sin concretar, lo que lleva a pensar, con acertado criterio, que no existió tal indefensión.

Un saludo en el nuevo año, en donde me gusta estar, Vitoria-Gasteiz, a 2 de enero de 2015.

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