RECURSO DE CASASIÓN PENAL: SU CARÁCTER EXTRAORDINARIO


La reforma reciente de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Ley 41/2015 de 5 de octubre) en la que se incluye por, por fin, la Segunda Instancia penal de forma general, en contra de la tradicional Jurisdicción penal española basado, curiosamente, en el principio de Única Instancia desde que se introdujo el sistema acusatorio formal en la avanzada Ley procesal de 1881 que proscribía al pasado al sistema inquisitorio que hasta entonces presidía la “Justicia penal”; ha permitido el retorno del Recurso Extraordinario de Casación penal a sus orígenes, para centrarse nuevamente en aquellos fines que lo hicieron nacer, de la Cour de Cassation francaise (27 de noviembre de 1790) y tras los acontecimientos sucedidos en consecuencia de la Revolution Française.

Es en síntesis el Tribunal Supremo quien resuelve estos recursos y ante quien se formalizan una vez anunciados ante la Audiencia Provincial y las Sala Civil-penal de los Tribunales de Justicia de las CCAA, así como la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, según indica el artículo 847 LECr.  Pues bien, la novedad consiste en que también tendrán acceso al Tribunal Supremo cuando se invoquen por el único motivo de invocación del 847.1 b) LECr por infracción de ley del motivo previsto en el artículo 849.1 LECrlos autos para los que la ley autorice dicho recurso de modo expreso y los autos definitivos dictados en primera instancia y en apelación por las Audiencias Provinciales o por la Sala de lo Penal de la AN cuando supongan la finalización del procesado por falta de jurisdicción o sobreseimiento libre y la causa se haya dirigido contra el encausado mediante una resolución judicial que imponga una imputación fundada”.  Se trata del control casacional por el cauce más normal para impugnar una Sentencia: el error iuris.  Este motivo supone partir, como insiste consolidada doctrina del TS y exige el artículo 884.3º LECr: “Cuando no se respeten los hechos que la sentencia declare probados o se hagan alegaciones jurídicas en notoria contradicción o incongruencia con aquéllos, salvo lo dispuesto en el número 2.º del artículo 849.”  Tiene por contenido y objeto: alzarse contra una Sentencia que, dados los hechos probados que figuran recogidos en la Resolución la correcta subsunción (acomodo de los hechos probados al delito en concreto) de dichos hechos en el precepto penal sustantivo es contraria a lo que el la doctrina del TS exige como requisitos integradores de todos los elementos objetivos y subjetivos -el animus, el dolo…- que a cada tipo penal le son propios.

Sala Segunda Tribunal Supremo

Los motivos se completan con los siguientes clásicos cauces: 849.2 LECr por error en la valoración de la prueba.  Lejos de lo que un recurso extraordinaria exige reiteramente como excluido del ámbito del Tribunal Supremo para impedir que el Recurso de Casación se conciba como una tercera instancia en la que todo se pueda nuevamente alegar, el TS excluye de su ámbito competencial la valoración de la prueba, que deberá a estas alturas permanecer incólumes tras dos instancias -cada una con sus especialidades y limitaciones como consecuencia de la inmediación penal-.  Sin embargo este cauce parece contradecir un principio básico de la naturaleza casacional, pero no.  Ni mucho menos es un motivo que permite modificar el factum ilimitadamente.  Más bien al contrario, los requisitos que exige la jurisprudencia del TS para que pueda prosperar el motivo son, muchos y muy exigentes, siendo la falta de alguno de ellos, óbice que impedirá en todo caso que el motivo prospere.  Sin extenderme y resumidamente exige: la prueba que provoca el error ha de ser documental; debe buscar la inclusión de un hecho que no consta, o que consta y no debería, o consta de modo impreciso en relación a lo que el documento explicita; el error ha de ser relevante a fin de que afectaría, de alguna manera, al fallo de la Sentencia; el documento ha de ser literosuficiente: debe explicarse claramente por sí mismo, sin necesidad de exigir inferencia alguna, ni interpretación conjunta con otras pruebas distintas, llevando de una manera inexorable a una misma conclusión; no deben existir otras pruebas, del tipo que fueran, que contradiga lo que el documento expresa -pues ahí se vería afectado por el principio de libre valoración de la prueba del artículo 741 LECr-; no se considerará documento las declaraciones documentadas en el soporte que estuviera, atestados en general -salvo fotos, croquis y otros partes del mismo, que sí son documentos como tales, ni las resoluciones dictadas en los propios autos durante el procedimiento…- sin embargo se ha ido flexibilizando este criterio dando acceso a los informes periciales en ocasiones, siempre que no resulte importante la inmediación con el perito el día del plenario.  ¡Ahí es nada!  Vamos, que dicho llanamente, y para que se entienda fácil: debe el Tribunal haber cometido un error patente, claro, evidente; que a nadie se le escape con la mera lectura de la Sentencia y que lleva a pensar que el Tribunal a quo dictó la Sentencia el día que se le alinearon todos planetas contra él, y todo le salió mal, y por su puesto la Sentencia que recurrimos: ¡se le fue la pinza, vamos!

En los demás motivos se invoca quebrantamiento de forma, clasificados en dos grupos: los que la doctrina denomina como errores in procedendo o el denominado errores in judicando.  Están recogidos en los artículos 850 y 851 LECr, que paso simplemente numerando, sin centrarme concretamente:

El artículo 850 LECr: 1.– denegación de diligencia de prueba en tiempo y forma y, sobre todo pertinente; 2.- por errores de citación para la comparecencia al juicio oral; 3.- por impedir el Presidente del Tribunal que un testigo conteste a una pregunta relevante para el sentido del fallo; 4.- cuando lo anterior suceda por considerar la pregunta capciosa, sugestiva o impertinente, sin serlo realmente, y nuevamente si ésta es relevante para cambiar el sentido del fallo; 5.- por no acordar la suspensión de la vista por incomparecencia justificada.

El artículo 851 LECr: 1.- cuando la Sentencia sea claramente contradictoria consigo misma: con infracción del principio de no contradicción; 2.- la absolución sin motivación alguna y sin recoger en el factum la relación de hechos probados que sí se deduzcan del juicio; 3.-por incongruencia omisiva -el conocido como “fallo corto”- cuando la Sentencia no responde a todas las cuestiones jurídicas planteadas en los escritos definitivos de conclusiones de las acusaciones y las defensas; 5.- por infracción del principio acusatorio formal, con condena más elevada de la solicitada por la acusación, o por delito distinto, siempre que no sea un delito homogéneo;  cuando formen Sala un número inadecuado de Magistrados; 6.- cuando firme la Sentencia un Magistrado recusado en tiempo y forma y fundada en causa legal y objetiva, que deberá acreditarse por quien lo alega, sin que quepa una recusación genérica o sin motivos concretos.

El artículo 852 LECr se refiere a dos de los más utilizados además del error iuris del artículo 849.1 LECr, si bien la jurisprudencia de la Sala Segunda viene admitiendo como cauce casacional correcto la invocación de los presentes motivos por cualquiera de ambos como buenos: por infracción de precepto constitucional -normalmente el artículo 24.1 y 24.2 CE: tutela judicial efectiva y presunción de inocencia, entre otros…- o la invocación de una nulidad de prueba por ilícita, al vulnerar un derecho fundamental: inviolabilidad de domicilio, secreto de las comunicaciones, intimidad…  Este motivo es susceptible para ser invocado lógicamente en todas las instancias, incluida la Constitucional a través del amparo constitucional, e incluso en demanda interpuesta contra España ante el TEDH -siempre dentro cada cual de la doctrina del TC y del TEDH a fin de tener opciones razonables de que prospere, sabiendo por lo menos de qué van, y los requisitos que cada Alto tribunal suele exigir-.  Animo a que a quien interese este motivo confronte otros artículos del mismo blog sobre el recurso de apelación penal.

En definitiva se permite con la nueva regulación el acceso a Sentencias de los juzgados de los Penal que en Primera Instancia, y tras Segunda Instancia ante las Audiencias Provinciales, podrá recurrirse en Casación ante el TS por error de ley a fin de conseguir el objetivo que dio origen a un Tribunal como el de casación: garantizar la seguridad jurídica, el principio de uniformidad de criterio, podrá el TS abarcar dentro de su ámbito competencial los delitos que antes se quedaban en las Audiencias Provinciales y que sólo eran objeto de estudio cuando por conexidad y acompañando a un delito más grave, también daba la casualidad que se les presentada.  Hoy el TS será capaz de garantizar asegurar que como máximo interprete del principio de legalidad, toda Sentencia -incluso de los Juzgados de lo penal- pueda ser casada, y en consecuencia: anulada, revocada y dejada sin efecto, en los casos en los que se dicte Sentencia con una interpretación claramente contraria a la doctrina que emana de la Sala Segunda, quien, por fin ostentará su originaria labor, dado que ya será de su competencia: los juicios con jurado, en unificación de doctrina: el derecho penitenciario, el derecho penal de menores; y todos los delitos del CP y de cualquier ley penal.  Se excluye el acceso por quebrantamiento de forma, que es menos importante, y dado que tampoco se pretende colapsar el TS.

Falta el procedimiento mismo: el anuncio y la solicitud de testimonio, la formalización de los recursos, y tal, y la celebración de vista de casación en ocasiones… Todo no se puede incluir en un solo artículo 😦

Un saludo

Ion I Palacios

p.d. cuadernos de derecho penal Jose María Lidón 2014, recurso casación penal, instrucción por el fiscal, medidas restrictivas de derechos fundamentales Para nota dejo este artículo que consta en la pag. 181 por si a alguien le interesa el artículo del Excmo. Joaquín Gimenez García 🙂

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