INVIOLAVILIDAD DE DOMICILIO: ENTRADA Y REGISTRO: PRESENCIA DEL INTERESADO: ARTÍCULO 18.2 CE


Dentro de las diligencias de investigación que el Juzgado instructor desarrolla en su labor de persecución de determinados delitos, la diligencia de entrada y registro requiere una mención expresa y necesaria, dado su capital importancia en relación a su desarrollo con las garantías que la CE exige a tan restrictiva medida restrictiva de derechos fundamentales.  En concreto el artículo 18.2 CE declara tajante: “El domicilio es inviolable”.  Exigiendo que, salvo flagrante delito o consentimiento del titular del derecho, el de la intimidad, no podrá realizarse dicha diligencia sin autorización judicial.  Esta contundente y concisa redacción ha sido extensamente desarrollada por la doctrina del TS y del TC, a la luz de la cual debe interpretarse su alcance constitucional en aras a analizar si se ha violentado o no el derecho fundamental declarado y garantizado por la Carta Magna.

La Sentencia del Tribunal Supremo nº 508/2015 de 27 de julio (pon. Excmo. Sr. Juan Saavedra Ruiz) en el FJº Octavo de la extensa resolución estudio concretamente la exigencia de la presencia del interesado durante la diligencia de entrada y registro, reiterando la consolidada Jurisprudencia de la Sala y del TC en este sentido, citando la STS 420/2014 de 2 de junio.

La diligencia afecta a un derecho personal, el del morador, que, de naturaleza constitucional, es el derecho a la intimidad personal, ya que el domicilio constitucionalmente protegido, en cuanto morada o habitación de la persona, entraña una estrecha vinculación con el ámbito de la intimidad, pues lo que se protege no es sólo un espacio físico sino también lo que en él hay de emanación de una persona física y de su esfera íntima (STC 188/2013 en relación al artículo 18.2 CE y el artículo 8 CEDH).

Además, incide y afecta directamente con el derecho a un proceso con todas las garantías, porque el resultado de dicha diligencia constituirá prueba de cargo en el juicio contra el imputado cuyo domicilio se ha acordado registrar, lo que determina que en la práctica del registro se garantice la contradicción para asegurar la validad del registro como prueba preconstituída.

Lo determinante es quién es el morador, quién resido realmente en el domicilio cuya intimidad se va a ver afectada.  Ordinariamente el afectado suele ser el imputado por el delito que se investiga, dado que de lo contrario, resultará más complicado que la diligencia resulte idónea, necesaria y proporcional.  El Auto que  la acuerda debe en su motivación ponderar los intereses en juego, siendo difícil que una restricción de tan relevante derecho fundamental pueda justificarse en alguien que nada tiene que ver en el asunto.  Si nada tiene que ver, ¿qué sentido tendría violentar su domicilio?  Ni sería necesario, ni idóneo, ni mucho menos, pertinente.

La naturaleza perentoria de la diligencia, que por su propia naturaleza, tiene un carácter marcado de urgencia, hace que exista cobertura legal para prescindir de la presencia del afectado en los casos en que, excepcionalmente, no fuere habido, se realizara en lugar excesivamente distante del lugar de detención, se desarrollara en el marco de una intervención simultánea en varios domicilios distintos, y demás casos justificados por fuerza mayor, como casos en los que estuviera hospitalizado; debiendo ser estas ocasiones una excepcionalidad al proceder ordinario que deberá garantizar su presencia.

Se exige en todo caso la presencia del imputado en tal diligencia en los casos en los que éste estuviera detenido, y por ello localizado policialmente.

En caso de pluralidad de moradores, y no todos estuvieren localizados, bastará con la presencia de quienes sí lo estén.

No se exige sin embargo en casos en los que las actuaciones estén decretadas secretas, tal y como reconoce la STS 143/2013 de 28 de febrero; tampoco es requisito sine qua non la presencia letrada tal y como reconoce la STS 420/2014 que sólo exige su presencia de forma preceptiva para otorgar el consentimiento voluntario de forma válida; pero en los casos en los que la actuación esté garantizada por la fe pública del Secretario Judicial, la presencia letrada no es imprescindible, dado que supone garantía bastante, dado que la autorización judicial tutela suficientemente el derecho a la inviolabilidad domiciliaria y la presecia del Secretario Judicial tutela la legalidad de su práctica y garantiza la fiabilidad del contenido del acta y la presencia del interesado asegura la contradicción, no afectado la presencia del letrado al derecho a un proceso con todas las garantías.

STS 2ª nº 508/2015 de 27 de julio, entrada y registro, doctrina 2015

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