LA SEGUNDA INSTANCIA PENAL: EL RECURSO DE APELACIÓN: ¿REALIDAD O UTOPÍA?


En relación a este tema surge inmediatamente la siguiente pregunta, que aún nadie ha sabido responder (a ver Vds…):

Antecedentes de hecho: EN LA REFORMA DEL AÑO 2003 DE LA LOPJ, SE SEÑALABA QUE LAS SENTENCIA DE LAS AP SE RECURRIRÍAN ANTE LOS TSJ EN APELACIÓN. Sin una concreta regulación sobre cómo debe tramitarse el recurso, son papel mojado.

**¿DE VERDAD RESULTA UN ASUNTO DE MENOR IMPORTANCIA, COMO PARA NO HABER LEGISLADO EL ACCESO PROCESAL DEL RECURSO DE APELACIÓN PENAL DE SENTENCIAS DE LAS AP PARA ANTE LA SALA CIVIL-PENAL DE LOS CORRESPONDIENTES TSJ?**

El TEDH no se cansa cada vez que tiene ocasión, muchas en más de una década, que es un mandato que deriva directamente del CEDH, formando parte del contenido mismo del artículo 6 TEDH en relación al derecho a a ser oído en juicio de forma equitativa. Y la reforma de LOPJ  por Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre DE 2003 (vigente el 15 de enero de 2004) recogió expresamente dicha segunda instancia, quedando a expensas de una regulación procesal que dé cauce al recurso de apelación, diciendo expresamente lo siguiente, artículo 73.3 LOPJ:

“La Sala de lo Civil y Penal TSJ, como Sala de lo penal corresponde a esta Sala: c) El conocimiento de los recursos de apelación contra las resoluciones dictadas en primera instancia por las Audiencias Provinciales, así como el de todos aquellos previstos por las leyes“.  Desde entonces a hoy han pasado… ¡¡¡11 AÑOS!!!

Concretamente la obligación del Estado Español surge con la firma de Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Nueva York, 19 de Diciembre de 1966) cuyo instrumento de ratificación por España se firmó en Madrid el 13 de Abril de 1977 entrando en vigor en España el 27 de Julio de 1977en el artículo 14.5, establece que “toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se haya impuesto sean sometidos a un Tribunal Superior conforme a lo prescrito por la Ley”
La jurisdicción penal española, resulta curioso, pero es la única del mundo que se sienta sobre la base del principio general de la ÚNICA INSTANCIA PENAL.  Por lo menos, a la luz del proceso Sumario Ordinario, reservado a los delitos más graves (más de 9 años de prisión): los más graves: ni es, un procedimiento sumario, ni desde luego, es el procedimiento ordinario.  Con la implantación del abreviado como procedimiento estándar del proceso penal, a la espera de la reforma procesal penal que está en trámite, y que busca estructurar un nuevo sistema, más acorde con los tiempos que la LECr de 1881 que hasta entonces rige en el proceso penal; se respeta la doble instancia en parte, con el acceso al recurso de apelación de las Sentencia dictadas por el Juzgados de lo Penal, ante la correspondiente Audiencia Provincial.  Sin embargo los procedimientos abreviados que se enjuician en Primera Instancia por las AP no son susceptibles de apelación, hoy por hoy, siendo el único recurso del de Casación ante el la Sala Segunda del TS.  Y éste dista mucho de ser un Recurso de Segunda Instancia, sino más bien, un mix del Recurso extraordinario, que impide al Tribunal entrar en materia de Valoración Probatoria (excepción del artículo 849.2 LECr para casos de no valoración de documentos, sin que ninguna otra prueba los contravenga, sea relevante para cambiar el sentido del fallo, y sean “literosuficientes”: se expliquen solos, sin necesidad de valoración y/o interpretación de ningún tipo).  En realidad ninguna Sala del TS entra a valorar la prueba en Casación.  Tan sencillo, y tan desconocido por la profesión, y que queda patente en infinitas Sentencias, que, como leí en una Sentencia convincentemente: ¡sorprende!.  No ya no dominar el contenido mismo de un recurso de carácter extraordinario, ni la jurisprudencia aplicable; sino además, en ocasiones, mostrando no haberse molestado en echar un vistazo antes de presentar el escrito; y no siendo muy habitual acceder a tan Alto Tribunal, y la cuantiosa minuta devengada y que se espera incluir en los honorarios profesionales; siendo además que seguramente sea un asunto de los “importantes” del despacho;  no parecen ser motivos bastantes como para mirarse en conciencia el asunto.

Por último, toda acción convella, necesariamente una reacción: “Tercera Ley de Newton“, y que ningún Gobierno está capacitado a derogar.  Aquí existen consecuencias directas por la falta del establecimiento de esa Sengunda Instancia: las Sentencias más graves que enjuician las AP y la AN no cuentan con Apelación.  Para evitar una desprotección de los procesos más graves de la Jurisdicción, el TS ha sabido moldear el objeto mismo del Recurso Extraordinario de Casación, dando entrada a cuestiones, en principio ajenas al carácter extraordinario del ámbito casacional, extendiendo con clara interpretación “in extenso” que incluye muchas materias más allá de las propias de la auténtica naturaleza de dicho Tribunal.  Igualmente, su alcance en relación con su auténtica labor: Intérprete máximo de la Legalidad, para unificar los divergentes criterios entre Tribunales de distintas regiones, pudiendo recurrir las Sentencias contrarias a su doctrina, y obteniendo del TS resoluciones declarando haber lugar al recurso: casando, anulando e imponiendo su Criterio, “superior”.  A día de hoy, gran parte del Código Penal queda fuera de su interpretación, salvo en casos de conexidad delictiva y en Sentencias puntuales, Su ámbito de control no alcanza a la posibilidad de revocar aquellas que contravengan su doctrina, y no les dé la gana seguir el criterio o tesis que el TS fija.

Esperaremos… parece que es cuestión de definir prioridades.  Y ahí sí que el estilo del Gobierno resulta seguir prioridades ajenas, absolutamente, a aquellas que vemos quienes utilizaremos esas leyes que “nos hacen”. ¡¡¡Bueno espera!!! ¿nos hacen? ¿O no nos hacen?

Ion Palacios, en la ciudad de Vitoria-Gasteiz a 6 de septiembre de 2015.

P.D. Si uno ya quiere ir “a por nota”, ahí le dejo un video al respecto con el que me acabo de topar.  Pueden parecer largas las 2h 38m 01seg del vídeo, sin embargo no resulta tan largo tiempo, si se pone en relación con la década de retraso que lleva el legislador en relación a este tema.  Más que de candente actualidad, podemos decir que la actitud del legislador confiere al tema la cualidad de “atemporal”.  Seguramente los que forman las cortes generales, son los mismos que, cuando cursaban la EGB venían siempre al colegio sin hacer los deberes 😀

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