EL TRIBUNAL SUPREMO CONFIRMA LA CONDENA AL EX MAGISTRADO ELPIDIO SILVA


La reciente Sentencia del Tribunal Supremo 228/15 de 21 de abril (pon. Excmo. Andrés Martinez Arrieta) STS 2ª 228-2015, caso Elpidio silva que resuelve el recurso de Casación de la defensa del Juez Elpidio Silva por un delito de prevaricación continuada por el que ha sido condenado por el TSJ Madrid a una pena de Inhabilitación de ¡17 años! alcanzando la Sentencia la firmeza propia de la ausencia de recurso ordinario alguno.  Queda abierta la vía del recurso de amparo a través del artículo 53.2 CE, si bien la admisión de este tipo de recurso extraordinario del TC no depende tanto intereses individuales, como de la coincidencia con el interés del propio TC al objeto de dictar una resolución al objeto de emitir y/o fijar una Doctrina jurisprudencial concreta, normalmente consecuencia de alguna Sentencia del TEDH.

Lo sorprendente del asunto, y con todos los respectos para la línea mantenida por la defensa del Sr. ELPIDIO SILVA, y de su adecuación al enfoque técnico jurídico de su estratégica defensiva, cuya fijación concreta le es propia en orden al ejercicio legítimo del derecho fundamental a la defensa (artículo 24.2 CE) consagrado en la Carta Magna.

Como decía, no sé exactamente cómo el Recurso de Casación no contenía como motivo de recurso, el que mencionaba como básico, apoyado en el Voto particular que el Magistrado Sr. Beltran, tuvo a bien dejar constancia.  Me refiero al motivo que recojo en el artículo https://ogueta69.wordpress.com/2014/10/12/el-recurso-de-casacion-anunciado-en-el-caso-contra-el-magistrado-sr-elpidio-silva-requerira-que-el-ts-resolva-sobre-una-cuestion-nueva-que-fijara-jurisprudencia/ de hace un año.

Sin embargo, cual es la sorpresa cuando evidentemente el TS no entra a valorar sobre la alegación de infracción de ley penal sustantiva a través del cauce casacional del error iuris por infracción del artículo 446.3°CP en lo relativo a que el delito de prevaricación judicial está configurado como quien dicte resoluciones injustas, y no existe sin embargo el concepto novedoso de “delito de instrucción prevaricadora”, como un TODO, o de forma genérica y global, sino que el tipo penal recoge el acto por el que se dicte una resolución de contenido objetivo injusto, con un plus de reproche que va más allá del error judicial que se pueda solventar a través del sistema procesal de recursos.

Nos quedamos así con una Sentencia del TS totalmente irrelevante en cuanto a la aportación novedosa que esperaba, viene a aplicar simplemente la conocida Doctrina propia al aplicar el control de legalidad y garantía contitucional (tutela judicial efectiva y presunción de inocencia, del artículo 852 LECr).  Se pierde de esta forma el eje fundamental en el que considero debió apoyarse el recurso, excluyendo por lo extraordinario del recurso Casacional, el pronunciamiento del Alto Tribunal en relación a la posible razonabilidad de la tesis sostenida por el voto particular, y cuya pretensión estimatoria conllevaría la necesaria anulación de la sentencia, dictándose una Segunda Sentencia, inexorablemente absolutoria.

Desde luego, el enfoque que anticipaba en aquel artículo distaba mucho del que al final constituirían los motivos sobre los que de manera efectiva descansara la prosperabilidad del recurso.

Una pena.  ¡y qué pena además: 17, NEGRO, IMPAR Y FALTA!

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