VALIDEZ DE LA PRUEBA BASADA EN LAS DECLARACIONES DE COMISARÍA


La validez de la prueba de cargo como bastante de cargo en relación a sostener una sentencia condenatoria penal, NO depende del delito del que estemos hablando.

Partiendo de este mínimo jurídico, como mínimo común múltiplo del derecho, ajeno del máximo común divisor del interés de la víctima, nos es posible proyectar el debate desde un enfoque técnico que busca la conformidad al derecho por encima de la, también legítima, conformidad al interés de cada uno.

No podemos obviar que quien acude a la Justicia, no es tanto por un deseo de colmar la necesidad de que se imparta Justicia, como el deseo de que a uno le den la razón.  Cosas bien distintas que, confundidas, acaban identificando las resoluciones justas a aquellas en las que se le da a uno la razón; siendo las resoluciones en las que no se te da la razón, aquellas en las que la Justicia parece no haber funcionado de forma adecuada.

No son pocas las veces en las que con más voluntad que razón, las defensas buscamos de cualquier alegación, una pretensión absolutoria que los tribunales identifican, para la desgracia de los intereses que defendemos, con el vicio de pedir, y que cosechan la resolución del no dar.

En el ámbito de la validez probatoria, lo que importa, lo que nos ocupa, y nos preocupa, es si la prueba es válida, o conforme a derecho; no siéndolo, aquella que por su ilicitud, debemos considerar que no se constituido propiamente como prueba en un proceso penal con todas las garantías (artículo 6 CEDH).  Estamos hablando de aquello, que sin ser prueba, es tratada como si lo fuera por el Tribunal sentenciador.

No toda la prueba obtenida incumpliendo los requisitos formales exigidos merece la “pena de muerte” de las pruebas, sólo merece tan ingrato destierro del proceso aquella que incumple de forma grave las formalidades legales.  Por ejemplo, la doctrina del TC considera grave, la prueba que vulnere cualquier derecho fundamental.  Igualmente considera grave, la prueba obtenida vulnerando la legalidad, si ésta implica una situación efectiva de indefensión.  En realidad está reiterando la primera condición en relación con el artículo 24.2 CE.  La diferencia entre ambas es que en el caso segundo, la carga de probar la efectiva indefensión corresponde a quien la alega.

Por tanto, una ilegalidad procesal en la obtención de una prueba, no afecta a la validez de la prueba.  ¿Y no se sanciona entonces?  Sí, pero afecta a la credibilidad de la prueba.  El Tribunal deberá ponderadamente considerar si la ilegalidad afecta a lo más o menos creíble que resulta esa prueba.

En cuanto a las declaraciones en sede policial, la doctrina del TC extraña las habituales charlas amistosas de los agentes con los detenidos.  Aquellas ocasiones en las que el letrado de guardia acude a comisaría y oye al instructor decir al detenido: “lo que hemos hablado antes”…  ¿antes de qué? Antes del letrado.  En esa prehistoria procesal que, aunque frecuente, cierto es que en nada cambia el sentido del proceso.

Cualquier declaración en comisaría ante el agente instructor, nunca goza la garantía de una declaración ante el instructor judicial.  ¡Se ponga el primero como se ponga!  No tanto porque en sede judicial “se constituye SSª, con mi asistencia como secretario judicial, y se procede a informar…“, sino por la imparcialidad de quien toma declaración, y la efectiva contradicción que se garantiza.  El visado judicial otorga a la declaración del mínimo necesario para constituirse como prueba válida en el plenario, a través de la lectura excepcional prevista en el artículo 730 LECr.  Sin ese canon mínimo nada debe ser considerado prueba en el marco de un juicio justo.

En lo relativo al análisis técnico jurídico de esta prueba, la reciente STS 173/2015 de 17 de marzo (pon, Excmo. Luciano Varela) expone con buen rigor la doctrina mantenida por el TC y de la propia Sala, en la que distingue adecuadamente la validez de la prueba, y su afección al derecho del artículo 24.1 CE en orden a la tutela judicial efectiva; del derecho a la presunción de inocencia protegido por el 24.2 CE.  Analizando la validez o no la prueba, antes de entran a analizar si ésta cumple además con los requerimientos de suficiencia en relación a desvirtuar la presunción de inocencia.

luciano varela, sala segunda

Dejo la STS 173/2015 (para nota) 😀

En igual sentido la STC 33/2015 de 2 de marzo, que con curiosa sincronía expone dicha doctrina en idéntico tiempo y forma. STC 33/2015

Salidos cordiales

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