¿ES ESPAÑA EL PAÍS EN EL QUE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA EXCEDE A LO JURISDICCIONAL LLEGANDO A LA POLÍTICAu?


Rápido se me entenderá a qué diablos me refiero, y muy posiblemente, compartiendo conmigo idéntico criterio. A veces con convencimiento, y otras veces para evitar tener que reconocer que en caso contrario somos gilipollas.

La PRESUNCIÓN DE INOCENCIA es un principio que es al ámbito de lo JUDICIAL, igual de adecuado, como inadecuado es aplicarlo en lo relativo a lo POLÍTICO: el electorado no será excesivamente versado en política, pero no por  eso, debería resultar rentable tratar al personal como una panda de inocentes.  Tan inocentes, que no sólo tomas por tonto, sino que además de parecerlo, ejerzan de pleno derecho tan dudoso honor.

Los trato como si fueran unos INOCENTES, y compruebo en las siguientes elecciones, que hecho el efecto, me siguen votando: luego no sólo deben ser muy inocentes, sino que además parece que les gusta.  Es casi una cuestión de respeto la necesidad de seguir tratándolos como parece que más les gusta.  Pensaba que se la estaba metiendo “doblada” y resulta que no, que les gustaba.  Ya no me atrevo a tratarlos de forma distinta, no sea que por eso mismo pierda votos, en coherente aplicación del principio por el que lo que funciona es mejor dejarlo como está.

Sin embargo lo DEMOCRÁTICO no es virtud soluble en lo relativo al mundo de lo JURISDICCIONAL, dado que no es cuestión de mayorías la aplicación o no de una Ley que está en vigor, sino una cuestión de mera LEGALIDAD.  No podemos ampararnos en una decisión democráticamente tomada por mayoría para no aplicar la Ley, y/o los Derechos Humanos.  Si alguna vez se ha sentido la sensación de desazón por la aplicación de los Derechos Humanos por igual, y como derechos inviolables inherentes al hecho de ser humano, debería ser motivo de una necesaria reflexión auto-crítica, dado que algo no funciona bien en quien esa sensación de molestia sienta al aplicar tan fundamentales derechos.

Lo DEMOCRÁTICO es virtud en lo político, fundamento de la sociedad en la elección justa de los representantes que hayan de legislar, en nuestro nombre las Leyes que lo Judicial aplica, no como poder, sino como potestad que le obliga, de ahí que los fallos judiciales utilicen la fórmula: DEBO CONDENAR, Y CONDENO; DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO… y del mismo modo muestren su alborozo al presentarse con un acuerdo entre las partes, que les omita el deber de tomar una decisión motivada y fundada siempre en derecho (120 CE).  Pero es que lo democrático no se limita al principio de LEGALIDAD, en el sentido de que éste impida que el DEMOS tome las decisiones de mayor trascendencia POLÍTICA.  El derecho a decidir es DEMOCRÁTICO y no por ello es acorde con la LEGALIDAD de todos los países por ello.

Es el momento en el que la LEGALIDAD vigente y lo DEMOCRÁTICO se identifican, y si no, en la medida en que se vayan equiparando, cuando un ESTADO muestra la verdadera madurez de ser capaz de someterse a lo que dista del interés particular, en defensa de lo que por mayoría se establece, de preferir aunque no interese defender el interés general cuando no es el mismo que el nuestro, dado que defender aquello que nos interesa individualmente, no es prueba de virtuosismo democrático alguno.

Los que niegan lo DEMOCRÁTICO en el derecho del pueblo a decidir, son quienes individualmente se han erigido con el derecho a decidir por sí mismos, que los demás no deberíamos tener ese derecho. Decidir que no sea necesario que la sociedad decida es someter al interés general a la decisión individual de quien lo niega.  No querer preguntar, es al fin y al cabo una decisión. ¿Qué hace pensar a éstos que están individualmente legitimados a decidir qué debe el pueblo decidir y qué no?  Si es la LEGALIDAD vigente la que así lo establece, sólo significa que la LEGALIDAD vigente carece de un acusado sentido DEMOCRÁTICO. ¿Tenéis miedo a la respuesta o a la pregunta? Sabed, que la respuesta no puede incluso favorecer sus intereses, siendo así que su política queda así autorizada DEMOCRÁTICAMENTE.  Tiempo sería entonces, de comprobar si quien quería el derecho a DECIDIR, se someten a lo decidido o reclaman “lo que sea necesario” para que su opción política sea elegida. Ahí se daría un auténtico trasvase de falta de legitimidad de una parte a la otra.

Conclusión: INOCENTES SÍ PERO EN LO RELATIVO A LA POLÍTICA, LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA QUEDA LEJOS, O MÁS BIEN AL FONDO DE UN VOLUMEN EXCESIVAMENTE INTENSO DE RESOLUCIONES QUE CADA JUEZ ACABA DICTANDO, MUY A SU PESAR, SIENDO INVERSAMENTE PROPORCIONAL LA CALIDAD DE LA GARANTÍA CONSTITUCIONAL DEL ART. 24 CE AL VOLUMEN DE SENTENCIAS QUE LA PRÁCTICA JUDICIAL OBLIGA A LOS JUECES A DICTAR.  Sin tiempo para dictar tantas sentencias, tampoco lo hay para reflexionar sobre la decisión a adoptar, con la desgraciada realidad que la vida judicial nos demuestra: en caso de duda, los jueces condenan en el sentido de la acusación del MINISTERIO FISCAL; cuando ante la duda debían absolver, hoy pasa a ser: SALVO QUE TENGA CLARO QUE ALGO NO CUADRA, CONDENARÉ, RESERVANDO LAS ABSOLUCIONES SÓLO PARA LOS CASOS CLAROS, Y CON DUDAS MÁS QUE RAZONABLES, aunque esto es también relativo a la persona que adopta la decisión.

No es cuestión de criticar el sistema probatorio que concede libre y globalmente plenos poderes decisorios al JUEZ DE INSTANCIA sobre la VALORACIÓN DE LA PRUEBA al amparo del PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN que debe presidir un juicio justo, JURISPRUDENCIA PLENAMENTE CONSOLIDADA POR EL TEDH Y POR EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, en su labor de establecer el CANON MÍNIMO de lo que supone la desvirtuación de tan fundamental derecho.  El sistema actual FALLA, nunca mejor dicho, en CONTRA DEL REO y por ello adolece de un DÉFICIT EXCESIVO EN LO QUE A PRESUNCIÓN DE INOCENCIA se refiere.  Debemos en defensa del TC, señalar que su labor de garante máximo de los derechos de carácter fundamental (art 53.2 CE) es sólo establecer el CANON MÍNIMO fuera del cual, toda SENTENCIA se considera DESVIRTÚA EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, desnaturalizando aquello que la CE pretende proteger.  Eso no es óbice para que la LEGALIDAD ORDINARIA establezca una más exigente determinación en favor del principio que se encuentra en tiempos de CRISIS.  Resulta por ello necesario el establecimiento de una LEGALIDAD que permita desarrollar el CANON MÍNIMO, de relevancia constitucional, y lo haga en favor de un ESTÁNDAR MÁS EXIGENTE QUE EL ACTUAL.  Deberemos PONDERAR LOS INTERESES EN JUEGO: LA NECESIDAD DE NO DEJAR IMPUNE LOS ACTOS DELICTIVOS, Y LA GARANTÍA DE QUE NADIE PUEDA SER CONDENADO SIN UN JUICIO JUSTO EN EL QUE SE DEMUESTRE DE FORMA ADECUADA SU PARTICIPACIÓN Y RESPONSABILIDAD EN LOS HECHOS DE LOS QUE SE LE ACUSA, SIN INDEFENSIÓN.  Hoy se considera Justa la condena de alguien que no ha cometido los hechos que se declaran probados, si el Juez decide dentro de su libre valoración de la prueba (artículo 741 LECr) que resulta más creíble (para él) la versión de la acusación que la tesis de la defensa.  Dicha valoración sólo será revisada por el TRIBUNAL DE REVISIÓN (EN APELACIÓN O CASACIÓN) si resulta ilógica, irracional, imposible, y en definitiva, absurda claramente la valoración hecha por el JUZGADOR.  Cuestión difícil de explicar a quien no habiendo cometido los hechos, acaba siendo condenado, muchas veces porque el delito del que se le acusa se refiere a un delito menor, por hechos relativamente sencillos y en los que EL DERECHO DE DEFENSA SE VE CLARAMENTE LIMITADO, dado que no resulta posible PROBAR LA INOCENCIA DEL ACUSADO.

En definitiva, GALLARDON tendría mucho que hacer si se dedicara a lo que debería dedicarse el MINISTERIO DE JUSTICIA, en lugar de montar un sarao que tiempo necesitaremos para desandar.  El DESORDENAMIENTO JURÍDICO que está montando en sólo 2 años tardará en ser reconstruido, dado que requiere de MADUREZ POLÍTICA y VOLUNTAD, algo que veremos si tiene quien le suceda en el cargo.

El PODER sin ideas resulta TOTALITARIO, las IDEAS sin poder resultan IRRELEVANTES. Así, como mi artículo, como mi blog, como yo.

Un saludo, y felicidades si has llegado hasta aquí.

Ion Palacios

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